La odisea económica de la República

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  • Por (Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la UAB)
    Marzo 2021
    Mujeres trabajadoras en apoyo al Frente Popular. Toledo, 1936.
    B.D.

    Reformas: La Segunda República, de cuya proclamación se cumplen 90 años, generó grandes expectativas en las clases populares, pero tuvo que lidiar con los efectos del crac del 29 y con los problemas estructurales del país.

    Empeoró la economía española durante la Segunda República? Ese es un tópico frecuente que los adversarios de la república democrática explotaron entonces y que se ha mantenido hasta hoy en la literatura de divulgación. Es un tópico que no se sostiene. Los datos generales establecidos por la investigación historiográfica de las últimas décadas (Carreras, Comín, García Delgado, Maluquer, Martín Aceña, Prados de la Escosura) coinciden en señalar que, en términos coyunturales, la economía durante los años en paz de la Segunda República no empeoró de manera sustantiva ni generalizada; combinó retrocesos, estancamientos y avances según sectores, que en términos de PIB se tradujo en un descenso inicial hasta 1933 —de siete puntos porcentuales sobre 1929—  para volver a las magnitudes  anteriores en 1934 y 1935 (Carreras, Prado de La Escosura). En términos estructurales, por otra parte, la economía republicana generó la expectativa de resolución a través de políticas reformistas y de fomento del consumo interno. Desde esa perspectiva la economía mejoró en su modelo, de manera cualitativa.

    Crisis mundial

    La leve y breve depresión sufrida se debió a dos factores ajenos a la proclamación de la República y la gestión de la coalición republicano-socialista entre 1931 y 1933: el agotamiento de la expansión económica de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1928 y la incidencia de la crisis económica internacional iniciada en 1929. La crisis mundial afectó en tres ámbitos: el del comercio, con un retroceso de las exportaciones que pasó del nivel de los 1.700 millones de pesetas oro, entre los tres años anteriores al crac de 1929, a algo menos de 1.200 millones en 1931 y era en 1935 apenas el 34% de aquel nivel; la caída de la inversión extranjera, general en toda Europa; y el retorno de emigrantes, que en términos netos fue de casi 102.000 personas. 

    Primer gobierno de la II República: sentados, empezando 
    por la izquierda,  Alejandro Lerroux, Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora. 

    Campesinos extremeños en 1936.

    Factores internos

    Esas afectaciones tuvieron un impacto limitado en la economía española tomada en su conjunto, por su bajo nivel de internacionalización. Los factores internos del retroceso productivo estuvieron en la crisis de la industria de bienes de equipo y la construcción, el retroceso de la inversión, iniciado todo antes de 1929; aunque en el caso de la inversión se agravó a partir de 1931 por el factor añadido de la reacción de miedo ante el cambio político. El índice de la producción industrial (Carreras) descendió hasta un máximo de 7,4 puntos sobre la referencia de 1929 = 100  en 1933 y se recuperó a partir de entonces hasta reducir el descenso a 2,1; con una diferencia significativa, el de Cataluña se sostuvo, por el contrario, en una tendencia creciente, mientras que el del País Vasco se hundió casi en 25 puntos. 

    La resistencia de las élites, la necesidad de pactar y la debilidad del Estado restaron eficacia a los cambios

    Esa disparidad respondía al aumento de la producción de bienes de consumo, la que caracterizaba a la industria catalana, como respuesta a un aumento de la demanda interna estimulada por el incremento de los salarios reales. El retroceso de la inversión se manifestó en la caída de formación bruta de capital fijo, entre 1930 y 1931, que bajó en 1933-1934 hasta el 63,6% de la de 1929, aunque ya en 1935 experimentó un repunte hasta situarse en el 67,7%. También en la contratación bursátil, con porcentajes parejos, aunque registrando una mejora más rápida, iniciada en 1934 y más relevante al alcanzar en 1935 el  90% del nivel anterior. Parece claro que la razón mayor de ese retroceso de inversión fue política, pero no por parte de la acción del Gobierno, que nunca atentó contra el sistema económico, sino de las élites, que volvieron a arriesgar su dinero cuando  el poder pasó a manos de la derecha, en 1934.  

    El peso del sector agrario

    El principal sostenedor de la economía española seguía siendo el sector agrario, que representaba un tercio largo de la aportación al PIB y el 40% de la población activa ocupada. Desde el punto de vista de la producción, su evolución solo fue negativa en el sector hortofrutícola, en el que dominaba la producción para la exportación. Por el contrario, el sector cerealístico conoció dos años de grandes cosechas de trigo y cebada, en 1932 y 1934, y picos de cosecha de la remolacha azucarera en 1931 y de la patata, en 1932, en una tónica general positiva. El problema del sector no era la producción, sino el precio del trigo, que caía en los picos de cosecha, y la estructura social del sector, dominada por una elevada tasa de salarización, que pudo rondar el 50% (Robledo), y una gran masa de pequeños campesinos y sobre todo arrendatarios que eran las principales víctimas de las caídas de los precios. La salarización determinaba un elevado paro estacional de carácter estructural, agravado por el control abusivo de la patronal del mercado de trabajo mediante el rechazo de la negociación colectiva y el recurso sistemático de mano de obra foránea para anular la presión de los jornaleros locales. Los retrocesos generales se tradujeron en un aumento del paro, que alcanzó en diciembre de 1935 la cifra de 674.000 trabajadores, el 17,5% del volumen del empleo asalariado. Ese paro fue menor en la metalurgia y la construcción, pues afectó solo al 5% de cada uno de esos dos sectores; y desbocado, socialmente inaceptable, en el campo, que registró el 75% del paro total, con una incidencia mayor en el suroeste de España: en Andalucía, donde el 30% de la población activa estuvo en paro, y en Extremadura, afectando al 45% de los jornaleros de Badajoz.

    Gasto en educación y obras públicas

    El Gobierno de la República, entre 1931-1933 y 1936, no fue pasivo ni ante los problemas de coyuntura ni ante los de estructura, aunque su eficiencia quedó limitada por múltiples factores: la resistencia de las élites, la necesidad de pactos internos en las coaliciones gubernamentales, que moderó las principales reformas de estructura, y las carencias del aparato de Estado para imponer las decisiones. Utilizó la inversión pública, que creció entre 1931 y 1932 para ser del 113 % con respecto a la de 1929, para paliar el paro y estimular acción productiva, incluida la educación; el gasto en obras públicas fue en 1933 y 1934 de 700 millones cada año, casi el doble del promedio de la dictadura (360). E impulsó una doble reforma en el campo: la del mercado de trabajo en 1931, extendiendo en él los derechos de negociación colectiva existentes en el resto de sectores; y la de la redistribución de la explotación de la tierra y de su propiedad, con las leyes de intensificación de cultivos de noviembre de 1932 y de marzo de 1936, que entregaron más de 700.000 hectáreas a 155.000 familias campesinas, y la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932, que se quedó corta a causa de sus cláusulas indemnizadoras, las carencias presupuestarias y la suspensión de hecho que practicó el Gobierno de la derecha entre 1934 y 1935. 
    La política reformadora se reactivó a partir de febrero de 1936; pero no pudo tener el tiempo que necesitaba. Fue interrumpida bruscamente por el golpe de julio y la Guerra Civil.

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