propuesta 1 // Fomentar el autoconsumo con señales económicas claras
El autoconsumo consiste en que usted o yo podamos consumir la electricidad que nosotros mismos produzcamos, principalmente mediante las placas solares en las azoteas de nuestras viviendas u otros edificios, es decir, mediante energía fotovoltaica. Tiene unas cuantas ventajas, como la seguridad de que la energía que gastamos en un momento determinado es renovable, de modo que contribuimos a proteger el medio ambiente y a evitar la dependencia energética. Otra ventaja: se ahorra dinero en la factura, al producir parte de la energía consumida. Y otra más: se reducen posibles pérdidas de energía en el sistema —se estima que el 10% de la energía eléctrica se pierde durante el transporte, y esa pérdida equivale a dos millones de euros al año—. Pero por encima de todo, el gran cambio que introduce el autoconsumo es que da poder a la ciudadanía para tomar decisiones sobre sus necesidades energéticas, con libertad e información. Los hogares dejan de funcionar como consumidores cautivos de las grandes empresas energéticas del país y se convierten en productores, en usuarios y en gestores de la demanda de energía. No hay persona experta en la transición energética (TE) que no subraye la imposibilidad de llevarla a cabo sin involucrar a la ciudadanía mediante el autoconsumo.
Una masía aislada puede autoabastecerse, pero también puede hacerlo una instalación que a la vez esté conectada a la red. Hasta abril de este año, el autoconsumo individual conectado a una red interior era la única posibilidad que existía, impuesto al sol aparte. La gran novedad introducida en España la pasada primavera, además de la eliminación de trabas administrativas que sufrían las instalaciones de poca potencia (15 kW, por ejemplo) es el autoconsumo compartido, que consiste en que diversos usuarios, como pueden ser vecinos de una misma comunidad, urbanizaciones, hospitales, campus universitarios o empresas de un polígono industrial, puedan compartir la misma instalación de generación —como las placas fotovoltaicas de sus propios tejados o en los de edificios cercanos si tienen mejor orientación—. Al compartir de forma colectiva la capacidad de generación, la inversión individual necesaria es mucho menor.
El autoconsumo da poder a la ciudadanía para tomar decisiones sobre sus necesidades energéticas
La energía que no sea utilizada en el mismo momento (los llamados excedentes de energía), se pueden almacenar mediante baterías, o bien verterse en la red. En España, se puede hacer esto último, el vertido a la red de los excedentes, con un incentivo: a uno no le pagan con dinero esa energía, pero la empresa comercializadora de electricidad realizará un descuento en el recibo de la luz del cliente a cambio de esa energía no consumida —que puede llegar al 100% de la energía consumida—. Alcanzar ese 100% no significa dejar de pagar recibo de la luz, ya que se siguen pagando los impuestos por estar conectado a la red y haciendo frente a costes regulados del sistema eléctrico. Sin embargo, la rebaja supondría en ese caso un tercio sobre el recibo final, calculado sobre una persona que tenga la tarifa regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor o PVPC. El descuento se puede aplicar a instalaciones que generen energía verde y que tengan una potencia de hasta 100 kilovatios (kW).
Ya no hace falta constituirse jurídicamente como productor de energía para tener derecho a esta compensación, como se exigía hasta abril. Sectores ecologistas se reivindican poder monetizar todos los flujos de energía.
El autoconsumo sin excedentes (instalaciones con potencia inferior a 100 kW), con un único contrato de suministro con una comercializadora, no recibe retribución específica.
La Unión Europea apoya que ciudadanos, comunidades de vecinos, cooperativas, instituciones y empresas produzcan su propia energía para consumirla, para almacenarla o para vender aquella que les sobre sin ningún tipo de recargo, al menos hasta 2026, con independencia de la potencia que tengan instalada, según la directiva de energías renovables que entrará en vigor en 2021.
A partir de 2026, los países europeos podrán reevaluar qué hacer con los recargos, pero la directiva pone condiciones exigentes: siempre estarán exentas de peajes las instalaciones de autoconsumo de una potencia inferior a los 25 kW, y solo se podrá replantear su introducción si se puede demostrar con un análisis coste-beneficio el impacto negativo de la exención de los peajes sobre el sistema eléctrico y, en todo caso si, además, el autoconsumo alcanza el 8% del mercado.
En España, el Gobierno del PP había introducido un peaje de respaldo, conocido popularmente como impuesto al sol, que frenó en seco el autoconsumo por los costes que añadía, y que el Ejecutivo del PSOE derogó en octubre de 2018. La asociación del sector fotovoltaico UNEF calculó entonces que, sin ese recargo y con una agilización de trámites, en España se podrían instalar 300 MW de autoconsumo al año y evitar, de este modo, más de tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
En España un millar de instalaciones para el autoconsumo palidecen ante el millón que hay en Alemania. La potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los que 170 MW corresponde a instalaciones con fuentes de energías limpias.
En España hay un millar de instalaciones de autoconsumo, y, en Alemania, un millón
¿Hay que fijar un porcentaje objetivo de cobertura de demanda eléctrica procedente de autoconsumo, que hoy apenas supera el 1%? Para Alicia Carrasco, directora ejecutiva de la recientemente creada asociación Entra de agregación y flexibilidad, “hace falta una planificación nacional que prevea cuánta cantidad de energía vendrá del autoconsumo, pero no solo teniendo en cuenta la energía limpia generada por instalaciones de este tipo, sino también la capacidad de flexibilidad por parte del consumidor, un consumidor convertido en productor proactivo, para integrar las energías renovable en el sistema”.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado a Bruselas y que en diciembre se debe presentar en su versión definitiva, apunta que deberán establecerse objetivos en autoconsumo hasta el año 2030, y que deberán ser “ambiciosos pero alcanzables”. Se distinguirán por tipo de consumidor —si son viviendas o industrias, por ejemplo, porque el porcentaje será más elevado en estas últimas—.
“Un objetivo puede servir para marcar el camino y para expresar compromiso, pero, por mucho que se establezca, lo realmente importante es adoptar decisiones que den señales económicas para favorecerlo, puesto que la actividad de generación está liberalizada”, subraya Hugo Lucas, responsable de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa para la Transición Ecológica del IDAE. La fiscalidad y la formación de precios, junto con la eliminación de trabas administrativas, son dos herramientas clave para conseguirlo.
