Financiación // Servicios bancarios básicos: el compromiso del municipalismo
Una nueva red de municipios explorará las posibilidades del ‘fintech’ para crear herramientas contra la exclusión financiera.
Comisiones bancarias estratosféricas por operaciones sencillas, prácticas usureras, exclusión digital de las personas mayores… Son muchos los síntomas y diversas las voces que nos advierten de un fenómeno innegable: la gran banca privada está fracasando a la hora de garantizar unos servicios financieros básicos —entendidos como la posibilidad de realizar operaciones sencillas e indispensables para la vida cotidiana— a toda la población. Sufrimos un grave problema de exclusión bancaria.
No es una casualidad. Es una consecuencia del oligopolio bancario que se lleva imponiendo en España en las últimas décadas, empezando por la liberalización bancaria a finales del siglo XX y siguiendo por la crisis financiera de inicios del XXI, que acabó por arrasar el sistema de banca minorista, como han descrito con mucho más detalle y competencia otras plumas, también en estas páginas, y entidades como la Plataforma por una Banca Pública.
Este proceso afecta a nuestros pueblos y ciudades. Porque nuestros vecinos y vecinas más desfavorecidos son los primeros damnificados por esta exclusión bancaria. Y porque el segundo damnificado es nuestro tejido productivo. Mientras que en Europa la gran banca todavía coexiste con un amplio despliegue de cajas de ahorro, cooperativas de crédito y bancas regionales, aquí hemos perdido el tejido bancario arraigado al territorio, que reinvertía sus beneficios en obras sociales y que era un aliado del desarrollo económico local, dando crédito a personas autónomas, cooperativas y pymes. La desertificación financiera es un preludio de la desertificación social y económica de unas comarcas y regiones cada vez más vaciadas.
Problema estructural
Los municipios, pues, no podemos estar impasibles ante un problema que es estructural y que, por tanto, requiere soluciones de carácter igualmente estructural.
Es un despropósito plantear que las Administraciones locales financien la instalación de cajeros automáticos en equipamientos públicos. Tras haber rescatado la gran banca, la solución a la exclusión bancaria no puede pasar por verter (¿aún más?) recursos públicos en ella. Cuando el oligopolio bancario fracasa en la garantía de los servicios básicos es necesaria una respuesta pública.
Y no basta con buenas intenciones políticas que insten a los Gobiernos estatal y autonómicos que emprendan las actuaciones imprescindibles que sin duda deben emprender para garantizar unos derechos bancarios básicos que la UE reconoce en su directiva 92/2014.
Hemos perdido el tejido bancario arraigado al territorio
Los municipios no podemos quedar impasibles
Los municipios debemos actuar con el ejemplo. Carecemos de la capacidad financiera para impulsar bancos públicos. Pero podemos innovar, por ejemplo explorando el margen que abre la regulación de las fintech para garantizar que en nuestras ciudades todo el mundo pueda disponer de los servicios bancarios básicos y recibir una atención adaptada a sus necesidades y capacidades. De la misma manera que en muchas ciudades garantizamos otros servicios básicos, como el agua.
Por eso desde El Prat hemos impulsado la Red de Municipios por el Derecho a los Servicios Bancarios Básicos, a la que ya se han sumado decenas de municipios catalanes, como Sant Feliu de Llobregat, Montcada y Montornès, en la provincia de Barcelona. Es una red abierta a cualquier Administración local que nace con el objetivo de estudiar la posibilidad de crear entidades bancarias municipales para que se garanticen los servicios bancarios básicos.
Haciéndolo, reivindicamos que es posible otro sistema bancario. Como lo que tienen en otros lugares de Europa, que garantice los derechos bancarios, enraizado en el territorio, comprometido con su tejido productivo y con su progreso económico.
