Entre el desencanto y la resignación
Desde Atenas
Alexandro, Panagiotis y Katerina están nerviosos. Están a punto de ser padres y abuela, respectivamente. La sala de espera en la quinta planta del Aleksandra ofrece una perspectiva cargada de simbolismo: entre las ajadas paredes del hospital público más grande de Atenas, maltrechas tras años de recortes en el mantenimiento, asoma el hotel Hilton. Es el lugar donde la Troika recibe al Gobierno cada vez que hay que evaluar el memorándum. En Grecia el Gobierno no recibe a la Troika; la comisión negociadora de los acreedores se instala en el Hilton y son los ministros griegos de Economía o Finanzas los que se desplazan allí.
Reformas impuestas
Los partos han ido bien. Las parejas de Aleksandro y Panagiotis y la hija de Katerina están a punto de ser trasladadas a planta. Los familiares deben elegir si quieren habitaciones con dos o con seis camas. Tras las cinco reformas sanitarias impuestas por la Troika desde 2010, las hospitalizaciones en los centros públicos no son gratuitas. Las habitaciones dobles cuestan 40 euros diarios. Las personas con menos recursos van a las habitaciones con seis camas, en donde el copago se limita a 10 euros por día.
A pesar de todo, la situación ha mejorado desde 2015. En 2012, la Troika decidió excluir del sistema sanitario a las personas en edad activa que no cotizaran. El paro entonces superaba e l 20%; millones de personas se quedaron sin prestación sanitaria. Como respuesta, se crearon decenas de centros de salud autogestionados, que funcionaron intensamente hasta que el Gobierno de Syriza-Anel aprobó una ley que volvía a universalizar la sanidad. Muchos de los profesionales voluntarios en las clínicas y farmacias autogestionadas recondujeron sus esfuerzos a la atención del alud de refugiados.
A las cuatro menos cuarto de la tarde, la misma hora en que Katerina besa por primera vez a su nieta en el hospital Alek-sandra, una cincuentena de activistas se concentran a 900 metros de allí, en los juzgados centrales de Atenas. Como cada miércoles, se disponen a impedir la subasta de pisos con hipotecas morosas, convocados por el colectivo Den Plirono (No Pago). La Ley de Defensa de la Primera Vivienda no permitía desahucios en los inmuebles que constituyen vivienda habitual. La Troika decidió eliminar la protección de la residencia habitual en 2016.
Presiones de la Troika
Cada miércoles, los activistas de Den Plirono localizan a los notarios de los bancos —que en Grecia asumen las funciones que en el España tienen atribuidos los procuradores— en la puerta de los juzgados y les impiden instar la subasta. De momento, apenas hay desahucios en Grecia. Por eso, la Troika ha instado una reforma legal que entrará en vigor en septiembre. Acabar con los créditos morosos era una de las exigencias de los acreedores a Grecia para recibir la parte del tercer rescate que Grecia percibirá entre julio y septiembre de 2017. Recibirá 8.600 millones, de los que 7.000 se destinarán al vencimiento de intereses de deudas anteriores, que debe abonar en julio. A partir de septiembre las subastas serán digitales; los activistas temen miles de desahucios.
Hay más dependencia intergeneracional que nunca
El activismo vive sus horas más bajas de la última década
A pesar de la constancia de Den Plirono, o de que la ola de solidaridad con los refugiados tenga dimensiones indescriptibles, lo cierto es que el activismo y la movilización pasan por sus horas más bajas desde hace una década. La mayoría de los activistas lo atribuyen al desencanto que originó que la Troika doblegara al Gobierno de Tsipras tras el referéndum de 2015 y a que la gente está más concentrada en sobrevivir que en protestar.
El paro ha bajado pero sigue siendo del 23%, el más alto de la Unión Europea. La forma de vida de los griegos se ha transformado: hay mayor dependencia intergeneracional que nunca y se ha renunciado directamente al ahorro. Se vive al día, con el temor de que lo que vendrá será peor. En 2018 acaba formalmente la tutela de los rescates. Sólo si se acomete una reestructuración de la deuda —que supera el 180% del PIB— se puede imaginar un futuro mejor.
