Todo para los mercados
Miembro del seminario de economía crítica Taifa
Con la crisis, el proyecto de construcción europea ha supeditado los intereses de los ciudadanos a los de la banca.
BCE Activistas acampados frente a la sede del Banco Central, en Francfort. FOTO: PATRICK POX
Volvemos a ser llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento Europeo. Unas semanas antes nos bombardearán con mensajes sobre la importancia de participar en la elección de nuestros representantes en la única institución comunitaria de elección directa por parte de los ciudadanos. Apelarán al sentimiento europeo, a la importancia de las decisiones que se toman en Europa, a la necesidad más que nunca de Europa para salir de la crisis. Quizá sea momento, pues, para reflexionar críticamente sobre el papel de la Unión Europea en los últimos años.
Desde el principio del estallido de la crisis, el Banco Central Europeo (BCE) ha brindado una política de barra libre para las entidades financieras otorgándoles todo tipo de facilidades sin contrapartidas (¡y a precio casi cero!), mientras que se ha escudado en sus estatutos y su independencia para no prestar directamente a los Estados. Esta doble vara de medir ha colocado a éstos en una situación de poder desigual ante las entidades financieras y supone que se vean obligados a pagar mayores intereses por la deuda pública.
La doble vara de medir del BCE ha sido perjudicial
La tecnocracia se ha impuesto a la democracia
De hecho, no tan solo eso, sino que cuando las entidades financieras de los países periféricos necesitaron ser rescatadas, se decidió que los Estados debían rescatar primero a sus bancos y luego estos Estados debían responder por la “ayuda financiera” (léase, préstamo) recibida de la UE. En el caso español, el rescate de las entidades financieras supuso un aumento de la deuda pública en más de 40.000 millones de euros. Pocos días antes de que la Comisión Europea aprobara la “ayuda financiera” a España, el Gobierno español aprobó un paquete de 35 medidas para reducir el gasto en 65.000 millones, en las que se incluían, entre otras, el aumento del IVA al 21%, la reducción de la prestación por desempleo y la supresión de las pagas extras a los trabajadores públicos.
Pero la UE no solo puso los Estados en dificultades a merced de los mercados financieros, sino que ha tomado parte activa en el conflicto entre deudores y acreedores a favor de estos últimos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCE y la Comisión Europea, la famosa Troika, se han convertido en los principales agentes promotores para forzar que los Estados apliquen las denominadas medidas de austeridad, que no son otra cosa que un eufemismo para que reduzcan su gasto público por encima de cualquier otro objetivo y dediquen así recursos suficientes al pago de la deuda y sus intereses. Ante los Presupuestos de 2014, por ejemplo, la Comisión Europea advirtió al Gobierno español de que no hay espacio para relajarse y que, entre otras medidas, son necesarios mayores recortes (35.000 millones en tres años) y profundizar en la reforma laboral.
Estas mismas instituciones comunitarias decidieron también, por ejemplo, que en Chipre el rescate bancario se costeara en parte con los depósitos de los ciudadanos o que en el caso español los titulares de participaciones preferentes debían perder los ahorros aportados en ellas. Curiosamente, esta responsabilidad que se exige a los preferentistas aduciendo que debían conocer los riesgos de los productos que contrataban no se exige a las entidades financieras europeas que financiaron, por ejemplo, a las cajas de ahorro españolas durante la burbuja inmobiliaria y que, por el mismo razonamiento, deberían asumir no poder recuperar la inversión.
En estos últimos años se ha puesto de manifiesto que en el proyecto de construcción europea se ha dado prioridad a los intereses de los mercados por encima de los de sus ciudadanos. En el Estado español pudimos verlo claramente cuando en el verano de 2011 se modificó el articulo 135 de la Constitución para incluir explícitamente el principio de estabilidad presupuestaria y para fijar que el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta” sobre cualquier otra obligación.
En Italia y en Grecia fueron un paso más allá y las instituciones comunitarias colocaron a un excomisario europeo (Mario Monti) y a un exvicepresidente del BCE (Lucas Papademos) al frente de los respectivos gobiernos en un claro triunfo de la tecnocracia frente a la democracia.
