Todos ganan... menos los monopolios

Ex presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)

PERCEPCIÓN La autoridad de competencia, a menudo vista como intrusa en cada sector, debe ganarse a la opinión pública.

En octubre de 2011, en el acto de mi despedida como presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la entonces vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado manifestó que en la CNC no se estaba para hacer amigos. Efectivamente, así es. Incluso diría que así debe ser. Las tareas de un órgano independiente encargado de la competencia no siempre resultan del agrado del sector privado ni del sector público. Al primero, le resultan incómodas las inspecciones que se realizan, así como las multas, fundamentalmente por el efecto mediático que ocasionan y produciendo un cierto daño en la reputación; tampoco es agradable tener que someter a control previo ciertas operaciones de concentración, por no hablar de los informes que ponen de manifiesto la falta de competencia en determinados sectores que ocasionan que los consumidores paguen precios más altos o bien tengan peores productos o servicios.

LUIS BERENGUER Ex presidente de la CNC. FOTOGRAFÍA: EXECUTIVE FORUM ESPAÑA

Pero tampoco la tarea de las autoridades de competencia resulta siempre del agrado de las administraciones públicas; es cierto que las propuestas que se hacen desde ellas suelen recibir apoyos del Ministerio de Economía, pero no tanto de los ministerios sectoriales, que tienden a proteger a los sectores que regulan. Cuando la CNC realizaba tanto sus informes normativos como los sectoriales, a menudo recibíamos mensajes del tipo: “¿Qué hacen estos de Competencia metiéndose en nuestro terreno?”. A veces eran otros comentarios más jocosos, pero igualmente significativos, del tipo: “Pedir un informe sobre mi materia a Competencia es como preguntar a los talibanes qué opinión tienen sobre el uso de la minifalda”. Puedo asegurarles que ambos comentarios, literales, me llegaron en el período en el que presidí la CNC.

Sin embargo, la tarea de una autoridad de competencia ha de permanecer ajena a esas críticas. E incluso no temo exagerar si manifiesto que si tales críticas no existieran, sería una prueba de que esa autoridad no está cumpliendo sus funciones. Las autoridades de la Competencia no son cómodas para quienes disfrutan de rentas de monopolio ni para quienes se amparan en la protección de los poderes públicos, y, al tiempo, molestan a sectores muy poderosos, mientras que los grandes beneficiarios de que existan limitaciones a la competencia, los consumidores, no siempre están suficientemente organizados para contrarrestar el poder de los monopolios o el de quienes se benefician de las restricciones de la competencia.

Además, éstos, con frecuencia reciben el apoyo de la Administración sectorial, e incluso de la totalidad de las fuerzas políticas. En una ocasión (en varias, pero ésta fue especialmente significativa), una propuesta que lesionaba las rentas de monopolio de, exclusivamente, 8.000 profesionales, fue contrarrestada con la aprobación, por unanimidad, en el Congreso de los Diputados de una enmienda que protegía a esos pocos profesionales, pero encarecía sus servicios, con lo cual se lesionaban los intereses de sus potenciales usuarios, en realidad la totalidad de los españoles.

INTERFERENCIAS EN LAS FUSIONES

Todo ello por no hablar de las interferencias en materia de control de concentraciones. Como dijo en una ocasión el entonces presidente Zapatero: “No conozco a ningún mandatario que no sea partidario de que en su país haya grandes empresas”. ¡Ese gusto por los campeones nacionales, que, efectivamente, tienen la casi totalidad de los gobernantes! Y claro, esa teoría de los campeones nacionales no gusta a ninguna autoridad de la Competencia que se precie.

Los ministerios tienden a proteger los sectores que regulan

Los consumidores no pueden contrarrestar el poder de un monopolio

Un Gobierno adora a sus campeones nacionales, pero Competencia, no

Pero la razón de ser de los organismos encargados de la Competencia es precisamente defender el funcionamiento competitivo del mercado, sin prácticas de las empresas que lo lesionen ni regulaciones que amparen restricciones de la competencia de forma innecesaria o no proporcionada a otros intereses públicos dignos de protección. Para ello deben ganarse a la opinión pública; en primer lugar, actuando con objetividad y al servicio del interés público, y, luego, transmitiendo a la sociedad los beneficios de la competencia y los daños causados por los monopolios.

Allá por el tránsito del siglo XVIII al XIX, un ilustrado español, el conde de Cabarrús, señaló que las restricciones a la libertad del comercio siempre se producían en beneficio de los pocos y la ignorancia de los muchos. Ya en el siglo XXI también es tarea de las autoridades de Competencia que esa ignorancia disminuya.