Una carrera privatizadora, a pesar de la ‘Marea blanca’

La gestión privada de la asistencia sanitaria pública se extiende por España a cargo de las mismas empresas que arrancaron el modelo en la comunidad valenciana hace 16 años. 

Probablemente el Gobierno socialista que encargó el Informe Abril no pudo prever que una de sus recomendaciones: la separación entre financiación, titularidad y provisión de servicios, fuera años después la inspiración del Partido Popular para acometer, primero en Valencia, la mayor privatización de la gestión sanitaria pública. En plena campaña electoral que llevó a José María Aznar a la presidencia en 1996, de poco le servía al entonces consejero de sanidad de la Generalitat valenciana, Joaquín Farnós, tranquilizar a diestro y siniestro, proclamando que el nuevo hospital de Alzira sería “gratis total”. La empresa privada entraba por fin en el seguro público. El nuevo centro se construiría en suelo público, y una empresa creada a propósito se encargaría de su gestión por diez años para atender a una población en torno a 250.000 habitantes mediante el pago de una cantidad fija per cápita, el mismo principio de una prima de aseguramiento.

Fue la solución encontrada por el Gobierno autónomo que dirigía entonces el popular Eduardo Zaplana para hacer frente a un gasto que superaba el 40% del presupuesto anual y que, como en el resto de España, generaba periódicamente déficit y endeudamiento a pesar de que la inversión en sanidad por habitante apenas rozaba la media europea.

El Hospital de la Ribera, inaugurado en 1999, se construyó en la localidad de Alzira mediante una concesión administrativa a Ribera Salud, Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada entonces por Adeslas, Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja de Carlet y las constructoras Dragados y Lubasa. La prima por cada ciudadano se fijó en 618 euros (alrededor del 20% menos que el coste en un centro de gestión pública, dijeron sus responsables); se estipularon unos criterios de calidad para evitar la selección de riesgos y se estableció un límite de rentabilidad para el concesionario en el 7,5%.

Negocio con rescate estatal

Habitaciones individuales, moderna tecnología, satisfacción de los usuarios, según las encuestas que hacía la propia Administración…, pero las cuentas no salían y en 2003 el Gobierno valenciano tuvo que rescatar Alzira y formalizar una nueva concesión con incremento de las primas e incluyendo la gestión de los centros de atención primaria de la comarca para hacer rentable la operación. De aquel embrión empresarial nació Ribera Salud, que se hizo cargo de extender el modelo a Torrevieja (2006), Denia y Manises (2009) y Elche (2010). La aseguradora Sanitas entró posteriormente a participar de este pastel comprando las acciones de Ribera en Manises, hospital que hoy controla al cien por cien. En total, el 20% de la población de la Comunidad Valenciana recibe asistencia sanitaria mediante el nuevo modelo de concesión administrativa.

La pregunta siempre en el aire es: ¿de dónde salen los beneficios? Porque los hay, en un negocio aparentemente tan ruinoso en términos económicos como es la atención universal y gratuita de la población. Fuera de los corsés de la Intervención General del Estado, la Ley de Contratos del Estado y la relación estatutaria con el personal, las compañías tienen más maniobra para gestionar. El personal está sujeto a las leyes del mercado, tanto en horarios como salario, que suele tener hasta el 20% de componente variable ligado a la productividad. Se hace más cirugía ambulatoria, con el consiguiente ahorro en hospitalización y recursos sanitarios.

Pero sobre el modelo de Alzira aún gravita un problema de desconfianza, que se ha avivado en su exportación a Madrid, donde se prevé iniciar este septiembre la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud. Aquel es la transparencia a la hora de rendir cuentas económicas y clínicas, además del riesgo de conflicto de intereses entre lo público y lo privado. 

Marea blanca

Con estos precedentes, Madrid ha registrado una fortísima contestación de los profesionales, con huelgas, dimisiones de equipos directivos de los centros de salud y mareas blancas ininterrumpidas en las calles desde diciembre de 2012 en defensa de la sanidad pública, que no hicieron mella en el Gobierno regional. Pero la batalla se llevó también a la Defensora del  Pueblo, a los tribunales ordinarios y el Constitucional. Ha sido precisamente un recurso del Partido Socialista de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia el que durante 20 días consiguió la paralización cautelar del proceso, hoy levantada.

La situación en Madrid es más compleja que en Valencia. En poco más de ocho años se han levantado diez centros hospitalarios en lo que un dirigente socialista califica de “construcción a destajo” de la que fuera presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Tres de ellos, en Valdemoro, Torrejón y Móstoles, fueron construidos por empresas privadas que obtuvieron a cambio toda la gestión sanitaria especializada del censo correspondiente. Son propiedad de BUPA Sanitas y de Capio, potente compañía del sector perteneciente a CVC, un fondo de capital riesgo.

Un hospital sin pacientes

Capio también es la dueña de otro hospital previsto para la red pública y que lleva dos años a la espera de entrar en funcionamiento. Así cerrado, cada mes cuesta a los madrileños 736.000 euros en calidad de amortización de la concesión, según precisó en la cámara regional el propio consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

El hospital de Capio, que lleva dos años  sin funcionar, cuesta a Madrid 736.000 euros al mes

La Comunidad de Madrid aumentó en 2010 el canon anual de los hospitales semiprivados

El resto también fue edificado por una UTE de bancos y constructoras a cambio de gestionar solamente los servicios no sanitarios, a las que la Administración debe pagar una tasa anual durante 30 años por la edificación.

Los recortes en la financiación sanitaria han sido para los gestores madrileños el argumento en su decisión de privatizar también los hospitales por unas primas que varían entre 549 y 450 euros por ciudadano cubierto. Tres empresas han sido las adjudicatarias: Ribera Salud (los hospitales Infanta Leonor y del Sureste), BUPA Sanitas (hospital del Henares) y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo (los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo). 

El Gobierno regional aspira a ahorrar 169 millones de euros anuales con esta operación para 1,1 millones de ciudadanos adscritos a estas áreas. Las cifras no cuadran a los opositores. Estos aseguran que las primas contratadas no se han calculado sobre los costes reales, que en un hospital público asumen también intervenciones caras como los trasplantes, además de la investigación y la docencia. Si a ello se suma el canon constructor que la Comunidad deberá seguir abonando, el coste sería incluso superior en 300.000 euros al que cuesta mantener un hospital público, según cálculos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Datos como los revelados en 2012 por un informe de la Cámara de Cuentas alimentan los recelos. Los madrileños supieron a través de él que en 2010 el Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementó el canon anual de los hospitales semiprivados en 1,9 millones de euros, hasta un límite de 4,3 millones, además de constatar expedientes abiertos en relación con la gestión o impagos de algunos impuestos. 

Quizá sea verdad que a los pacientes poco les importa si quienes les tratan son funcionarios o no, como repiten los defensores del modelo. Pero como ciudadanos que pagan la asistencia a través de sus impuestos, si muestran su preocupación por saber lo que les cuesta.