Propuesta 14 // Invertir para acelerar la ‘descarbonización’
La transformación de la economía hacia un modelo que le dé la espalda al carbono requiere de inversiones colosales que, sin embargo, palidecen si se comparan con los ahorros que a la larga tiene el cambio, más allá de la prioritaria protección del planeta y la vida en él.
Descarbonizar la economía significa cambiar el modelo productivo y energético, porque el actual está basado en el uso de combustibles fósiles, hacia otro modelo que evite el máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provocan el calentamiento de la Tierra. Ello requiere, para empezar, consumir menos energía, lo cual no resultará fácil: la Agencia Internacional de la Energía ha alertado de que el consumo aumentará en cambio el 30% hasta 2040. En 2018, las emisiones de CO2 aumentaron un 1,7% , ritmo no alcanzado desde 2013. El esfuerzo requerirá adoptar medidas de choque para mejorar la eficiencia energética; apostar, además, por las energías limpias, lo que de paso reducirá nuestra elevada factura de dependencia energética —desde el 74%, por las fuentes que proceden del exterior—. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) forma parte de este esfuerzo.
Este cambio significa, entre otras cosas, el fin de los coches de combustión, menos coches y eléctricos, calentar las casas con electricidad, desarrollar la tecnología del hidrógeno, plantaciones masivas de árboles para absorber dióxido de carbono, comer menos carne y azúcar y tirar de bicicleta.
El profesor Mark Z. Jacobson, de la Universidad de Stanford, estimó hace un tiempo que un mundo 100% descarbonizado en 2050, con medidas de choque en todos los planos, necesitaría 100 billones de dólares. New Climate Economy calcula: “una acción audaz podría provocar un beneficio económico directo de 26 billones (con b) de dólares hasta 2030 comparado con seguir como ahora, y es una estimación conservadora”. Hay que tener en cuenta que las catástrofes relacionadas con el cambio climático son responsables de miles de muertes y de 320.000 millones de dólares en pérdidas (solo en 2017). Para frenar el calentamiento a un incremento de 1,5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales la UE cree que necesita al menos 180.000 millones de euros cada año hasta 2030 con el fin de descarbonizar la economía.
El cambio de paradigma pasa por consumir menos, pero la AIE alerta que de hoy a 2040 crecerá un 30%
El Gobierno ve necesario invertir 236.000 millones hasta 2030, el 80% por parte del sector privado
En el Reino Unido, el reputado Comité para el Cambio Climático, asesor independiente del Ejecutivo, ha recomendado con vehemencia lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, en línea con Dinamarca, Noruega y Suecia. El coste lo considera “perfectamente alcanzable”: una inversión extra de entre un 1% y un 2% del PIB nacional de cara a esa fecha.
La consultora Deloitte realizó en 2018 un cálculo para España; de aquí a 2050 se necesita invertir 510.000 millones de euros. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los costes totales (gastos más inversión) de seguir en el escenario actual e incumplir los compromisos adquiridos en Europa a resultas del Acuerdo de París, no hacer nada sale mucho más caro: 720.000 millones de euros.
El Gobierno ha planteado en su hoja de ruta presentada en Bruselas este año una inversión total de 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. De esta cuantía, el 80% se atribuye al sector privado, mientras que deja en manos de todas las administraciones los 47.000 millones restantes, considerados una “palanca” para la financiación privada. El dinero público se focalizará en ayudas al ahorro y la eficiencia energética —rehabilitación energética de viviendas— y movilidad sostenible. Sería conveniente defender en Bruselas que la inversión en transición energética no computara dentro del techo de gasto. El plan supondrá reducir la dependencia energética del 74% al 59% y puede ahorrar 2.222 muertes prematuras en la próxima década en España, según el PNIEC.
Todos estos cambios son complejos y por el camino supondrán pasar página del carbón, mineral que genera muchas emisiones. Varias plantas de carbón nacional cerrarán en breve porque a sus propietarios no les salen a cuenta los incrementos de costes: para producir deben comprar derechos de emisiones y deben realizar nuevas inversiones para funcionar. Pero el resto tendrá que haberse clausurado antes de que acabe la próxima década, lo que representa desmantelar 10.500 MW. Además, entre 2025 y 2030 cerrarán, por orden de antigüedad, cuatro centrales nucleares —la potencia instalada con esta fuente de energía se quedará en 3.181 MW—.
Urge desmantelar las plantas de carbón con planes de desarrollo para las zonas afectadas
Entre los años 2025 y 2030, en España cerrarán cuatro centrales nucleares
Entidades como la Fundación Renovables piden más ambición en la reducción de emisiones
La descarbonización supone actuar sobre la electrificación del transporte, la movilidad, la edificación, la industria y los sectores primarios como la agricultura y la ganadería. Todo ello requiere un cálculo de impacto de costes en materia de empleo, en especial en el sector energético. Requiere tener un mapa territorial y sectorial con las zonas más afectadas, necesitadas de planes de desarrollo local sobre otras alternativas. También necesitan acompañamiento sectores como las cementeras o el automóvil.
En el viejo modelo, crecimiento iba de la mano de más emisiones. España incrementó las suyas un 18% entre 1990, año de referencia, y 2017, mientras que el conjunto de la UE las redujo un 23,5%. El Gobierno ha planteado a Bruselas una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 21% respecto de los niveles de 1990 entre sus objetivos de cara al año 2030, cuando en 2018 el nivel de emisiones tóxicas se situaba 18 puntos porcentuales por encima de este listón.
La reducción se reparte entre un descenso del 60% (respecto del nivel de 2005) de las emisiones de sectores cuyas emisiones pueden comerciarse de acuerdo con los mecanismos europeos de comercio de derechos, y que en esencia es parte de la industria, y un descenso del 38% (respecto de 2005) en el caso de los llamados sectores difusos —hogares, transporte, agricultura, residuos, gases fluorados e industria no sujeta a comercio de emisiones—. Sobre todo será la generación eléctrica la que reducirá más su nivel de emisiones durante ese periodo, seguida del transporte. Son los dos ámbitos en los que el problema es mayor en términos absolutos.
A escala de la UE, la reducción de emisiones planteada es del 40% de las emisiones.
La Fundación Renovables pide mayor ambición, con una reducción de emisiones del 51% respecto de 1990 y del 59% respecto a 2015.
En cuanto a la eficiencia energética, el objetivo es incrementarla un 39,6% —por encima del objetivo de la UE para 2030, que se sitúa en un 32,5%—.
