Propuesta 25 // Combatir la pobreza energética
El 15% de la ciudadanía, que equivale a 6,8 millones de personas, viven en España en un hogar en condiciones de vida inadecuadas que están relacionadas con la pobreza energética, según la Asociación de Ciencias Medioambientales (ACA). Esta dimensión de la pobreza ha ido a más a medida que se ha ido encareciendo el recibo de la luz en los últimos 10 años (el 55% según el Instituto Nacional de Estadística, INE) y España es uno de los cinco países de la Unión Europea donde el precio de la electricidad es más elevado. La pobreza energética se estima que puede estar detrás de 7.100 muertes prematuras cada año, según el Informe de Pobreza Energética en España 2018, de la ACA, de modo que combatirla es imprescindible.
La pobreza energética, que suele afectar a las franjas de la población con ingresos más bajos, en situación laboral precaria y con escasa formación, se manifiesta de muchas maneras. Puede ir desde no encender la calefacción hasta pasar frío para evitar que suba la factura hasta carecer de recursos para pagar el recibo, tener que ducharse con agua fría o simplemente no poder tener la nevera en marcha, ni luz. De los mencionados 6,8 millones, 2,8 millones llevan más de dos retrasos en el pago de recibos en el último año, según la ACA.
Hay distintas vías para combatir la pobreza energética: actuar sobre rehabilitación de las viviendas para mejorar su aislamiento, trabajar para evitar la escalada de los precios de la energía —especialmente en el caso de las familias de menos recursos—, forzar a las compañías de servicios básicos a no cortar el servicio en caso de las familias vulnerables sin antes contactar con servicios sociales y, especialmente, en los hogares donde residen niños, y también fomentar el autoconsumo. La firma de convenios entre las Administraciones y las empresas suministradoras es clave, para que sean las primeras las que asuman los posibles impagos de familias en situación precaria. La aparición de operadores energéticos municipales puede enfocarse a evitar cortes ilegales y garantizar el suministro en estos casos.
El acceso a una energía asequible es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La idea de que solo las personas más ricas pueden comprar e instalar paneles solares en un país con tanto sol como España es relativa, si las Administraciones priorizan a las capas sociales más necesitadas en la urgente revolución energética en las viviendas con subvenciones y avales. Sin un cambio de modelo energético, en el que la ciudadanía participe en la gestión comunitaria y pública, será difícil erradicar el problema, según sostiene la Alianza contra la Pobreza Energética, una red de entidades y colectivos que batalla contra este problema social y energético. Esta plataforma ayuda a los afectados a organizarse y les ofrece asesoramiento. Y presiona a su vez a las autoridades para que asuman que los servicios de agua, luz y gas son derechos que deben ser cubiertos.
El Gobierno de Pedro Sánchez aumentó los niveles de renta que permiten tener acceso al bono social eléctrico, que es un descuento en la factura para hogares en situación vulnerable. Para las familias monoparentales, la mayoría mujeres con hijos, el umbral de renta máximo para acceder al bono se incrementó en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales. También amplió un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento, entre otras medidas, como flexibilizar la liquidación de los consumos con derecho a descuento para proteger a los hogares en los meses de invierno, cuando se suele consumir más energía. También prohibió cortes de suministro en hogares beneficiarios del bono social con al menos un menor de 16 años o con personas con discapacidad o en situación de dependencia.
La Fundación Civio se ha mostrado muy crítica con la gestión del bono social —considera que se produce falta de información a los usuarios, discrepa de que sean las eléctricas, y no el Gobierno, las intermediarias en el proceso y carga contra el funcionamiento de la aplicación del Ministerio de Transición Ecológica que decide a quién concede las subvenciones— porque asegura que no todo el mundo que tiene derecho a él recibe el mensaje de que sí lo recibe.
La ampliación de la cobertura del bono social eléctrico fue acompañada de la creación del bono térmico, que es una ayuda para poder costear el gasto de calefacción.
La Alianza contra la Pobreza Energética ha valorado estas medidas urgentes, pero insiste en que todavía son muchas las familias que no quedan cubiertas por ellas y pide cambios de fondo.
