Un gobierno abierto

Responsable de Comunicación de la Fundación Ciudadana Civio

Información. La transparencia debería ser el eje de cualquier proceso de toma de decisiones

La transparencia y la apertura de datos públicos tienen un discurso cada día más perfilado, especialmente cuando la consideramos dentro de un matraz internacional. El argumentario a favor es rico en calidad y variedad de voces, pero resulta tentador quedarse y rascar sólo la superficie.
Transparencia no consiste únicamente en conocer el sueldo de un alcalde, o de un ministro, como a menudo parecemos inclinados a creer. Y ni mucho menos es eso lo que mide la miríada de clasificaciones e índices con metodologías pasmosamente frágiles, que sólo cuantifican la mera existencia de información y pasan por alto la veracidad e integridad de la misma. Tampoco guarda relación directa con las plataformas de chivatazos y filtraciones, ni con fenómenos como Wikileaks y sus eslogan: “We open governments”.

ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR

Los gobiernos los abren personas y equipos valientes que, desde dentro de la Administración, escuchan al ciudadano y a la sociedad civil, conocen sus necesidades y comprenden las nuevas tecnologías. Gente que en un momento dado pone en marcha una maquinaria administrativa distinta: comienzan a trabajar en abierto. Dan a los ciudadanos acceso directo a sus datos y a sus bases de información, a las métricas e indicadores de calidad de la gestión pública. Así, poco a poco, empieza a entrar la luz. La transparencia está lejos de ser la solución a todos los males, y en particular a la corrupción. Pero un conjunto de medidas de transparencia, y una voluntad firme para llevarlas a cabo, tendrían un impacto positivo contra esta lacra y provocarían cierto temor entre quienes la practican. Por ejemplo, en la contratación pública. Abriendo de forma sistematizada y con una ontología común toda la información contractual de cualquier administración, el mal uso de fondos públicos sería más difícil de cometer. Claro que, para ello, deberíamos poder acceder a todos los datos relevantes del ciclo completo –desde la licitación hasta la adjudicación y ejecución–, limitar el abusivo uso del procedimiento negociado sin publicidad y conocer las facturas.

Abramos también la ejecución presupuestaria. Exijamos a todas las administraciones públicas que den acceso a los datos de su ejecución con el mismo nivel de detalle con que dan a conocer sus presupuestos. Y, siguiendo el liderazgo del Reino Unido a la hora de abrir información, abramos también los registros, empezando por el mercantil, que actualmente se gestiona como un recurso apropiable de pago. La apertura de estos registros, permitiendo su accesibilidad universal y lectura automatizada, podrían aportar grandes beneficios en la lucha contra la corrupción.

ACCESO A LAS AGENDAS

La transparencia debería ser el eje axial de cualquier proceso de toma de decisiones. Los nombramientos de los altos cargos públicos y de su personal de confianza deberían ser publicados en las páginas del BOE sin excepción. Y, para poder saber qué intereses privados interfieren en la esfera pública, pedimos acceso a las agendas íntegras de todos los altos cargos, con pequeños avances. A posteriori, si se trata de reuniones sensibles, y exigiendo siempre una causa justa en los casos en que una parte (y sólo una persona física, no jurídica) solicite confidencialidad.

La transparencia provoca temor entre los corruptos 

La opacidad y el silencio administrativo tienen un alto coste

Para las organizaciones que trabajamos en esto, el principal campo de batalla en el corto plazo es la correcta implantación de la Ley de Transparencia, que estará en vigor plenamente a partir de diciembre de 2015. Se han dado avances en estos meses, pero no podemos ser conformistas. La sociedad civil ha estado excluida del proceso y eso se refleja en la propia ley: el derecho a la información pública no tiene el mismo anclaje jurídico que la protección de datos personales; la definición de información reclamable por el ciudadano deja fuera los informes intermedios y auxiliares; las excepciones ya se usan de forma general, ambigua e indiscriminada para denegar información…

Seamos más críticos. Los ciudadanos aún no perciben los beneficios de transparencia, fuera del modelo teórico, como modo de gestión de lo público. La opacidad y el silencio administrativo están teniendo un alto coste. Cuando las instituciones no responden, los ciudadanos pierden interés por la transparencia, dejan de solicitar información y la pérdida de confianza es difícil de reparar.