Por qué perviven los paraísos fiscales

Promesas incumplidas. El G-20 ha hecho grandes proclamas para acabar con los paraísos fiscales, pero sin afrontar el problema de verdad 

Bajo el título Las finanzas offshore: supervivientes de la tormenta, el semanario The Economist sostiene que los paraísos fiscales han sufrido recientemente duros ataques pero han mostrado una “desconcertante resistencia” frente a las medidas drásticas impuestas desde el exterior. (Offshore finance: Storm Survivors, 19-2-2013). Y lo ratifica el Offshore leak,  la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela una escandalosa ristra de miles de grandes evasores fiscales que se suman a las sociedades instrumentales offshore utilizadas en los casos españoles de gran corrupción. Porque los paraísos fiscales son un instrumento legal de los mercados financieros globales donde ofertan ocultar la identidad del titular de las transacciones (opacidad) y el bajo “coste fiscal” de estas (competencia fiscal).  

Ciertamente, el comunicado final del G-20 tras la cumbre de abril de 2009 en Londres, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, incluía la frase “The era of banking secrecy is over”, la era del secreto bancario se acabó, aunque sin ningún contenido. Pero las rimbombantes declaraciones de nuestros gobernantes provocaron titulares mediáticos afirmando que los paraísos fiscales se habían acabado. Fue una exitosa cortina de humo para tapar el fracaso reformista, como documentamos entonces, porque en aquella cumbre de Londres se había optado por mantener el consenso neoliberal del sistema financiero mundial garantizando el libre movimiento de capitales y optando por modificaciones funcionales alejadas de cambios estructurales, la misma opción de Obama  para EE UU. En esa línea, el mes siguiente, el presidente Obama  reiteraba su voluntad de combatir los paraísos fiscales (tax havens) y las exenciones  de las corporaciones con el fin de recaudar unos cuantos miles de millones de dólares de esas multinacionales y de los ricos, según indicaba The New York Times (5-5-2009). El rotativo también señalaba la oposición de los grupos financieros y empresariales afectados en sus negocios mundiales, como grandes operadores financieros o con filiales en paraísos caribeños, y subrayaba que estas megacorporaciones disponían de potentes ejércitos de lobbistas en Washington. 

De modo que un análisis de la pervivencia  de los llamados paraísos fiscales apela a las dos ventajas competitivas que ofrecen como centros financieros offshore o para no residentes en los mercados mundiales, en los que se ha consolidado la competencia fiscal entre los países y la opacidad de gran parte de las transacciones financieras internacionales. A finales de los años noventa, cuando ya estaba claro que la competencia fiscal internacional generada por la liberalización de los movimientos internacionales de capitales provocaba perjuicios en los países, la OCDE, como organización responsable de la liberalización de las economías, identificó a los paraísos fiscales como forma de competencia fiscal perjudicial para la mayor parte de países, precisó sus características y la relación oficial de los lugares que se consideraban como tales dentro de un proyecto para su eliminación antes de finalizar 2005. Esta fecha ha quedado atrás sin que se lograse el objetivo. 

De ahí que en Londres, el G-20 avalara el abandono por la OCDE de aquel proyecto contra “la competencia fiscal perjudicial” del año 2000, que había oficializado la lucha contra los paraísos fiscales. En paralelo resucitaba un Foro  Global sobre Tributación, que reúne a países miembros de la OCDE junto a territorios considerados paraísos fiscales, con el pretendido objetivo de consensuar un level playing field, un terreno de juego nivelado; es decir, unos niveles de tributación equivalentes entre países (mínimos, por tanto) que facilitaran los flujos internacionales de fondos, y validando la competencia entre países que ha llevado a las periódicas rebajas tributarias para las rentas del capital, que se mueve por el mundo, y al incremento de los impuestos al consumo y sobre el trabajo, que son inamovibles. A partir de 2009 cambió la norma de referencia al considerarse “jurisdicciones no cooperantes” a los países y territorios que no cumplieran el denominado “estándar fiscal internacional”, consistente en la suscripción de 12 convenios internacionales bilaterales para el intercambio de información fiscal a petición de la otra parte, conforme al modelo oficial de la OCDE. Estos convenios no obligan a modificar la legislación interna y se puede mantener el secreto bancario, como ha sucedido con Suiza, las islas Caimán y demás paraísos fiscales. Aquel fue un simple acuerdo político como sucedáneo de un acuerdo multilateral contra esos países y territorios con prácticas opacas y fiscales dañinas para las demás naciones y condenables como formas de competencia desleal. 

Realmente, desde la cumbre de Londres, la lucha oficial contra  los paraísos fiscales desapareció como objetivo internacional. El G-20 en Cannes, en noviembre de 2011, debido a la influencia de la presidencia francesa, simuló  reactivar el asunto en la Declaración final con un capítulo para “abordar los paraísos fiscales y las jurisdicciones no-cooperantes” —de modo que recuperaba oficialmente la expresión paraísos fiscales— y “apremiando a todas las jurisdicciones para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de la fiscalidad, prudencial (solvencia bancaria) y de antiblanqueo de dinero sucio y del combate contra la financiación del terrorismo”.

Sin embargo, al año siguiente, en los documentos del G-20 de junio de 2012 en Los Cabos (México) se excluyó la mención a los paraísos fiscales, reiterando el compromiso de reforzar la transparencia y el intercambio de información fiscal y “apremiar” a todos los países para que apliquen plenamente el estándar referido y ejecuten las recomendaciones detectadas en las revisiones. Seguía la retórica huera de la tecnocracia internacional en materia financiera.

Por consiguiente, resulta obvio que para los gobernantes del G-20 como para la OCDE, la competencia fiscal sin trabas está consolidada en Europa y en el mundo, y validada la reducción de la recaudación  tributaria que generan los paraísos fiscales para los Estados, asumida por nuestros gobiernos neoliberales.

Los mandatarios han levantado cortinas de humo para tapar el fracaso reformista

La competencia fiscal sin trabas está consolidada en Europa y en el mundo

A este respecto, tras la crisis sistémica, los acuerdos del G-20 en Londres marcaron un cambio de estrategia respecto a las finanzas mundiales y, por tanto, para los centros offshore o paraísos fiscales, que junto a la baja o nula tributación venden opacidad para los no residentes, pero no para sus habitantes.

Ya hemos señalado que, como sucedáneo de los cambios estructurales de dimensión política que requiere la crisis que perdura, los líderes gobernantes optaron por cambios funcionales con el pretendido objetivo de “regular” los mercados financieros globalizados, que supuso el proceso en curso para reforzar políticamente a las organizaciones financieras internacionales que, como el FMI, habían fracasado en la prevención de la inestabilidad del sistema financiero, Se reforzó, pues, la estructura institucional global, incluido el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS), verdadero regulador bancario en la sombra, que siempre aceptó la colaboración de Suiza y los micropaíses considerados paraísos fiscales, como he documentado en varios libros (http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com).

De ahí que en la terminología financiera la expresión banca en la sombra (shadow banking) incluya a los paraísos fiscales junto a variadas operativas extracontables legales de que disfruta la banca, como derivados OTC, extrabursátiles, o la utilización de filiales o sociedades instrumentales offshore. Instrumentos todos opacos fuera de la supervisión de los bancos centrales, que, además de defraudar sustancialmente a los Estados, debilitan las democracias obstaculizando la persecución de los delitos económicos. Esa extensa realidad asumida por los gobernantes neoliberales esconde lo que la opinión pública denomina paraísos fiscales, aunque no sus consecuencias nefastas que los gobiernos toleran o fomentan (amnistía fiscal española).