Propuesta 18 // Eliminar toda clase de ayudas a los combustibles fósiles

Acabar con los subsidios más o menos encubiertos a los combustibles fósiles debería ser la prioridad de cualquier política energética responsable, en la medida en la que durante años los Gobiernos han destinado miles de millones de euros a fuentes energéticas incompatibles con la lucha contra el cambio climático y, ahora, con el Acuerdo de París para combatirlo. Por una parte, eliminar estas ayudas sirve para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; por el otro, permite recaudar ingresos públicos necesarios para la transición ecológica, que precisamente pasa por la desinversión en combustibles fósiles. 

Acabar con las ayudas a los combustibles sirve para recaudar y para reducir las emisiones de CO2

Un informe de CAN y ODI estima en 1.000 millones las ayudas en España a las energías fósiles

El argumento que suele esgrimirse para oponerse a ello es la garantía de la seguridad de suministro y sobre todo, la capacidad adquisitiva de la ciudadanía para asumir productos sin bonificaciones si al mismo tiempo no ve rebajada la factura eléctrica y ve cómo los esfuerzos se reparten entre todas las capas sociales. Porque el concepto de subvenciones es muy amplio: puede ir desde los planes de apoyo al automóvil para adquirir un vehículo diésel o de gasolina hasta las ayudas para cambiar una caldera de gasóleo por otra de gas, pasando por las exenciones al impuesto de hidrocarburos de la aviación. La Comisión Europea ha pedido a los países de la UE que detallen todas las subvenciones y que propongan cómo salir de esa dinámica.

Son argumentos que aconsejan mucha pedagogía y una retirada, en algunos casos, gradual. 

Es imposible saber a cuánto ascienden estas ayudas. Según el último informe World Energy Outlook de noviembre de 2018, de la Agencia Internacional de la Energía (contraria a estos subsidios), hubo un pico máximo de subvenciones al consumo de combustibles sucios en el año 2012,  en el que se superaron los tres billones de dólares. Después, en el periodo entre 2012 y 2016, las ayudas se redujeron a la mitad.  Pero en 2017 volvieron a incrementarse, y lo hicieron en un 12%. La AIE admite que existen “buenas razones para que los Gobiernos hagan más accesible la energía, particularmente para los grupos más vulnerables, pero muchos subsidios mal diseñados acaban beneficiando de forma desproporcionada a las capas de la población que utilizan más combustibles subsidiarios”. Brasil, por ejemplo, ha incrementado los subsidios al diésel. Indonesia y Malasia han mantenido estables precios de la gasolina para el consumidor con independencia del incremento del precio internacional del petróleo. Para la AIE, esta defensa del consumidor a corto plazo frente al mercado internacional esconde un enorme coste fiscal y medioambiental.

A escala internacional, según el estudio Inventario de medidas de apoyo para combustibles fósiles 2018, que combina cifras de la OCDE y la AIE en 75 países, las subvenciones pasaron de 500.000 millones de euros al año en el periodo 2010-2015 a 302.000 millones en 2015. Pero estas cifras solo incluyen subsidios al carbón, al gas natural y productos derivados del petróleo, pero no a la electricidad producida con estos combustibles de origen fósiles. Tampoco incluye estimaciones sobre lo que cuestan las externalidades como el cambio climático como resultado del uso de estos combustibles.

Tradicionalmente, España ha destacado por el apoyo al carbón, igual que han hecho Polonia, Eslovaquia, Irlanda y Alemania. Y, a resultas de la política de Aznar a finales de la década de 1990, se produjo una apuesta importante por los ciclos combinados.

La Red Europea para la Acción Climática (CAN) y el Instituto para el Desarrollo Exterior (ODI) estudiaron las subvenciones fósiles en 11 países entre 2014 y 2016. En este periodo alcanzaron en la Unión Europea 112.000 millones de euros, una cifra que estas instituciones consideran “lejos del compromiso de la UE de retirar toda subvención fósil en 2020”. El primer destino de estas ayudas es el transporte, seguido de la industria. En el caso de España, las ayudas se elevan a más de 1.000 millones, de acuerdo con las organizaciones ecologistas, que denuncian “falta de transparencia” de la Administración para saber exactamente qué ayudas perjudican el clima. Las entidades ecologistas piden un inventario de subvenciones,  y apuntan que no pudieron disponer de información que hubieran necesitado sobre un 56% de herramientas fiscales y de un 20% de proyectos fósiles financiados con recursos públicos.

Los pagos por capacidad fueron eliminados formalmente en España a finales de 2018

La retribución por disponibilidad se convirtió en una ayuda automática con potencial distorsionador

Según el informe de ODI y CAN, titulado Phase out 2020. Supervisando las ayudas a los combustibles fósiles, España apoyó con al menos 470 millones a la generación eléctrica con combustibles fósiles, y eximió a la minería y a la agricultura del pago de 380 millones de euros anuales (lo que sucede también en los sectores marítimo, aéreo y ferroviario). Son pagos por capacidad para centrales eléctricas, y apuntan que la mayoría de centrales de gas serían inviables sin estas ayudas. Sobre el papel, son pagos que se reciben para estar disponibles por si es necesaria más electricidad, es decir, para garantizar el suministro. Otra cosa es que esos pagos hayan podido convertirse en subvenciones automáticas al sector del carbón o a las centrales de ciclo combinado con potencial para distorsionar el mercado, más aún cuando el carbón tiene los días contados y el peso del gas va a ir reduciéndose en un futuro escenario renovable. Para muchos expertos tiene sentido retribuir esa disponibilidad, aunque sea temporalmente, pero en un mecanismo abierto a todas las tecnologías, empezando por las renovables, capaces de ofrecer las prestaciones que se necesiten. Otro tema de debate es si las centrales que reciben esos pagos deberían estar fuera del mercado —por ejemplo, la hidráulica, para que no se la retribuyera dos veces: por vender electricidad y por disponibilidad—.

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) criticó en 2016 por “excesivas” y “costosas” las subvenciones por centrales de gas y carbón a través de pagos por capacidad, que cuantificó en 1.000 millones. 

Según Red Eléctrica, en 2017 el coste de los pagos por capacidad equivalieron al 4,5% de la energía. Estos pagos como tales fueron eliminados a finales de 2018, sin que haya una alternativa para garantizar la disponibilidad, en una decisión muy criticada por las eléctricas, y que según estas frena posibles inversiones.

En diciembre de 2018, la UE acordó poner fin a las ayudas que recibe el carbón a partir de 2025, con la excepción de Polonia. Solo podrán recibir ayudas las centrales que emitan menos de 550 gramos de CO2 por kW/h.