¿Quién teme a la sanidad pública?
Economistas Frente a la Crisis
Análisis
Se ha dado a entender que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. es unA idea que ayuda a privatizar
La fiesta se acabó y el déficit nos castiga”. Es una idea difundida profusamente, que une un eufemismo con un mito: expresa de forma atenuada que una causa de la crisis es el mal uso de la sanidad pública, y la une con el mito de establecer como verdad que el abuso en la sanidad ha generado el déficit público. Así se muestra como necesario el drástico recorte y que los usuarios somos los responsables y no las víctimas de las consecuencias del ajuste fiscal y de las privatizaciones.
Entre 2003 y 2007, el equilibrio en las cuentas públicas (en 2007, un superávit del 1,9%) y una deuda pública entre las más bajas de la zona euro (el 40,8% del PIB en 2008) eran compatibles con el supuesto exceso e ineficiencia del sistema sanitario público. Por otra parte, sin negar la necesidad de reformas para equilibrar y recuperar la actividad económica. ¿Qué consecuencias han tenido los ajustes? Devastadores: un déficit público del 10,6% en 2012 y una deuda pública del 84,2% del PIB en el mismo año. Cualquier terapia a partir de un diagnóstico equivocado puede ser letal.
El fraude fiscal durante un año equivale al gasto total de la sanidad pública del mismo período
El actual desastre social, económico y financiero no es ajeno a gestores privados
Los copagos son otro instrumento para la demolición de la sanidad pública
Los instrumentos de ajuste utilizados: el recorte del gasto, la ampliación del copago y la privatización de la gestión, son en realidad instrumentos para la demolición de la sanidad pública. En relación con el recorte del gasto, es necesario señalar que se han producido crecimientos del gasto sanitario público superiores al crecimiento del PIB. De otro modo, hubiera sido difícil, o imposible, salir del subdesarrollo y acercarnos a las medias europeas.
En 1986, año en que entró en vigor la Ley General de Sanidad, OCDE Health Data 2013 señala que el gasto en sanidad pública por habitante en España era inferior en el 41,53% a la media conjunta de Bélgica, España, Francia e Italia. En 2013, es decir, 27 años después, es todavía un 17,13% menor que la media de los citados países. Es lo que se conoce como déficit sanitario, muy significativo si se compara con la diferencia en el PIB por habitante, que se sitúa en la mitad del déficit sanitario. ¿Dónde se celebró la fiesta, si es que la hubo? ¿Había otra forma de reducir el déficit sanitario?
La implantación de copagos o la ampliación de los ya existentes es el segundo instrumento utilizado para la demolición de la sanidad pública. En realidad, los ciudadanos siempre financian totalmente la sanidad pública por la vía fiscal, con la excepción de los que incumplen su responsabilidad financiera a través del fraude fiscal, evaluado por la Agencia Tributaria en una cifra equivalente al gasto total de la sanidad pública de un año.
A partir del supuesto bajo nivel de copago en nuestro sistema sanitario público, se justifica su aumento. Sin embargo, según la fuente de la OCDE citada, en España el pago realizado por las familias por prestaciones no comprendidas en el sistema público (odontología, óptica, algunos fármacos, etc.) es superior a la media de Bélgica, España, Francia e Italia y en proporción creciente a partir de los recortes. En 2008 era un 9,56% superior a la media de los países citados; en 2011, después de los recortes, era un 11,7% superior. En 2008 estos pagos equivalían al 18,9% del gasto sanitario total por habitante, y aumentó hasta el 20,7% en 2011. En la media de los países citados ocurre lo contrario: entre 2009 y 2011 descienden del 16,8% al 16,4%.
La demonización de la gestión pública es el tercer instrumento de demolición del sistema de sanidad pública. Completa la justificación ideológica de la reducción de la sanidad pública y la promoción de la sanidad privada, que entre 2009 y 2011 ha pasado del 24,2% al 27,2% del gasto sanitario per cápita.
La mayor eficiencia de la gestión privada establecida como principio general está por demostrar. Lo que no está por demostrar es que el actual desastre social, económico y financiero no es en absoluto ajeno a gestores privados, ni las consecutivas revisiones al alza de las adjudicaciones públicas, ni su garantía pública, que puede implicar riesgo moral.
Solo la reconstrucción de un consenso social solidario y responsable puede ofrecer garantías de sostenibilidad y de progresiva mejora del sistema de sanidad pública, de la recuperación de la sanidad como un derecho público, y de la construcción de una nueva gobernanza pública que lo haga posible.
Hay quien teme a la sanidad pública, pero hay muchos más que temen por la sanidad pública. Eso queda reflejado de forma precisa en una pancarta colgada en el vestíbulo de un hospital público: “Si nos recortan la sanidad, nos recortan la vida”.
