Sobre cohesiones y democracias
Profesor jubilado de Ciencia Política UPV / EHU
No tiene sentido tratar de cerrar el debate con el argumento de que la democracia es estrictamente el cumplimiento de la ley vigente y punto. Es la democracia lo que está en juego.
MOVILIZACIÓN Participantes en la cadena humana organizada por la ANC. Foto: EDU BAYER
Escribo desde el País Vasco, pero no sé hasta que punto mi perspectiva vasca orienta el enfoque sobre el proceso político catalán. Más bien creo que mis argumentaciones están asentadas en una concepción republicana y algo libertaria sobre la política. Además, como soy medio catalán, reconozco que esa mi otra mitad se siente muy cercana al proceso soberanista en Catalunya. O sea, un mirada asentada en la fría y nada ideológica neutralidad científica. Por supuesto.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que algunos están trabajando para que en Catalunya se produzca una quiebra social, y eso le produce una enorme tristeza. El ministro aseguró que muchas familias no se habían reunido en Navidades “porque este tema contamina la convivencia y produce la división familiar”. La aguda percepción social de este ministro, siempre preocupado por nuestra vida espiritual y familiar, nos introduce en el tema de la fractura social. La independencia generará una ruptura de la cohesión social. En consecuencia, se enfrentarán las distintas comunidades nacionales existentes en el territorio, porque, dicen los críticos, la comunidad mayoritaria española se verá desgajada y marginada en el interior de la comunidad nacional mayoritaria catalana.
Deberíamos precisar de qué comunidad perjudicada estamos hablando. Si definimos las comunidades en virtud de su autoidentificación nacional, parece que el problema podrá presentarse en la que se autodefine con doble identidad —la “catalano-española”—, que constituye alrededor de un tercio de la población. No entramos en los que solo se sienten catalanes o españoles (muy pocos por cierto) en exclusiva. ¿En qué les marginaría la independencia? Desde la perspectiva de los derechos sociales, políticos, oportunidades de acceso al trabajo y a servicios sociales, no tiene por qué haber —ni habrá— ninguna exclusión ni consiguiente ruptura.
Señas de identidad
Tampoco esa comunidad tendrá por qué sentirse excluida en relación con las señas de identidad que conformarán esa nación independiente. Así, cultura, lengua, sentido de pertenencia a una comunidad diferenciada, defensa del autogobierno, etcétera, son los rasgos que conforman, y en lo básico conformarán, la identidad catalana. Esas señas también son asumidas por la comunidad catalano-española, que —insistimos— también se siente participe de la identidad catalana. Quizá podría perder algunos rasgos que configuran su otra identidad: la española, pero parece evidente que esa futura nación independiente no tendrá por qué impedir el desarrollo de sus elementos identificadores; la otra lengua, el conocimiento y la práctica de la otra cultura, el establecimiento de relaciones solidarias —en todos los órdenes— con la otra nación, eventualmente el establecimiento de doble nacionalidad, etc. Es evidente que no van a sentirse marginados por no poder sentirse catalanes, pero tampoco por no poder sentirse españoles. Podría considerarse una pérdida para esa comunidad medio española el no poder elegir a gobernantes de la nación española para que decidan sobre asuntos públicos de su nueva nación catalana independiente. Pudiera ser que fuese asunto que no les preocupase demasiado, y, en todo caso, es algo que ocurre en todas las naciones democráticas mayoritariamente constituidas como naciones independientes. Solo se eligen representantes de la nación y también supranacionales, nunca de otra nación. Es lo que tiene la democracia. Las democracias realmente existentes . Las de los Estados-nación existentes.
Las razones y el ideario democráticos a favor de la consulta autodeterminista son relegados por los fustigadores del derecho a decidir con el argumento de la legalidad. Leyes y constituciones vigentes impiden ese ejercicio. Es lo que hay, y punto. El planteamiento de que el asunto está situado fuera de los espacios y contenidos definidos por la ley como merecedores de ejercicio democrático, lo que hace es confrontar ley y democracia otorgando prioridad a la primera. No se niega la existencia de la democracia. Lo que se hace es someter incondicionalmente la misma a la ley. A la ley realmente existente.
Más restrictivo es el discurso de algunos políticos (Mariano Rajoy ¡ y Alfredo Pérez Rubalcaba! en el último debate del Parlamento español) de identificar democracia con la ley. Dicen que la democracia es el cumplimiento del ley. Para rebatir afirmación tan autoritaria y zafia bastaría con recordar que no hay nada tan democrático como la desobediencia civil frente a la ley; ni nada tan democrático como un proceso constituyente que surge desde la sociedad y que establece una Constitución que por supuesto deroga la legal Constitución vigente.
La ley ni define ni construye la democracia, ni puede impedir su ejercicio
Hay procesos que generan más democracia, que la alimentan y la crean
La ley ni define ni construye la democracia, ni puede limitar, ni muchísimo menos impedir el ejercicio de la misma. Hay democracia cuando la voluntad de los ciudadanos puede expresarse —puede estar presente— en las decisiones políticas. Los medios de lograr esta expresión colectiva son variados. Una expresión débil pero probablemente necesaria es el otorgamiento de la representación. Pero los hay más contundentes, más operativos. Desde la existencia de una opinión pública autónoma hasta cuando variados grupos de ciudadanos a través de la movilización social o de procesos participativos más o menos convencionales, entran en el proceso decisorio y logran que la decisión final exprese de hecho esa voluntad plural colectiva. O también cuando ciudadanos deciden de forma directa sobre una cuestión específica y su decisión es asumida por la institución existente o por la creada precisamente a tal efecto por esa decisión colectiva. Se puede afirmar que esa voluntad ciudadana plural, dirigida a través de esos diversos medios, acerca más el interés general a la decisión política correspondiente. Acerca lo que los ciudadanos quieren que se haga —y así lo manifiestan— a lo que se decide que debe hacerse. Los ciudadanos no ejercen directamente el poder, pero su voz está presente en el ejercicio del mismo. O sea, que hay democracia. La democracia más cercana posible a su definición ideal. Dicho de otra forma: no se puede definir la democracia de forma estática. Hay procesos que generan más democracia, que alimentan y en última instancia crean democracia, en cuanto que en las correspondientes decisiones políticas incrementan la presencia de las demandas y propuestas ciudadanas. Las relaciones de la democracia con la ley nada tienen que ver con las anteriores excluyentes afirmaciones. La ley ni excluye ni contamina la argumentación a favor de la democracia y su ejercicio. Hay leyes muy democráticas porque las mismas son expresión de esa voluntad colectiva activa, de esa presencia ciudadana. Hay leyes nada democráticas porque solo expresan la voluntad de un dictador. Hay procesos democráticos que logran cambiar la ley. Otros no. La democracia no depende de la ley ni por supuesto es el cumplimiento de la ley ( ¡qué disparate!). Se relaciona con la ley. A veces, la ley formaliza la voluntad colectiva del proceso democrático. A veces, la democracia se confronta con la ley, y en la confrontación a veces gana... y a veces pierde. Depende de la correlación de fuerzas.
Hay leyes que regulan alguno de esos procesos de acercamiento e impacto. El que otros no estén regulados no quiere decir que sean asuntos no relacionados con la democracia. Es más: en muchos casos son más democráticos que otros procesos regulados, dado que a través de los mismos se logra una mayor y más precisa coincidencia entre la expresada voluntad ciudadana y la decisión política concreta. Eso es la democracia. Por tanto, las decisiones políticas dirigidas a impedir, aislar o a negar procesos ciudadanos generadores de impacto en el espacio político decisorio pueden ser legales, pero son sustancialmente antidemocráticas.
Lo que está en juego es la democracia, y una democracia —o la democracia— como expresión de la movilización de los ciudadanos a favor de una decisión política que otorgue el autogobierno a su comunidad.
Esta es una de las diferencias del proceso catalán con respecto a la actual situación en el País Vasco. El que uno de los grupos nacionalistas —Bildu— tenga una gran capacidad movilizadora no quiere decir que el proceso sea de abajo a arriba. Bildu ha movilizado a su gente. Que no es lo mismo que el que la mayoría de la sociedad vasca se organice para presionar a los grupos políticos (incluido Bildu) hacia un proceso constituyente. En todo caso, veremos qué pasa.
