Pobreza energética, ¿cuestión prioritaria?
Indagar sobre el precio de la energía es poner el foco sobre el modelo energético y entender cómo hemos llegado a la situación actual.
Ada Colau, en el centro, en el Congreso de Pobreza Energética. FOTO: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Cuando se hace referencia a la pobreza energética, muchos discursos tienden a afirmar que esta es una esfera más de las que componen la pobreza en general. Bajo esta misma perspectiva, podríamos hablar también, por ejemplo, de pobreza alimentaria, situándola en un plano similar al de la pobreza energética, sin entrar a analizarla con una mayor profundidad. A pesar de que muchas de las personas que defienden esta línea lo hacen desde la mejor de las intenciones, y reconociendo que la situación socioeconómica de cada familia que se encuentra en vulnerabilidad energética tiene un papel importante en ella, lo que nos permite precisamente la utilización del concepto de pobreza energética es detectar de una forma menos abstracta otras causas y, sobre todo, otros responsables que la generan.
EL PRECIO DE LA ENERGÍA
De este modo, disponemos de la oportunidad de centrar nuestra lupa, no solo en la situación personal de las familias, sino por ejemplo en la calidad de la edificación en la que estas habitan o, con un enfoque más interesante, el precio de la energía. Así, investigar sobre el precio de la energía es una forma de poner el foco sobre las características de nuestro modelo energético y entender cómo hemos llegado hasta la situación actual.
Precisamente, visibilizar que una de las principales causas de la pobreza energética es el modelo energético ha sido uno de los temas centrales del 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética, celebrado en Barcelona los días 8 y 9 de noviembre: una jornada coorganizada entre el mundo municipal, entidades y movimientos sociales con el objetivo de defender y asegurar el acceso a los derechos energéticos.
La gran ausente en el encuentro ha sido la Generalitat de Cataluña y es hacia la que se ha dirigido su principal reclamo: obligar a las empresas a cumplir con la Ley 24/2015. Esta norma, aprobada por unanimidad en el Parlament en julio de 2015, es fruto de una iniciativa legislativa popular, con el objeto de poner fin a los cortes de suministro de agua, luz y gas y a los miles de desahucios que se producen en el territorio. Esta ley ha significado un cambio de paradigma que pone en el centro la responsabilidad de quien está haciendo negocio con la gestión de derechos fundamentales: la vivienda, el agua y la energía. Centrándonos en la cuestión de la pobreza energética, gracias a la norma, se han evitado miles de cortes de suministro y, a pesar de que todavía se producen algunos de forma ilegal, el gran problema al que se enfrentan hoy las familias es la deuda. Dicha cuestión debía resolverse, según la ley, con la firma de convenios entre la Administración y las empresas suministradoras para que fueran estas las que asumiesen las facturas impagadas. Más de tres años después de la aprobación de la ley, los convenios siguen sin firmarse. A día de hoy, quien está sufriendo las consecuencias son las familias que ven cómo se acumula su deuda con estas compañías y que en muchos casos sufren, además, el acoso de empresas subcontratadas mediante prácticas inmorales. Por otro lado, muchos municipios están haciendo frente al pago de algunas facturas, una solución momentánea pero que a largo plazo ni ofrece una solución a las familias ni tiene sentido en un modelo en el que las empresas que gestionan estos servicios obtienen beneficios multimillonarios.
Es hora de que el Gobierno de Cataluña sitúe en el centro de la agenda la pobreza energética y afronte con valentía los retos que tiene por delante. Velar por el cumplimiento de la 24/2015 por parte de las empresas evitando que no se produzca ningún corte ilegal y obligarlas a asumir las deudas de las familias debe ser una de sus prioridades. Afrontar cuestiones como garantizar el acceso a estos suministros a las familias que viven en situaciones de ocupación en precario es otra de las urgencias que tiene la Generalitat sobre la mesa. Más allá de la emergencia, si realmente quiere erradicarse la pobreza energética, es necesario plantear un cambio estructural de nuestro modelo energético y caminar hacia un modelo de gestión público/comunitario con control y participación de la ciudadanía que asegure el acceso universal a estos servicios esenciales para tener una vida digna.
