Rebajar hipotecas
Coordinador de Factoría Democrática. Eurofuncionario.
El paro masivo español es más que un indicador económico negativo, es una emergencia social y como tal requiere una intervención inmediata y a gran escala. Se dan ciertas condiciones para una creación rápida de empleo: un volumen de ocupación potencialmente disponible alto, gracias a la capacidad instalada acumulada durante los 12 años de expansión anterior a la crisis, y un PIB en niveles de 2006, cuando el paro era inferior al 9%. Pero hay dos factores adversos serios: una demanda deprimida y una restricción severa del crédito. Un plan de empleo inmediato pasa, pues, por una inyección de renta disponible, el restablecimiento del crédito y el aprovechamiento inteligente de la capacidad instalada disponible y de la riqueza nacional (1).
La inyección de renta se consigue por dos vías, la primera rebajando hipotecas y alquileres al 20% de los ingresos de cada hogar durante dos años. La mayor parte del coste de esta medida reposaría sobre una rebaja media de dos décimas del tipo de interés aplicado a la cartera de crédito hipotecario minorista sano que conservan los bancos, que sería la contrapartida de la reestructuración del crédito fallido a costa mayormente de los contribuyentes. La segunda, aprovechando la capacidad instalada disponible para anticipar las contrataciones correspondientes al nivel de demanda que se pretende estimular, lo cual implica un aumento de las remuneraciones y retroalimenta la recuperación de la demanda. Se incentiva a los empresarios a hacerlo subvencionando íntegramente el coste laboral durante un año y ofreciéndoles avales públicos para facilitarles el acceso al crédito.
La financiación de este plan sin agravar el déficit se obtiene gracias a una reforma bancaria consistente en separar la actividad de custodia y gestión de los depósitos de la de concesión de crédito, confiando la primera a una entidad pública única que ofrecerá financiación a los bancos en condiciones similares a las actuales.
De la gestión de los depósitos se consiguen unos ingresos públicos del orden del 2,5% del PIB. Esta reforma hace además al sistema mucho más seguro, le permite ejercer un papel de estabilizador de la deuda pública y desatasca el crédito.
