La violencia machista no se detiene ante la covid-19

La casa, ese espacio que se entiende como seguro durante el confinamiento, es un lugar de miedo y violencia cuando hablamos de mujeres que sufren violencias machistas. Ninguna mujer puede sentirse segura conviviendo 24 horas al día con su agresor.  Hasta el momento de escribir este artículo, nueve mujeres han sido asesinadas en todo el estado español desde que se decretó el estado de alarma. Estos son los datos que conocemos, la visibilidad de unas violencias que el coronavirus no para, al contrario. 

Las mujeres que viven confinadas con su maltratador están aisladas y tienen dificultades para poder huir y denunciar su situación. Una vez puedan hacerlo, todas las profesionales que trabajamos en los ámbitos de prevención, formación y atención a mujeres prevemos un incremento de denuncias y la aparición de situaciones extremas de vulnerabilidad y violencia.

Si bien es cierto que se han activado y reforzado algunos servicios institucionales y las entidades feministas de atención continuamos trabajando para apoyar a las mujeres, sabemos por experiencia que no es suficiente. La privación de libertad a la que se ve sometida toda la ciudadanía impacta con mayor virulencia sobre las mujeres víctimas de violencia machista, que pronto requerirán de servicios de atención y acompañamiento específicos, amplios y eficaces. Es decir, necesitarán de unas administraciones públicas comprometidas y una política pública comprometida, que entienda que las violencias machistas son un problema estructural y una grave emergencia social. Su recuperación no podrá esperar a volver a la “normalidad” y por ello las entidades feministas necesitamos sobrevivir.

Sin embargo, ante la crisis sanitaria del coronavirus, las entidades feministas proveedoras de servicios en defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género han sido olvidadas de nuevo por las administraciones públicas. En el contexto de la pandemia, estas entidades han demostrado una capacidad importante de reacción y de adaptación para continuar ofreciendo servicios con la máxima garantía de derechos. Este esfuerzo no puede ser mantenido indefinidamente confiando en el voluntariado y las buenas intenciones. Es necesario que este trabajo sea puesto en valor, reconocido y recompensado desde las administraciones públicas. 

Es cierto que desde el ámbito político se reconoce el trabajo de colaboración que hacemos las entidades feministas cuando aportamos nuestros saberes en materia de violencias machistas. Pero este reconocimiento no tiene su traducción en el apoyo logístico y económico que las entidades necesitamos y del que son conscientes las administraciones. Nos preguntamos por qué las instituciones no pueden trasladar el reconocimiento político y social al ámbito monetario y darle a nuestro trabajo el valor económico que se merece.

Las entidades feministas sabemos mucho de lo que supone esta crisis, porque la crisis forma parte de esta sociedad capitalista y patriarcal, que vive y se mantiene a costa del trabajo invisible. En la anterior crisis, las entidades de mujeres, la detuvimos poniendo el cuerpo. Poner el cuerpo quiere decir que todas nosotras asumimos los recortes, las reducciones de salarios, ya de por sí precarios, y lo hicimos porque sabíamos, sabemos, que ante la violencia machista no nos podemos parar, porque nos va la vida. Ahora, con esta crisis, no podemos, no queremos volver a poner el cuerpo, no queremos volver a sostener de forma continuada lo que es responsabilidad de todas y todos, pero especialmente, de quien tiene el poder de tomar decisiones y gestionar presupuesto. 

No podemos asumir una desescalada que se ha previsto sin tener en cuenta en absoluto quién va a sostener los cuidados de las niñas y niños que no pueden volver a la escuela mientras sus familias se reincorporan a sus puestos de trabajo, ni los cuidados de las personas mayores que habitualmente acuden a los centros de día, ni los cuidados de tantas personas que con toda seguridad van a recaer en el trabajo invisible de las mujeres.

Las entidades hemos construido propuestas de apoyo y colaboración para tener una estructura donde poder desarrollar las tareas y los proyectos, pero este hecho no quita la responsabilidad de las administraciones para sostener estos recursos, que hay que recordar, están sustituyendo lo que las administraciones no asumen. El trabajo de prevención, asistencia y lucha por la erradicación de las violencias machistas se ha hecho sobre la base de la precariedad de las diferentes profesionales que intervenimos y de las entidades que sostenemos año tras año los servicios. Insistimos, ya no queremos continuar poniendo nuestro cuerpo para sostener unas necesidades que son globales. 

Por ello, más de 150 organizaciones feministas de Catalunya nos hemos unido, desde la cooperación y la colaboración, para reclamar a las administraciones públicas medidas concretas para poder continuar nuestro trabajo. Sin medidas específicas, muchas de estas entidades vemos peligrar nuestro futuro y con ello los proyectos y servicios que ofrecemos a las mujeres y al conjunto de la población, y que son esenciales en una sociedad marcada por la violencia machista. 

Para señalar su importancia, la campaña se ha compartido en redes con la etiqueta #SomEssencials (somos esenciales). Los servicios especializados de formación, sensibilización, comunicación, prevención y atención que ofrecemos son fundamentales porque llenan el vacío institucional. A la vez, compartimos nuestra experiencia y conocimiento con las administraciones para definir nuevas políticas públicas que trabajen con eficacia en la construcción de una sociedad libre de machismo.

Queremos que no solo las administraciones sino también toda la sociedad sea conocedora de una situación que afecta a más de la mitad de la población y por ello, en el manifiesto “La violencia machista no se detiene ante el COVID-19", visibilizamos nuestra situación de emergencia y exigimos a las administraciones una serie de medidas urgentes, imprescindibles y necesarias si quieren que continuemos ofreciendo nuestros servicios.

Es fundamental que las administraciones públicas elaboren un plan de contingencia para que el tejido de entidades pequeñas de la Economía Social y Solidaria y de la red feminista no desaparezca o quede gravemente dañado tras esta pandemia. Al mismo tiempo pedimos que, una vez finalizado el estado de alarma, se respeten los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tal y como estaban previstos, y que no se trasladen a otras emergencias. Todas sabemos que ante cualquier crisis lo que sale perdiendo es la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas, pero debemos tener muy presente que estas violencias siguen siendo una gran emergencia social.