Propuesta 23 // Crear operadores energéticos locales
Los gobiernos locales tienen en sus manos la posibilidad de crear un instrumento que ayude a mejorar la política energética de sus ciudadanos: la creación de operadores que comercialicen electricidad verde como alternativa a las compañías que actúan en el mercado. No tanto por el hecho de hacerle la competencia a los privados, sino como motor para acelerar la transición a un nuevo modelo energético desde las ciudades y con la bandera de un servicio público. Algunos expertos encuentran sentido a esta iniciativa pensando, en primer lugar, en sensibilizar y concienciar sobre la importancia de pasarse a la energía limpia, sobre todo, pensando en el consumidor vulnerable. En la actualidad, aunque el bono social o descuento en el recibo para los hogares con menores recursos lo pagan las comercializadoras según su número de clientes, estas empresas lo repercuten a los demás consumidores.
Los operadores locales conciencian sobre la energía limpia y se orientan al consumidor vulnerable
El Área Metropolitana de Barcelona, Pamplona y Palma de Mallorca han lanzado operadores energéticos
Pero como el volumen y la capacidad de una comercializadora se determinan por el número de clientes, cuanto menor sea el alcance del operador, menor será el margen para poder ofrecer descuentos. Donde sí puede incidir es en valores como la proximidad, la transparencia y la innovación, que se traduce en asesoramiento para evitar pagar sobrecostes (con una contratación de potencia superior a la necesaria en una vivienda, por ejemplo). Aun así, los ejemplos incipientes que existen en España también se presentan como opciones algo más económicas.
Barcelona, por ejemplo, lanzó un operador de este tipo en 2018, pero su alcance no es municipal, sino metropolitano: Barcelona Energia, con la aspiración de captar a 20.000 consumidores. Inicialmente, atendía a edificios municipales y desde 2019 busca clientes, aunque la captación va despacio. La energía que generan los municipios (desde la placa fotovoltaica del Fòrum hasta la planta de biogás del Garraf) no basta para suministrar suficiente energía verde propia, de modo que, como todas las comercializadoras, tiene que comprar energía a otras centrales. Asociaciones de vecinos y grupos ecologistas denunciaron que buena parte de la electricidad se compra a la incineradora de residuos de Sant Adrià, cosa que el operador dejó de hacer. Compra en el mercado energía que cuenta con el certificado de energía limpia que otorga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los productores de energía eólica, solar, hidráulica y de biomasa.
Pamplona se subió al carro con su propio operador municipal, y también empezó con el suministro para alumbrado y edificios públicos con la idea de atender a familias, especialmente las que estén en situación o riesgo de pobreza energética.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha planteado también una comercializadora pública mediante la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) para impulsar la soberanía energética, asegurar que se provee a los hogares de renovables y “lograr importantes ahorros energéticos” por saltarse los costes de la comercialización.
El riesgo de este tipo de iniciativas es lanzarlas sin una reflexión estrategia de fondo previa sobre su utilidad, que puede abarcar la gestión de los consumos en futuras comunidades ciudadanas de energía, los programas de acceso a los datos de los usuarios en tiempo real y las auditorías energéticas.
