Una reforma irracional
Como en muchos otros ámbitos, la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno del PP ha tomado como excusa la crisis económica y la necesidad de aplicar recortes para colar un peligroso cambio de modelo. Se ha discutido mucho, y con razón, sobre los graves efectos de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular justo cuando muchos han sido empujados por la crisis al paro o a la economía sumergida. Obligarles a suscribir un seguro privado supone un esfuerzo que muchos no pueden asumir, con lo que uno de los efectos, tal vez incluso buscado, es el retorno a su país de muchas familias a las cuales lo único que les retenía aquí era la posibilidad de dar a sus hijos una buena educación y tener cobertura sanitaria. Aparte de insolidaria e inhumana, la exclusión es también irracional. Lo es desde el punto de vista económico, porque la asistencia esporádica por urgencias es mucho más cara y menos eficiente, ya que priva al paciente de cualquier prevención y del beneficio de la continuidad asistencial. Y también sanitario, porque mantener a una parte de la población fuera de control sanitario origina daños evitables como, por ejemplo, el aumento de patologías infecciosas causadas por cepas resistentes a los tratamientos.
Mantener a una parte de la población fuera de control sanitario causa daños evitables
La reforma cambia las condiciones de acceso a la prestación, y da lugar a nuevas exclusiones
Se ha discutido menos, en cambio, sobre un aspecto de la reforma que afecta a la equidad: el paso de un sistema público, universal y gratuito, que garantiza el acceso a las prestaciones a todos por igual, a un sistema de aseguramiento en el que la prestación sanitaria ya no es algo a lo que el ciudadano tiene derecho independientemente de su situación laboral, sino que depende de que se cumplan determinados requisitos, en este caso estar cubierto por algún tipo de aseguramiento. La mayor parte de la población está ahora cubierta, ya sea porque cotiza o porque es beneficiaria de prestaciones públicas, pero eso puede cambiar. La reforma modifica las condiciones de acceso a las prestaciones y puede dar lugar a nuevas exclusiones. El cambio afecta al núcleo de un modelo elogiado por lograr una excelente relación coste-beneficio garantizando al mismo tiempo algo que es fundamental: la equidad.
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