El debate que nuestros gobernantes nos hurtan

  • Por (Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid)
    10 Julio, 2017

    Con el TTIP, las empresas transnacionales pretenden cerrar para siempre su dominación junto a EEUU y la Unión Europea.

    Cuando, tiempo atrás, empecé a trabajar sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión –el TTIP–, lo que más llamó mi atención fue la osadía que a su amparo demuestran las grandes empresas trasnacionales, que son, al cabo, sus impulsoras. Pareciera como si, pese a haber perfilado un escenario general realidades económicas y comerciales, gobiernos, instituciones, fuerzas armadas, medios de comunicación– claramente favorable a sus intereses, no estuviesen del todo satisfechas y hubiesen puesto manos a la tarea de afianzar su poder y, más aun, de evitar, con todos los medios imaginables, posibles contratiempos. Lo que, a mi entender, se proponen con el TTIP es cerrar para siempre su dominación, de la mano, por un lado, de un designio encaminado a propiciar un orden social, laboral y medioambiental manifiestamente favorable a sus intereses, y al amparo, por el otro, del propósito de mejorar con descaro, frente a las “economías emergentes”, la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea.

    No hay ningún motivo para dar crédito a las numerosas promesas –crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, bajadas en los precios de muchos bienes– que incorpora la propaganda que rodea al TTIP. Y hay muchos, en cambio, para preguntarse quién está llamado a salir ganando en caso de que el acuerdo entre en vigor. Parece sencillo responder a esa pregunta: las grandes empresas, en detrimento de las pequeñas y medianas, de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de las economías menos competitivas y, en fin, de los países pobres. Susan George ha afirmado con buen criterio que, hablando en propiedad, el TTIP no es, como se nos vende, un acuerdo de libre comercio, sino, muy al contrario, una “carta de libertades para las transnacionales”. El ascendiente de estas últimas queda fidedignamente retratado al amparo de las reuniones que la Comisión Europea ha ido organizando para discutir unas u otras dimensiones del TTIP. En ellas, y como cabía esperar, se revela una rotunda preeminencia de representantes de estas grandes empresas.

    No hay, por lo demás, ningún ámbito en el cual no se intuyan fácilmente las consecuencias negativas del acuerdo. A vuelapluma me permitiré señalar que este último propiciará una concentración de las explotaciones y una general pérdida de puestos de trabajo en la agricultura y la ganadería, estimulará una mayor dependencia con respecto de los combustibles fósiles y dificultará la satisfacción de los magros compromisos contraídos por la UE en materia de cambio climático, alentará nuevas oleadas de privatizaciones y de recortes en los servicios públicos, dará alas a una gravosa reforma laboral y a un peso aún menor de los salarios en el reparto de las rentas, y castigará singularmente a las mujeres, víctimas mayores de la precarización y del previsible retroceso que experimentará la menguante “acción social” de las instituciones públicas. Para que nada falte, los tribunales de arbitraje privado que, si nada se tuerce, el acuerdo se propone estatuir blindarán las inversiones empresariales de tal suerte que se hará prácticamente imposible revertir cualquier proceso de privatización.

    A duras penas sorprenderá que, con estos mimbres, las negociaciones sobre el TTIP sean, en los hechos, secretas, circunstancia que se completa con el designio, en las instancias directoras en Estados Unidos y en la Unión Europea, de impedir cualquier debate popular en lo que respecta al acuerdo. Claro que no sólo se trata de eso: parece, por añadidura, que el procedimiento de ratificación quedará en manos, en exclusiva, de esas instancias directoras, que en el caso de la Unión Europa han tomado buena nota de los problemas que tuvieron que encarar, diez años atrás, merced a un Tratado Constitucional que acabaron por endosarnos en la forma del Tratado de Lisboa. Con arreglo al proyecto oficial, nadie debe esperar, en otras palabras, referendos populares que permitan lo que parece elemental: la difusión de información y el debate en torno a ella. El escenario se completa, en fin, con el recordatorio de que, de entrar en vigor el acuerdo, en adelante todas las normas legales deberán ser examinadas para garantizar que no contradicen lo estipulado por el TTIP, en lo que se antoja una agresión frontal contra las reglas más elementales de una soberanía que, bien es cierto, está tocada del ala desde hace mucho tiempo.

    El listado de desafueros en que lleva camino de convertirse este prólogo no puede dejar de considerar uno más del que ya he hecho pasajera mención: el TTIP acarrea lo que cabe entender que es un designio de guerra comercial asestada, en particular, contra China, y, de manera más general, contra las mentadas economías emergentes. Me limitaré en este caso a señalar que sólo en virtud de una excelsa ingenuidad puede concluirse que el acuerdo está llamado a ser una neutralísima herramienta que estimule, sin más, el libre comercio. Como cabía esperar, y por el contrario, incorpora una franca dimensión de erosión de la posición de competidores y rivales, sin que estemos en condiciones de calibrar cuáles han de ser, llegado el caso, las respuestas de unos y otros. Así las cosas, concebir el TTIP como cimiento principal de una “OTAN económica” es cualquier cosa menos un desvarío.             

    Este texto de Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, es el prólogo del libro Las amenazas del TTIP y el CETA, publicado por ediciones Pol.len. 

    De todas estas materias, y de otras muchas, se ocupan los textos incluidos en este libro. Si unos tienen un carácter más general, otros atienden a materias precisas. Si unos exhiben una inevitable y justificada carga especulativa, otros beben de conocimientos que debemos dar por asentados. Si unos trasladan una imagen relativamente cariñosa de la Unión Europea realmente existente –al menos en comparación con Estados Unidos–, otros perciben en aquélla un activo, y no precisamente secundario, colaborador de la lógica imperial que abraza el gigante norteamericano. Si unos estiman que las instituciones comunitarias merecen, todavía, algún crédito, otros parecen tirar la toalla al respecto. Tengo, aun así, la certeza de que de todos esos trabajos aprenderá el lector y la lectora. Al fin y al cabo, y más allá de su calidad y de su rigor intelectual, fácilmente certificables, esta obra tiene que ser, por encima de todo, un material de campaña subordinado a dos grandes objetivos: permitir que cobre cuerpo ese debate que nuestros gobernantes nos hurtan y prepararnos para un ejercicio de desobediencia que, de entrar en vigor el TTIP, será inexcusable.

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