Propuesta 27 // Impuestos a coches, equipos y centrales eléctricas y calefacción
La tasa global del carbono sería idónea si se aplicara globalmente, pero hasta que se logre un consenso para imponerla, pueden y deben lanzarse señales fiscales de forma transitoria que fomenten las fuentes de energía menos contaminantes. La forma más visible de empezar es acabar con los descuentos vigentes hasta ahora cuando se reposta combustible de gasóleo respecto de la gasolina. El Gobierno del PSOE, en la anterior legislatura, incluyó en los presupuestos una subida media de tres euros mensuales al llenar el depósito de un diésel. Pero las señales pueden ser múltiples: beneficios fiscales para la compra de coches eléctricos, peajes en las ciudades por congestión y por contaminación, incremento del impuesto de matriculación en función del nivel de emisiones, gravamen a las embarcaciones de lujo, reducciones del impuesto de actividades económicas (IAE) para empresas que proporcionen transporte colectivo a su plantilla, exención para las renovables del impuesto de generación, impuesto a la ganadería extensiva… serían solo algunos ejemplos.
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El problema es qué sucede si se van aplicando tasas o incentivos aislados que pueden acabar penalizando a las personas con menos recursos: quienes no tienen otra opción para ir al trabajo (medios de transporte público) o falta de dinero para comprar vehículos eléctricos que hoy son muy caros, o gente que vive lejos del centro en viviendas poco aisladas, o que trabaja en una mina de carbón. Además, con estas medidas, todos los bienes contaminantes que un ciudadano compró en el pasado pierden valor. “El Gobierno está comprometido con una fiscalidad verde, pero hay que ir con mucho cuidado. Es difícil mantener un debate público sereno sobre cambios de impuestos, y solo pueden aplicarse si son creíbles, si se perciben como legítimos, y eso significa un enfoque global”, reflexiona Joan Groizar, director de Energías Renovables del IDAE. “Si incrementas un impuesto sobre el combustible pero a la vez el usuario no ve cómo se le abarata la factura de la electricidad parece una medida recaudatoria más y puede reforzar la idea de que siempre se perjudica a los de siempre”, añade Groizar.
Uno de los aspectos a considerar en materia de impuestos es la eliminación para las fuentes renovables del impuesto del 7% que grava la generación eléctrica. A resultas de la crisis, este impuesto se amplió a todas las fuentes, y no solo a las contaminantes, por la necesidad de recaudar. Este impuesto fue suspendido en 2018 de forma temporal por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la situación de emergencia” para los consumidores, a los que las eléctricas repercuten el gravamen. Sin embargo, a pesar de su finalidad positiva no es una medida que vaya a la raíz del problema. “No vale ir tomando decisiones parciales, porque sin un cambio de marco, puedes mejorar una cosa y empeorar otras”, apunta el experto en energías renovables y transición energética Pep Salas, quien señala la posibilidad de inventar un impuesto que grave la potencia instalada, más que la generación. Todo el mundo ha comprendido el alcance del conflicto social que se puede provocar con cambios fiscales parciales si se percibe falta de equidad.
En España se producen paradojas como la de que sobre el papel se persiga un objetivo de incrementar la electricidad de origen renovable que hasta ahora se ha pagado a través del sector eléctrico —en la factura de la luz se ha estado incluyendo una prima para las energías limpias que, a medida de que se ha ido abaratando su tecnología, ya no harán falta— mientras no se aporta nada en la factura del gas o combustible. Eso significa que, por el mismo kilovatio hora de energía, dependiendo de si se compra de electricidad o de gas, se están pagando más cargos en la electricidad, aunque contamine menos que, por ejemplo, el gas. Sale más a cuenta una caldera de gas natural que una eléctrica.
En el debate pendiente sobre los peajes o tarifas de acceso también pueden darse señales a la localización de las inversiones, en este caso para promover que se produzca electricidad más cerca del consumidor. Caben tasas autonómicas con impacto local a las emisiones de partículas contaminantes (por ejemplo, en los aeropuertos locales) o tasas sobre los vertidos a los ríos, o acabar con la exención de la aviación del impuesto de hidrocarburos, cuya recaudación se sitúa en torno a los 11.500 millones de euros.
