Propuesta 16 // No más trabas administrativas para el autoconsumo
Una vez reducidos drásticamente los trámites al autoconsumo por parte del Gobierno central, el cuello de botella que emerge para que se expanda es la necesidad de que los ayuntamientos simplifiquen los procedimientos necesarios para autorizar la instalación de paneles solares encima de las cubiertas de los edificios. En muchos municipios, aunque se trate de pequeñas instalaciones de una potencia de 15 kW, apenas la potencia agregada de tres viviendas, carece de procedimientos simplificados para conceder licencias de obra o de actividad industrial. Porque a pesar de que con 15 kW no sea ya necesario registrarse como productor, la licencia municipal de instalación depende del Consistorio. No se trata de que los gobiernos locales sean contrarios al autoconsumo; a veces lo que puede suceder es que el Ayuntamiento no dispone de recursos humanos como para ponerse a conceder licencias de obra.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reducido los trámites administrativos, sobre todo en el caso de las instalaciones pequeñas y sin excedentes, que no necesitan obtener permisos de acceso y conexión para las instalaciones de generación. Así, un autoconsumidor con una instalación de hasta 15 kW, o de hasta 100 kW” (si no produce energía excedentaria) lo único que tiene que hacer es comunicarlo a su municipio, y este a su comunidad autónoma, que ha instalado una planta de producción eléctrica. Toda esa información procedente de las comunidades alimentará un registro estatal.
La comunidad donde el viento cubre un mayor porcentaje de su consumo es Castilla y León
Las cláusulas medioambientales han topado con acusaciones de distorsionar la competencia
A las comunidades les corresponde, por otra parte, disciplinar, a las empresas distribuidoras de electricidad, en manos de las cuales está modificar el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo —solo deberán decir que consienten, porque los trámites están muy delimitados por la normativa estatal—. Si una comunidad autónoma no adapta la norma estatal a su territorio, rige la norma estatal. Pero en teoría una comunidad que fuera favorable a los intereses de las grandes eléctricas podría incluir, en la adaptación de la norma estatal a su territorio, requerimientos que dificultaran la penetración del autoconsumo en la comunidad.
Y, como recuerda Alicia Carrasco, directora de la asociación Entra Agregación y Flexibilidad, la nueva normativa hace que baste un único contador en el punto frontera con la red de distribución, que es un modo de reducir costes. Se reducen los casos en que se necesita disponer de equipos de medida, que mesuran la energía generada en todas las instalaciones que producen electricidad, como un hospital o una universidad, algo que sale caro.
Más allá del autoconsumo, lo que sí han menguado son trabas a la instalación de parques eólicos y solares, que tanta resistencia generó al principio. Muchos ciudadanos querían más renovables pero no querían parques cerca. La oposición a las energías verdes es hoy testimonial y las Administraciones que no despliegan una política activa al respecto es más porque tienen otras prioridades y no tanto porque se opongan, opinan en el Ministerio de Transición Ecológica. Aun así, hay comunidades autónomas mucho más activas que otras. Según la Asociación Empresarial Eólica, la comunidad en la que la energía del viento cubre un mayor porcentaje de su consumo (más del 80%) es Castilla y León, seguida de Castilla-La Mancha y de Galicia. Madrid y Baleares se sitúan en el otro extremo, con un 0%.
