Propuesta 17 // Reforzar las cláusulas medioambientales y sociales en la contratación pública

Las Administraciones públicas, empezando por los Ayuntamientos, pueden utilizar los contratos que cierran con distintas empresas proveedoras como un instrumento para conseguir mejoras medioambientales y sociales. Compran mercancías, adjudican servicios y obras, contratan suministros y pueden elegir no solo basándose en los que sean más baratos, sin tener en cuenta otro tipo de costes. Según datos de la Comisión Europea, la contratación pública moviliza dinero equivalente al 20% del producto interior bruto (PIB), de modo que si en lugar de emplearse como un fin en sí misma, se pone al servicio de las políticas públicas deseadas, su efecto multiplicador puede ser enorme. 

Lo óptimo es que los criterios medioambientales se combinen con aspectos sociales y laborales. La idea sería que optaran por aquellos productos y servicios de empresas que velaran por un impacto ecológico lo más limitado posible durante su ciclo de vida.

La Ley de Contratos del Sector Público de...