El oligopolio es responsable
En los últimos meses hemos visto cómo la cuestión de la pobreza energética se ha situado en el centro de la agenda política. No sólo el drama que sufren las familias que no tienen garantizado el acceso a agua, luz o gas, sino también el papel de las empresas que están gestionando estos servicios. Endesa, Gas Natural e Iberdrola, tres de las grandes eléctricas, no han hecho más que retratarse en sus actuaciones en relación con esta problemática, eludiendo responsabilidades y poniendo todas las trabas posibles a cualquier medida contra la pobreza energética que les exija responsabilidades.
Lo han hecho a escala estatal llevando a los tribunales la financiación del bono social en dos ocasiones; lo han hecho en Catalunya impugnando los protocolos que desarrollan la ley 24/2015, y lo han hecho en Barcelona impugnando el concurso público del Ayuntamiento que incluía cláusulas que obligaban a las empresas a dar cumplimiento a las obligaciones de la ley 24/2015.
Aun así, el panorama para las grandes empresas del sector no es alentador. La realidad es que a escala estatal el debate sobre la necesidad de paralizar los cortes de suministro está sobre la mesa, y el papel de las empresas está en entredicho. Si bien es cierto que el PP y el PSOE acordaron un Real Decreto Ley unos días antes de Navidad que de cara a la galería podría parece una solución, la realidad es que significará un parche más que no aborda en profundidad el problema, dan prioridad a sus intereses partidistas y desperdician así una oportunidad para legislar, por fin, en este sentido.
Ello es así porque la raíz del problema es el modelo de gestión de servicios básicos privatizado y en manos de muy pocas empresas. El problema de base es que este modelo considera la energía una mercancía más y no un derecho humano necesario para garantizar una vida digna. Un ejemplo clarísimo es que durante 2015, sólo entre Endesa, Gas Natural y Iberdrola se realizaron 1.791 cortes de luz al día en hogares por motivo de impago de sus facturas. Lo más escandaloso es que la ley estatal lo permite, ya que presupone que si una familia no abona la factura, la compañía eléctrica puede cortar el suministro entendiendo que esa persona no paga porque no quiere. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, de suministros esenciales para mantener una vida digna, la presunción debería ser otra: si alguien no paga su factura de la luz, presupongamos que es porque no puede. Esta premisa es la que recoge el principio de precaución, que además prevé que las compañías, antes de efectuar un corte por impago, contacten con los servicios sociales para ver si se trata de una familia en situación de vulnerabilidad. Y es que en definitiva, son las compañías las únicas que hoy en día tienen información sobre quién no está pagando sus facturas.
La muerte de Rosa
En Catalunya, gracias a una iniciativa legislativa popular, se ha conseguido incorporar dicho principio en la ley 24/2015, y a día de hoy se han paralizado más de 39.000 cortes de suministro. Las compañías, persistentes en su actitud de rechazo a cualquier medida que les exija responsabilidades, se resisten a su aplicación. Un caso clarísimo de las consecuencias de eludir esta responsabilidad fue la muerte de Rosa en Reus (Tarragona), que podría haberse evitado si Gas Natural hubiese cumplido con el principio de precaución. Es urgente que las compañías cumplan, sin excepción ni excusa, con esta responsabilidad, y que se extienda esta garantía a todo el Estado español legislando el principio de precaución.
Las empresas eluden su responsabilidad en la pobreza energética
El PP y el PSOE no abordan el problema en profundidad
La energía debe considerarse un derecho humano
Lo que está claro es que no podemos seguir permitiendo que nos tomen el pelo, y que hay que seguir avivando la llama de la duda que la subida de precios de este invierno (una de tantas, pero la más mediática) ha sembrado en la ciudadanía. Como en su día los abusos del sector del ladrillo, la actuación de las grandes eléctricas está hoy en el punto de mira. No nos debe importar cuánta promoción hagan de los convenios firmados con ayuntamientos y comunidades autónomas (en los que se para el corte asumiendo con fondos públicos las facturas impagadas), sino que debemos exigir garantías de obligado cumplimiento al servicio de la población, y en especial de los más vulnerables. El oligopolio lo tiene claro: sin dinero no hay derechos, pero sólo en 2015 superaron los 5.000 millones de euros de beneficios (entre ellos, millones que las administraciones han pagado a través de esos convenios). Debemos decir “basta” y asociar responsabilidades al privilegio que supone ostentar estos servicios; estas empresas tienen que asumir obligaciones de acuerdo con lo que implica la gestión de derechos básicos.
