Propuestas de politicas públicas desde la economía social y solidaria

  • 13 Mayo, 2020

    La triple pandemia (sanitaria, económica y de cuidados) provocada por el coronavirus ha quebrado el modelo actual poniendo de manifiesto las deficiencias que existían en la dotación de recursos públicos a servicios básicos como la sanidad, así como la fragilidad del sistema de cuidados y la precarización de gran parte del tejido económico.

    El nuevo contexto de reconstrucción debería plantearse desde una óptica diferente para no volver a la normalidad anterior, caracterizada por la precarización de las condiciones de vida, la emergencia climática, feminista y migratoria, y fragilidad de nuestros metabolismos económicos, sociales y ambientales.

    Desde la Economía Solidaria proponemos salir de esta triple pandemia actual e iniciar una transición a un nuevo modelo que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad, en el marco de la promoción de un desarrollo social y ambientalmente sostenible y en donde las instituciones representativas, organizaciones y movimientos sociales y la propia ciudadanía puedan incidir en el rumbo político y económico a impulsar, en pro de una mayor profundización democrática. 

     

    Las propuestas que se desarrollan a continuación nos muestran el camino para este cambio de modelo a través de políticas de inclusión y cohesión social, para la sostenibilidad de la vida y al servicio de las personas.

     

    Políticas de inclusión y cohesión social

    Para potenciar un economía que promueva realmente el desarrollo social es preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas que consideramos prioritarias. En primer lugar, es preciso la aplicación de una renta básica y el bono social (electricidad, agua...) y su gestión desde cualquier entidad comercializadora (no sólo las grandes empresas). Así mismo, se debe poner especial énfasis en el fomento del empleo inclusivo, a través de actividades de cualificación laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social, incentivos para su contratación en programas públicos y en empresas privadas, y promoción de empresas de inserción. De igual modo, es conveniente impulsar nuevos modelos de gestión de la vivienda, a través de la reserva de suelo público para cooperativas de vivienda colaborativa en régimen de cesión de uso, promoción del parque público de vivienda de alquiler social, desarrollo de iniciativas de vivienda intergeneraciona, etc.

     

    Políticas para la sostenibilidad de la vida

    Es preciso apostar de manera decidida por políticas que pongan la sostenibilidad de la vida en el eje de actuación. Una vía para ello sería poner en marcha planes de corresponsabilidad que comprometan con acciones específicas a todos los agentes responsables del bienestar comunitario e incorporando el trabajo de cuidados dentro del modelo económico como una esfera fundamental para el desarrollo de la vida de las personas. 

    Por otro lado, en el actual  contexto de creciente escasez de recursos energéticos de este sistema petrodependiente, así como ante las numerosas alertas por el cambio climático, se hace urgente un cambio de modelo energético, favoreciendo el transporte público y la movilidad no contaminante, así como la generación y comercialización pública de energías renovables a través de la promoción de cooperativas de iniciativa social y las comunidades de energía. 

    Esto debería complementarse con una defensa e la soberanía alimentaria y agroecológica, a través de medidas para activar la producción agroecológica local y la implantación de cláusulas sociales y de reservas de mercado para fomentar una alimentación saludable y sostenible (Km 0) en todos los servicios públicos: escuelas, residencias, aulas de 0-2 años...

    En muchos de estos casos, la promoción en barrios y espacios locales de actividades que impulsan las economías comunitarias: huertos urbanos, mercados de trueque, bancos del tiempo… son enormes aliadas para el desarrollo e impulso de estas medida.

    La economía social y solidaria como pieza clave

    — Apoyo a las trabajadoras del sector de los cuidados de forma que puedan organizar la prestación de servicios a través de empresas de ESS.

    — Impulsar una estrategia de lucha contra la pobreza energética.

    — Desarrollar una política de residuos cero y reconocer a empresas de la economía social y solidaria como prestadoras de servicios de gestión de residuos.

    — Ayudas para mantener y reforzar la producción agroecológica local, facilitando que toda la producción llegue a puntos de distribución.

    — Promoción y medidas de apoyo a la creación y sostenimiento de supermercados cooperativos y grupos de consumo que funcionen con criterios de soberanía alimentaria y agroecológica.

     

    Políticas para una economía al servicio de las personas

    Para promover a una actividad económica que satisfaga de manera sostenible las necesidades de todas las personas, la economía social y solidaria pone a disposición importantes herramientas. 

    En primer lugar, deberíamos apostar por un Comercio Justo,  impulsando las iniciativas locales para el cumplimiento de la Estrategia Europea 2020 y de la Agenda 2030, y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública que incluya criterios de comercio justo y atención a las condiciones sociales en las cadenas de suministro. En este sentido, deberían potenciarse las redes de intercambio de producción y consumo basadas en lógicas no  especulativas como los, a través de la elaboración y desarrollo de planes específicos de promoción del consumo crítico consciente y transformador y la recuperación de mercados tradicionales que incluyan productos de proximidad, agroecológicos, artesanales...

    En el marco de fortalecimiento de un tejido productivo propio y capaz de atender las necesidades de la población local, aumentando nuestra autonomía y restándonos la enorme dependencia productiva que hemos visto estas semanas, urge apostar por la promoción del emprendimiento cooperativo, a través del apoyo a los procesos de recuperación y transformación empresarial hacia figuras de la economía social y solidaria, la cesión y/o facilitación de espacios físicos y de recursos y el desarrollo de líneas para la consolidación de empresas de economía social y solidaria.

    Para todo ello, resulta clave la promoción de las finanzas éticas a través de la incorporación de los instrumentos de finanzas éticas en las prácticas financieras de las administraciones públicas, fortaleciendo así herramientas financieras  que están al servicio del bien común como vienen demostrando desde hace años.

    La economía social y solidaria como pieza clave

    — Impulso a la creación de cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas para la gestión de servicios de interés comunitario y de bienes comunes.

    — Incentivar mecanismos para el fomento de la capitalización de entidades de ESS, potenciar fondos de garantía que sean complementarios a las líneas de Aval.

    — Priorización del impulso a los circuitos cortos de comercialización, incluyendo las medidas de apoyo al comercio de proximidad y local y limitando la expansión de grandes superficies comerciales.

    — Desarrollo del Domestic  Fair Trade, y una regulación normativa sobre quién y en qué condiciones se pueden producir los productos así como la introducción de una regulación mínima del Comercio Justo en la Ley de Economía Social.



     

    Políticas para el bien común

    El modelo imperante de desarrollo actual debe virar hacia una concepción que esté vinculada a lo local, entendida como estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para la ciudadanía y que promueva el desarrollo humano desde los principios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación, empoderamiento y garantía de derechos humanos. 

    En este sentido es esencial la salvaguarda de los bienes comunes a través de la Identificación y protección de estos bienes (naturales, urbanos y digitales), que deben ser gestionados de manera pública, social y comunitaria y la promoción de la custodia y protección del territorio.

    Otro aspecto clave en este ámbito es la innovación y desarrollo local a través del desarrollo de estrategias de partenariado público-social y comunitario para la gestión de servicios de interés social, la promoción de espacios y herramientas de participación ciudadana en el impulso de las políticas públicas locales, así como medidas de fomento y discriminación positiva para empresas corresponsables, agroecológicas, sostenibles y  feministas.

    La amenaza de la pandemia ha dado lugar a lo que se conoce como periodo de excepción, durante el cual las prioridades de gran parte del mundo parecen estar cambiando. La conciencia social de un grave problema nos muestra que con voluntad política es posible proteger a las personas, cambiar las políticas de manera radical y poner en el centro la salud y la vida. Pero, ¿por qué esto ha de ser la excepción? Proteger la vida, a todas las personas y nuestro planeta deben ser las prioridades en la nueva normalidad.   

     

    * María Atienza y Sandra Salsón forman parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Madrid

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