España: la propaganda de la “recuperación”

Profesor de la London School of Economics y ex asesor económico de Jose Manuel Durao Barroso en la Comisión Europea (2011-2014)

El Gobierno del PP presume de que ha sacado el país de la crisis. En realidad, su política se ha limitado a seguir el patrón germánico y la ha agravado mucho más

ILUSTRACIÓN: PEDRO STRUJKELJ

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina y el impopular PP afectado por escándalos de corrupción, el Gobierno ha echado mano de la propaganda en la economía. La economía española será este año la que más crece de la eurozona, dice. Las duras decisiones alemanas tomadas por el PP para consolidar las finanzas públicas y promover reformas estructurales han funcionado. Ahora que España está en el buen camino no se puede poner en riesgo la recuperación votando al partido que metió al país en este lío o a opciones nuevas sin experiencia.

Evidentemente, es una buena noticia que la economía vuelva a crecer y que el desempleo baje un poco. Pero la recuperación no es tan impresionante como podría parecer y de ninguna manera es atribuible a la gestión del PP. La economía española todavía es el 4,9% más pequeña que hace siete años. En el mismo período, EE UU — el epicentro de la crisis financiera, con su propia burbuja inmobiliaria— ha crecido casi el 10%. El desempleo en España sigue siendo terroríficamente elevado, especialmente entre los jóvenes. Sólo la tasa de Grecia es peor en la UE. Mucha gente ha dejado de buscar empleo o ha emigrado. Va a haber una generación perdida.

Las políticas del PP han hecho recaer la mayor parte de los costes de la crisis en las espaldas de los más endeudados, los pobres y el contribuyente medio. A los asfixiados por la deuda se les ha negado ayuda. Los pobres han sufrido los recortes de las políticas sociales. Los ciudadanos han sido castigados con subidas de impuestos y recortes en los servicios públicos. Al mismo tiempo, el dinero público ha sido utilizado para rescatar a bancos quebrados, a sus ricos y políticamente conectados dueños, a directivos incompetentes con sueldos estratosféricos y a sus poderosos acreedores, nacionales y extranjeros. Mientras muchos tienen que lidiar con deuda impagable y algunos incluso han perdido sus casas, los prestamistas temerarios que financiaron la burbuja y llevaron a España a esta situación han sido rescatados. La gente se desangra para salvar a élites corruptas, bancos alemanes e inversores.

LASTRE PARA EL CRECIMIENTO

Todo esto no sólo es injusto; también deprime el crecimiento. Muchos hogares están encadenados a una gran deuda hipotecaria de la que no pueden escapar. Como consecuencia de la anticuada ley hipotecaria, muy favorable a la banca, ni las familias que pierden su casa quedan liberadas de su deuda.

La envergadura de la deuda y el miedo a no poder asumirla deprimen el consumo, las inversiones y el crecimiento. El PP cometió además el error de introducir medidas brutales de austeridad, si bien bajo la presión de Berlín, Bruselas y Frankfurt. En 2011-2012, España hacía frente al pánico financiero, no a una crisis de solvencia. Necesitaba la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que finalmente llegó con la declaración de Mario Draghi, en julio de 2012, de que iba a hacer cuanto fuera necesario para reforzar el euro, no austeridad. En un momento en que hogares, empresas y bancos intentaban reducir su deuda, y con la demanda deprimida en toda la eurozona, la austeridad causó una innecesaria y profunda segunda recesión. Un estudio que toma como base los propios modelos de la Comisión Europea estima que la austeridad en España en 2012-2013 redujo la producción en torno al 8,75% del PIB. Esto supone alrededor de 100.000 millones de euros; o 2.100 euros por persona.

La recuperación en España no se debe a las políticas del Gobierno, sino al hecho de que finalmente el BCE ha apaciguado el pánico, con el consiguiente alivio de la austeridad, a la caída del precio del petróleo y a la depreciación del euro.

España tiene todavía el mayor déficit fiscal, en proporción al tamaño de la economía, de toda la UE: 5,8% del PIB el año pasado. La deuda pública en relación con el PIB creció el año pasado más en España que en cualquier otro lugar de la eurozona y roza el 100%. España difícilmente puede ser un modelo exitoso de consolidación fiscal. Este año incluso promueve una ligera política fiscal expansiva justo antes de las elecciones. En contra de lo que suele decirse, la Comisión Europea no está siendo blanda con el Gobierno francés, sino más bien con el español.

Tampoco es cierto que España ha puesto en marcha reformas de calado. Los vínculos entre políticos, grandes empresas y bancos siguen intactos. Los mercados están a menudo en una situación de cartel. La Administración está burocratizada, a menudo es incompetente y en ocasiones corrupta. Es muy difícil empezar un negocio y poderlo consolidar. España mantiene un mercado laboral de dos niveles, que excluye a los que están fuera y particularmente a los jóvenes. 

Se ha rescatado a bancos quebrados y prestamistas temerarios

Una de las prioridades debe ser la reforma de la ley hipotecaria

El foco de las “reformas” se ha colocado en deprimir los salarios en una errónea búsqueda germánica de “competitividad”, en lugar de dar prioridad a medidas para mejorar la productividad y la inversión y, por tanto, pagar salarios más altos. Los países no son empresas. Mientras que para un empresario concreto puede tener sentido en un momento dado reducir los costes laborales, para el conjunto de la sociedad los salarios no son un gasto que reducir, sino un beneficio que aumentar, siempre y cuando esté justificado por la productividad.

En conjunto, los salarios en España no son altos: en 2011 suponían un porcentaje del PIB menor que el que representaban cuando se lanzó el euro, en 1999, mientras que las exportaciones han seguido creciendo en este período. Si las empresas españolas han sido dañadas por la competición china (o de otros países), la solución no puede ser producir lo mismo equiparando los salarios a los de China, sino invertir en mejorar el valor añadido y crear nuevos y más sofisticados productos y servicios para mejores salarios.

SALARIOS BAJOS

Reducir salarios no es sólo contraproducente; también deprime la demanda y hace que la enorme deuda sea más difícil de afrontar. Y en ausencia de medidas que impulsen la competencia, acaba engordando los márgenes de las empresas en lugar de reducir los precios. Además, si los países de la eurozona reducen los salarios al mismo tiempo, todos dependerán para crecer de las exportaciones hacia el resto del mundo. Sin embargo, la eurozona es demasiado grande y la demanda global demasiado débil para que esta política lleve a la recuperación.

El reciente acelerón del crecimiento en España parece lejos de ser sostenible. El crecimiento de las exportaciones incluso se ha detenido y es probable que el año que viene lleguen nuevas medidas de austeridad. El crecimiento reciente se basa en que las familias ahorren menos y gasten más, a pesar de que sus salarios están congelados o caen. Si se mantiene la política actual, o bien la recuperación se irá extinguiendo o bien llevará al regreso de una economía propulsada por la burbuja del consumo a crédito y la deuda insostenible, que acaba en otra crisis.

Los españoles no deberían dejarse engañar: el PP no ha arreglado la economía. España necesita un cambio de dirección.

Para lograr una recuperación duradera y sostenible, el próximo Gobierno debería dar prioridad a la reforma hipotecaria y a una completa reestructuración de las deudas heredadas. Ello debería incluir la dación en pago para la gente que aún está en sus casas y el perdón de la deuda para los que la han perdido, combinado con vivienda social para realojarles. Las pérdidas para los bancos deberían ser asumidas por sus accionistas y acreedores, no por los contribuyentes. El próximo Gobierno también debería aplazar la consolidación fiscal hasta que la deuda del sector privado esté en un nivel sostenible. Debería romper la insana sujeción que la gran banca, las grandes empresas monopolísticas y las administraciones incompetentes tienen sobre la economía y la política. Debería reducir los impuestos de la gente que trabaja duramente y abrir el mercado laboral a jóvenes y a otros que tienen vedado el paso. Y debe promover la inversión y las reformas para impulsar la productividad y, por tanto, el nivel de vida. España necesita un capitalismo abierto, no un capitalismo de amiguetes.