Más allá del ICO

El Instituto de Crédito Oficial es el último reducto de un modelo público que fue desmantelado, pero ya no cuenta con las mismas herramientas que sus pares europeos. Y las necesitamos.

En los últimos meses, una vez más hemos hablado de banca pública y hemos oído el nombre de Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la esperanza y el deseo de todas las empresas españolas de contar con la financiación que necesitan, a un coste razonable y a un plazo que les permita recuperar las ventas antes de devolver el préstamo. Sin embargo, por desgracia el ICO no tiene la capacidad ni económica, ni física, ni de recursos humanos necesaria para mitigar los estragos económicos de la pandemia, ni tampoco para hacer frente a todos los retos que, a mi juicio, debería asumir una banca pública en la actualidad. Y aquí estamos de nuevo los que predicamos que deberíamos tener una banca pública a la europea, o a la española, que también aquí tuvimos banca pública. Estas cuestiones sobre qué funciones debe desempeñar y qué tamaño crítico debe tener son claves cuando hablamos de la banca pública y paso a desarrollarlas un poco más a continuación.

Funciones

En primer lugar, sobre las funciones de la banca pública habría que distinguir entre su papel en un momento de crisis y en situación de no crisis (por no llamarlo de estabilidad económica, concepto sobre el que habría mucho que discutir):

En situación de crisis e incertidumbre, los bancos privados tienden a contraer el crédito en espera de que se clarifiquen las cosas. A esto le llamamos ser procíclicos, es decir, la actuación de la banca privada puede contribuir a que la crisis empeorare. En esa situación, disponer de una banca pública que mantenga abierto el canal de crédito y proporcione garantías a la banca privada (por ejemplo, con la línea de avales actual) es importante para mejorar la eficiencia del sistema bancario y para garantizar la financiación de los grupos y sectores más vulnerables.

En la Unión Europea hay buenos ejemplos de banca pública eficiente

En el resto de las situaciones, el papel de la banca pública es mucho más amplio e iría, sin orden de importancia, destinado a a) ejecutar políticas económicas dirigidas a potenciar sectores estratégicos y cambio productivo, por ejemplo, las energías renovables y la reindustrialización del país; b) financiación de sectores productivos que tienen dificultades específicas de acceso a la financiación bancaria, como las pymes y las actividades emprendedoras lideradas por mujeres; c) la financiación de actividades, tanto de entes locales como de iniciativas privadas, que contribuyan al equilibrio territorial, al desarrollo rural y a frenar la despoblación, y d) la financiación de cualquier actividad de alto interés  social y bajo rendimiento económico (según los parámetros convencionales) no recogida en los apartados anteriores, como podría ser la financiación del sector del cuidado.

En segundo lugar, respecto a la afirmación de que deberíamos tener una banca pública a la europea, cabe señalar el hecho de que en un número significativo de países de la UE hay entidades financieras de titularidad pública con un gran tamaño en términos económicos, financieros y de gestión. Esto les permite financiar actividades productivas y necesidades de los hogares en una cuantía que puede contribuir a la transformación productiva y social de los países en los que desarrollan su actividad en una medida muy superior a la que se produce en España a través del ICO. 

Modelos

En ese sentido, voy a citar solo los casos del Kreditanstalt für Wiederaufbau alemán, más conocido por KfW Group, que con unos 6.700 empleados gestiona el 6,5% de los activos del sistema bancario del país; y la Caisse des Dépôts (CDC group) francesa con el 5,2% de los activos y unos 6.000 empleados; en Italia Cassa Depositi e Prestiti (CDP group) con el 12,2% y unos 30.000 empleados en Italia y varios países; y el ICO que con 338 empleados gestiona el 2,2% de los activos bancarios españoles. Además, el ICO es la única de las entidades financieras públicas de ámbito nacional que con una sola oficina en todo el país y unos pocos centenares de trabajadores gestiona todas las políticas de financiación pública que parten de la Administración central. 

Resulta evidente que con tan exiguos recursos se vea obligado a apoyarse en la banca comercial privada para llevar a cabo sus actividades de financiación, lo que en muchos casos genera problemas de desajustes en la información entre todos los intervinientes en el proceso y falta de control sobre la actuación de los bancos, que pueden traer consigo efectos no deseados en la concesión de los préstamos, ya que son ellos quienes estudian, aprueban y formalizan las operaciones. 

Precedentes

Sin embargo, esto no siempre ha sido así. El ICO en la década de 1970 fue la entidad responsable de coordinar una banca pública formada por el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local, el Banco Hipotecario de España y el Banco Exterior de España. Tan solo repasando los nombres de los bancos podemos colegir que esta estructura de banca pública podría dar respuesta a buena parte de las funciones de las que hemos hablado anteriormente a excepción de las de equilibrio medioambiental. Después de varias modificaciones legales, en 1991 se produjo la separación definitiva de los bancos que dependían del ICO, que pasaron a formar parte de la Corporación Bancaria de España, Argentaria. La privatización de Argentaria culminó pocos años después con la adquisición de la corporación por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) que pasó a denominarse BBVA por razones obvias. 

EL ICO ha seguido existiendo hasta el momento actual como ente público empresarial con las funciones teóricas de promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En especial, aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria, aunque la actividad principal en la práctica son las llamadas líneas de mediación que financian fundamentalmente pymes sin ninguna orientación concreta en cuanto al sector económico o de actividad. Tal vez, en un futuro próximo el ICO tenga la capacidad necesaria para cumplir con la misión que tiene encomendada.