Una reforma eléctrica fracasada
El nuevo orden energético castiga a las energías limpias con la retroactividad en la supresión de las primas, pero además señala al consumidor como acreedor principal del déficit
Con más folios que el sumario del 23F, la mal llamada Reforma Eléctrica que ha firmado el Ministerio de Industria puede sintetizarse en un solo objetivo: un intento desesperado y no mal encaminado para eliminar el déficit de tarifa. Dicho déficit (diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes reconocidos que hay que pagar a las compañías eléctricas) sumaba al cierre del ejercicio anterior 26.000 millones de euros y se ha convertido en un problema financiero de primera magnitud no solo para las eléctricas y los consumidores, sino para todo el sistema financiero.
La reforma es monotemática y limitada; se centra obsesivamente en reducir el déficit y se olvida de otros problemas graves del sistema, como una fijación opaca de los precios a través de un mercado, diseñado para un mix de generación con 26.000 y 27.000 megavatios nuevos de ciclos combinados y renovables, respectivamente, muy diferente del que existía en el sistema eléctrico en el momento de su diseño —que se ha demostrado altamente manipulable por los oferentes de electricidad—; la persistencia de un oligopolio de oferta que impide de hecho al consumidor buscar otros precios u otros suministros, y el endeudamiento de las empresas —unos 70.000 millones—, acumulado sin control debido a compras arbitrarias de activos, probablemente a precios sobrevalorados, con el dinero de la regulación, el pagado religiosamente y por fuerza por los consumidores. De esto último deberían explicarse largo y tendido Iberdrola y Endesa, por citar los casos más significativos.
RENTABILIDAD DE OBLIGACIÓN
Pues bien, la reforma aplica un recorte drástico a esas primas y retribuciones de servicios, de forma que da pie a las protestas destempladas de ruina inminente de muchos inversores en energías termosolar o fotovoltaica. Así pues, el principal acervo de la reforma es que reconoce la incapacidad de los recursos públicos para pagar las exorbitantes primas a la producción aprobadas en plena euforia renovable por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La situación objetiva era insostenible. Frente a un valor actual de la inversión realizada cercana a 50.000 millones, el valor de las primas comprometidas era de 130.000 millones. Con este análisis y la percepción de que la distribución estaba sobreretribuida, Industria se propuso reducir las primas y la retribución al sistema de distribución, y lo hizo de forma tajante. Garantiza para las energías renovables una rentabilidad fijada en el tipo de la obligación del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, y para las redes de transporte y distribución establece una regla similar: sostiene una rentabilidad de la obligación más 200 puntos básicos. Intenta homogeneizar, pues, la retribución de todos los activos y elimina la revalorización de las retribuciones según el IPC. Pero hace algo más, hoy motivo de polémica: la rentabilidad de las renovables (equivalente al 7,5% del capital invertido) se calcula no a futuro, sino sobre todo el tramo de la inversión: pasado, presente y futuro.
LA ENERGÍA DEL SOL Plataforma en Almería FOTOGRAFÍA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
Pero el Gobierno del PP no pierde la ocasión de envilecer cuanto toca, hasta el punto de que, sin nacer (sin aprobación parlamentaria) y por errores graves de cálculo político y económico, la reforma ya está muerta. Una primera causa de defunción, en este caso probable, es que la extraña retroactividad en el cálculo de la rentabilidad de los activos impuesta a las renovables es causa de litigio judicial, con muchas probabilidades de triunfo para los grupos afectados. Grupos que, por cierto, no son en general los promotores originales de la inversión, sino los que han ido comprando los proyectos; los promotores primigenios ya han vendido los activos a un precio que incluía la proyección a futuro de las exorbitantes subvenciones públicas y se apuntaron las plusvalías correspondientes.
El nuevo orden eléctrico tampoco es inocente. Castiga con una retroactividad torpe a las renovables, pero señala además a los consumidores como acreedores principales del déficit, a pesar de que no han participado de los enjuagues de una política eléctrica funesta desde que se la inventó el Gobierno de José María Aznar en 1998. A pesar de las quejas lacrimosas de las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa), incapaces de competir incluso en mercados cerrados como el español y diestras en extraer beneficios solo de ventajas regulatorias, el esfuerzo mayor de pagar el déficit recaerá sobre el consumidor. Las subidas de la luz pagarán no menos de 20.000 millones de los 26.000 millones totales, mientras que el impacto directo de las decisiones del Gobierno sobre los resultados de (todas) las eléctricas apenas alcanzará inicialmente los 1.000 millones. En cuanto al rosario de impuestos aplicados sobre la generación, la mayor parte de su impacto es repercutible sobre los precios.
La causa segura de fracaso es la negativa de Hacienda a aportar los 2.200 millones salvadores. El que un ministro de Industria presente un plan financiero contando con una aportación que debe autorizar otro ministro del mismo Gobierno y este la niegue, parece un puro esperpento impropio de políticos profesionales (incluso de amateurs). Pero así es la gestión política actual en España. Por si fuera poco el error político, las autores materiales de la ley han incurrido en error notable de cálculo.
La caída de la demanda eléctrica, causada por la recesión, hace bajar los ingresos del sistema. La situación de equilibrio para 2013 se calculó sobre la base de moderados descensos del consumo; pero la realidad impone caídas de la demanda superiores al 3%. Si la renuencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a transferir dinero al sistema eléctrico arruina la posibilidad de cerrar el año sin déficit (este año estará en torno a 3.000 millones), el cálculo erróneo de la demanda permite asegurar que el gran objetivo del ministerio, eliminar el déficit, tampoco se conseguirá, si no median otras decisiones, en 2014.Por todo ello, es lícito concluir que la reforma ha fracasado antes de aplicarse.
