Garantías públicas para la banca privada
El aval del Estado convierte 31.000 millones de activos bancarios poco solventes en capital de máxima calidad
El pasado noviembre, la banca española recibió un nuevo espaldarazo del Gobierno al convertir activos bancarios de escasa solvencia por valor de 31.000 millones de euros en capital de alta calidad al concederles la garantía del Estado. La operación fue bendecida por la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló la conversión, pero a cambio pidió reforzar los poderes del Banco de España para que limitara la distribución de dividendos de los bancos al 25% de los beneficios durante 2013 y 2014, en “lugar de realizar una simple recomendación”, como hizo su gobernador, Luis María Linde.
A finales de 2013, la banca española se enfrentaba a un serio problema de solvencia debido a que una parte importante de su capital estaba constituido por créditos fiscales, que son activos de baja calidad. Por el escaso valor de este tipo de capital, las normas internacionales conocidas como Basilea III exigían su progresiva eliminación a partir de enero de 2014.
Los créditos fiscales o activos fiscales diferidos (DTAs por sus siglas en inglés) están constituidos por gastos que no se pueden deducir de los impuestos cuando hay pérdidas. Pero Hacienda concede el derecho a utilizarlos para rebajar los impuestos de los beneficios futuros durante los próximos dieciocho años. Son unos ahorros fiscales que se podrán deducir en el futuro si hay beneficios. Se han generado con las provisiones para cubrir pérdidas y las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados.
Si no hay beneficios futuros, son activos que no se pueden aplicar, y por eso se dice que son un capital de “baja calidad”. El capital sirve para absorber posibles pérdidas y, dada la incertidumbre de los créditos fiscales, las normas de Basilea III exigen su eliminación progresiva en un plazo de diez años. Los analistas e inversores, no obstante, aplican su eliminación completa a partir de 2014.
Los bancos españoles son los que tenían un mayor porcentaje de este capital de baja calidad por las provisiones que tuvieron que realizar para cubrir las pérdidas de las disparatadas operaciones inmobiliarias (véase el cuadro). Según el último informe del FMI, a finales del pasado junio el volumen de créditos fiscales de los bancos españoles ascendía a 71.000 millones de euros, el 7% del PIB, y representaban más del 40% del capital principal de las entidades. Unos 59.000 millones eran del negocio en España.
En el caso de Bankia y Sabadell, los créditos fiscales representaban más del 60% del capital principal. Les sigue Santander con el 30%, y con un porcentaje algo inferior La Caixa. La entidad catalana duplicó su volumen durante el primer semestre de 2013 hasta situarse en 3.061 millones de euros, según la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
La decisión del Gobierno de convertir en capital de primera calidad 31.000 millones de euros de activos bancarios ha sido una verdadera tabla de salvación para la banca. Los riesgos y compromisos del Estado son varios, como señala el Real decreto-ley al establecer que los activos por impuesto diferido “se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: Que el sujeto pasivo (el banco) registre pérdidas contables en sus cuentas anuales” y “que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada”. También se fijan las circunstancias en que estos activos “podrán canjearse por valores de Deuda Pública”. El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que podría tener “un impacto marginal” en las cuentas públicas.
A pesar del trato de favor que supone para la banca, esta medida no resuelve sus problemas de solvencia. Quedan todavía casi 30.000 millones de euros de capital de baja calidad que los bancos deberán sustituir acudiendo a los mercados. Para algunos observadores, la solución sería reconocer de una vez por todas las pérdidas reales de la banca.
