Una evaluación externa para la alta dirección
Desde que comenzó la crisis hemos asistido a noticias sobre las remuneraciones de directivos y miembros de consejos de administración que han generado gran alarma social entre la población. Pese a la gran opacidad que envuelve a las políticas retributivas de las grandes empresas, desde que en 2003 se aprobara la Ley de Transparencia y la posterior aprobación del código unificado de buen gobierno, se tiene acceso a datos, poco precisos, sobre los sueldos de miembros de los consejos de administración. Cabría preguntarnos por qué es relevante tener acceso a la información sobre retribuciones de altos cargos de empresas cuyo accionariado es privado. En primer lugar, porque se trata de empresas cotizadas o que emiten valores sujetos a negociación en los mercados organizados. Una parte importante de estas empresas tiene un accionariado disperso, en manos de pequeños accionistas que agrupan su ahorro y delegan sus decisiones de inversión a través de la participación en un fondo institucional, fondos de inversión y planes de pensiones. En muchas empresas del Ibex, el conjunto de consejeros de una firma no llega a tener en su propiedad ni el 0,5% del capital. Es decir, hay una disgregación entre propiedad y gestión que puede generar un coste de agencia para los accionistas si esas políticas retributivas entran en conflicto de interés. En segundo lugar, porque hay compañías que emiten valores distintos de capital, como las cajas de ahorro, que no tienen accionistas, y que han desempeñado en nuestra economía y estructura social un papel fundamental durante más de un siglo. En estos cuatro últimos años hemos asistido al desmantelamiento de las cajas, motivado por una pésima gestión de los órganos de administración y unos conflictos de interés que no han sido regulados y supervisados adecuadamente por parte de las instituciones públicas. En tercer lugar, tal como plantea la Eurocámara, cabría preguntarse si los incentivos procedentes de una estructura de remuneración centrada en objetivos de beneficios a corto plazo, más que en una rentabilidad sostenible, pueden haber contribuido a la toma de riesgos desproporcionados por parte de las empresas.
El Código Unificado (marco regulatorio que rige en España), como modelo de buen gobierno, parte en materia de retribuciones del principio de la autonomía privada y pone especial énfasis en su régimen de transparencia. Sin embargo, yerra en su predicción al afirmar que este régimen es una medida eficaz frente al riesgo de remuneraciones excesivas. Mientras que los beneficios de las empresas del Ibex 35 cayeron entre 2007 y 2011 el 36,3%, lo cual supone 17.344 millones de euros, las retribuciones de los consejeros de estas sociedades se han incrementado un 6,5%, lo que ha supuesto que el total de remuneraciones del consejo pasen a significar del 0,6% sobre beneficios en 2007 al 0,9% en 2011. En el caso del sector financiero, los beneficios han caído el 43,6%, mientras que las cantidades percibidas por consejeros y directivos han experimentado un crecimiento del 12,7% y representan el 2% del total de beneficios. El incremento en las remuneraciones del cuerpo directivo de las empresas del Ibex 35 se ha acelerado más que en el caso de los consejos, con un crecimiento desde 2007 a 2011 del 22,9%. En los consejeros ejecutivos el incremento en el período 2007-2011 es del 9,4%. Todo ello sin contar otras cuantiosas retribuciones, en la mayor parte de las ocasiones difícilmente descifrables.
A fin de generar confianza en los ciudadanos, sería muy oportuno que las empresas justificasen las cantidades que perciben el consejo y la alta dirección acudiendo a comisiones independientes, que evaluasen la aportación real de los ejecutivos a la evolución de la compañía, tanto por los buenos como por los malos resultados. Además, se hace necesario que la Junta General de Accionistas, como órgano soberano, se pronuncie anualmente sobre la política de retribuciones de sus gestores económicos.
