¿Qué hacemos con la cooperación?

Coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad

ANÁLISIS

Dice la Ley de Cooperación, aprobada en 1998 y todavía vigente: “La política de cooperación internacional al desarrollo expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones”. Toda una declaración de intenciones que puede que tuviera su sentido como respuesta al contexto social de finales de los noventa —con el auge de las movilizaciones y las acampadas del movimiento 0,7% y el posterior boom de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG)—, pero que hoy no pasa de ser retórica.

Como nos enseñó Miguel Romero, “solidaridad es una de esas palabras tambor que hacen más ruido cuando están más huecas”; más aún en el caso de la cooperación española, ya que el único sentido de que siga existiendo la cooperación al desarrollo es su posible utilidad para expandir los negocios y asegurar los riesgos de “nuestras empresas” en el extranjero.

En realidad, desde el estallido de la crisis financiera se ha terminado de certificar la tendencia que, desde los noventa, venía produciéndose en el sistema de cooperación internacional. El hecho de que las instituciones que nos gobiernan entiendan la cooperación como una política pública voluntaria y como una concesión en tiempos de bonanza, donde las relaciones entre Estados se dan en las condiciones impuestas por los donantes y las estrategias destinadas a favorecer la internacionalización del “sector privado” —que es la forma de hacer referencia a las empresas transnacionales en el lenguaje habitual de la cooperación— cumplen un papel central, se ha visto definitivamente acelerado tras el crash global.

Así, en la actualidad, la agenda oficial de la cooperación internacional se articula en torno a cuatro ejes: la apuesta por el crecimiento económico como estrategia hegemónica de “lucha contra la pobreza”; la participación del “sector privado” como “agente de desarrollo” en el diseño y la ejecución de las políticas de cooperación; la reducción de los ámbitos prioritarios de intervención de los Estados a las necesidades sociales básicas y los sectores poco conflictivos; la limitada participación e irrelevancia de las organizaciones sociales dentro de las estrategias de cooperación internacional.

En los ochenta y noventa, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo. Más aún tras la crisis de 2008, su función esencial se ha convertido en acompañar a estas empresas en su internacionalización, contribuyendo a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en “la base de la pirámide”. Así, las grandes corporaciones y “los mercados” se nos presentan como únicos protagonistas de la “lucha contra la pobreza” y la “salida de la crisis”. Es la pobreza 2.0, un enfoque empresarial orientado a hacer de la pobreza y las personas pobres uno de los negocios en ascenso del capitalismo del siglo XXI; un capitalismo inclusivo con el que gestionar y rentabilizar la pobreza según la lógica del mercado.

Cuando hoy la misión principal de la cooperación se enmarca dentro de la “coherencia de políticas con el crecimiento económico” y se trata de alinear la acción exterior con la política económica para favorecer los intereses empresariales —el ejemplo paradigmático de ello en España es la estrategia marca España, impulsada por el Gobierno y los grandes lobbies empresariales—, es imprescindible defender la cooperación como una política pública de solidaridad internacional. Porque aún existe cierto margen de incidencia para las personas y organizaciones que apostamos por la cooperación solidaria como herramienta de transformación social. Debemos aprovecharlo y construir agendas de cooperación alternativas que sirvan para avanzar hacia otros horizontes emancipatorios.