No hay vacuna contra el virus de la desigualdad

  • 5 Abril, 2020

    Nuestro Estado de Bienestar ya había adelgazado lo suficiente en los últimos 10 años y, cuando parecía que comenzaba a recuperarse, la pandemia lo sumerge en una crisis que es, sin duda, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el tsunami no es sólo sanitario, pues su componente social y económico se vuelve cada día más importante. 

    Además, la intensidad de las consecuencias es diferenciada y existen factores que afectan más a las personas pobres o en exclusión social. Así, las personas y grupos más vulnerables, que ya tenían considerables dificultades para salir adelante, observan sin capacidad de reacción el incremento de su indefensión.

    Es imposible detallar aquí todas las dificultades que produce la pérdida de empleo, el aislamiento forzado, la reducción de los servicios públicos y la privación material. Todo es importante y tiene graves consecuencias para la supervivencia de las personas más vulnerables.

    Respecto al empleo, los datos de marzo, que han salido publicados el jueves, con ser los más duros que se han registrado jamás, apenas dibujan los contornos de la crisis social que se avecina. Además de los 900.000 empleos perdidos hasta ahora, deben agregarse a la lista aquellas personas que se mantenían en el ámbito de la economía sumergida, que diversos estudios cifran en al menos un millón, y que, por tanto, no acceden a prestaciones contributivas, y las que perdieron las ayudas económicas vinculadas a diferentes cursos y talleres de los procesos de inclusión que se han cerrado.

    Respecto al aislamiento, el mantenimiento de los niños, niñas, adolescentes y personas dependientes en el domicilio refuerza el sistema tradicional de reparto, en el que el cuidado principal recae en las mujeres y las separa, aún más, del exhausto mercado laboral. El problema crece en las familias monoparentales, la mitad de ellas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ya mucho antes de esta crisis. Además, estos días se han incrementado notablemente las llamadas al 016, de mujeres víctimas de violencia.

    Por otra parte, la situación de los niños, niñas y adolescentes de familias vulnerables se ve notablemente afectada en dos cuestiones básicas: las dificultades para el mantenimiento de su alimentación saludable como consecuencia del cierre de los comedores escolares y los problemas que produce la brecha digital para su desarrollo académico. No disponen de ordenador, impresora o Internet. También aquí hay triaje: en hogares con un solo móvil y escaso servicio de datos, se sacrifica la formación de los pequeños en beneficio de los más mayores. 

    El problema de la brecha digital es generalizado. Muchas de las medidas que se han tomado, incluyendo la información sobre la prevención del contagio, las normas aplicables, las ayudas disponibles, y la utilización de los servicios sanitarios y de atención a las personas, presuponen manejo y disposición de medios tecnológicos, lo que deja fuera a muchas personas que no disponen de ellos, especialmente mayores, empobrecidas y residentes en áreas rurales. Al respecto, ninguna medida que se implemente puede dar por hecho que las personas vulnerables cuentan con dispositivos tecnológicos. Se debe pensar en otras fórmulas. Esto es especialmente importante en el caso de los teléfonos. Muchas personas en extrema pobreza utilizan tarjetas prepago y, aunque tienen terminal, no siempre pueden recargar la tarjeta y disponer de línea. 

    Finalmente, el aislamiento de las personas mayores o dependientes que viven solas las sitúa en una posición de alta vulnerabilidad:  necesitan ayuda externa para el aprovisionamiento de medicinas y productos de alimentación e higiene. A toda esta problemática, debe añadirse la que soportan algunos colectivos específicos. Para las personas drogodependientes no existen protocolos de ayuda y, en algunos municipios, las personas sin hogar con adicciones o trastorno mental grave, no tienen cabida en ningún recurso. 

    Las personas inmigrantes, además de la carencia de redes de apoyo, tienen problemas relacionados con la paralización de los trámites para renovación y autorizaciones de trabajo. Además, aquellas que están en situación irregular tienen enormes dificultades para el acceso a las ayudas públicas. En las prisiones, las entidades reportan casos en que la atención social y sanitaria no siempre es suficiente. Finalmente, a las personas sin hogar les es imposible cumplir el confinamiento y seguir las medidas higiénicas recomendadas; aquellas que sobreviven en asentamientos y chabolas, tanto rurales como urbanas, no tienen acceso a suministros de agua, electricidad y gas, ni disponen de suficientes alimentos.

    Respecto a la falta de recursos públicos, es importante señalar el incremento de las dificultades en determinados servicios públicos indispensables para las personas vulnerables y la mayor tensión en los recursos disponibles en las entidades sociales para llevar a cabo sus importantes tareas.

    Por una parte, el reparto de alimentos está bajo mínimos, lo que repercute en carencias alimentarias para los hogares beneficiarios; las alternativas de vivienda no son reales en el nivel local, puesto que las medidas que efectivamente se ejecutan, tal como derivar a albergues sobresaturados, no suponen una opción adecuada. En algunas localidades se ha anunciado la habilitación de pabellones para personas sin hogar que tardan demasiado en materializarse. Los albergues que efectivamente funcionan no siempre tienen comedor, ni espacios habilitados para el aislamiento de personas con síntomas y no cuentan con materiales suficientes de prevención, tales como batas desechables, gel, guantes y mascarillas. Además, en algunas regiones, los albergues están completos y no acogen a más personas.

    Respecto a la segunda cuestión, las entidades sociales llevan a cabo sus tareas en medio de una gran incertidumbre con respecto al cumplimiento de los compromisos presupuestarios de los programas en marcha. Además, algunas tienen pendiente el cobro de subvenciones del año 2019, lo que ocasiona dificultades económicas y limita su capacidad de adaptación y reacción a esta situación extraordinaria, mientras otras están desarrollando proyectos sin garantías de financiación, porque en sus regiones no se han convocado subvenciones para el presente año.

    Otras cuestiones importantes se refieren a la necesidad de obtener permisos de movilidad para atender a aquellas personas que no pueden salir de sus domicilios, las dificultades para el abastecimiento de alimentos y otros enseres para los programas de acogida, y la necesidad de contar con protocolos de actuación concretos y específicos para los problemas más repetidos que pueden encontrarse en su trabajo con los distintos colectivos. Por otra parte, la falta de equipos de protección individual, geles, guantes y mascarillas para sus trabajadores y voluntarios, genera ingentes gastos que las entidades no saben aún si serán elegibles, pero que asumen para proteger a sus trabajadores y mantener los servicios.

    Con respecto a las medidas para enfrentarse a toda esta problemática, EAPN-ES valora positivamente las aprobadas en el Real Decreto-ley 11/2020, ya que recoge algunas reivindicaciones que permiten reducir el sesgo social de las consecuencias de la crisis: el fin de los desahucios, ampliación del bono social, prohibición de corte de agua o energía, subsidio extraordinario para trabajadores temporales sin derecho a paro, prestación para trabajadoras del hogar inscritas en la Seguridad Social, la inclusión entre los servicios esenciales  de aquellos destinados a la atención de víctimas de explotación sexual, la moratoria de pago de créditos al consumo y otras para autónomos y pymes. 

    Sin embargo, se observan algunas carencias. Entre ellas, la falta de cobertura y solución habitacional para personas afectadas por sinhogarismo, chabolismo o infravivienda, y subsidios o ayudas a las personas que han perdido su empleo en la economía sumergida o informal. Además, algunos grupos sociales a los que se ha hecho referencia han quedado fuera de las medidas implementadas.

    Finalmente, la vocación de servicio público de las entidades sociales está fuera de toda duda, de modo que seguirán trabajando para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables.

     

    *Juan Carlos Llano Ortiz es responsable de Investigación de EAPN-ES (European Anti Poverty Network en España)

     

    Foto portada: Cruz Roja Española, flickr

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