Son los millones de euros que el Gobierno vasco deberá devolver al Estado como pago por los servicios que éste presta en Euskadi, según el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV, cálculos refrendados posteriormente por el Congreso de los Diputados con la oposición de Ciudadanos y de la formación valenciana Compromís.