Emanciparse sale caro
Pablo decidió hacer las prácticas de su formación en Madrid en una productora audiovisual de documentales. Al ser obligatorias, no eran remuneradas. Este vallisoletano se mudó en 2014, cuando "todavía se podían encontrar habitaciones baratas". Su aventura en la capital española se acabaría después de seis meses y tres pisos distintos, una historia que se repite con distintos nombres, abusos y razones entre aquellos que emigran a las grandes ciudades en busca de oportunidades y de la ansiada independencia.
El primer apartamento lo compartió con otras cuatro personas. Sus habitaciones eran muy pequeñas, pero pagaban 1.000 euros por todo el piso. La mala convivencia hizo que Pablo se mudase a "un bajo comercial rehabilitado" por el casero, que también sería su compañero de piso. "Era un zulo", subraya. Su habitación, de 180 euros al mes, se reducía a una mesa, un armario que abría agachándose y una cama sobre este mueble a la que accedía con una escalera. "Me fui porque me echó el dueño, según él 'no cuadrábamos, nuestras energías, nuestra onda era diferente'. Eso me dijo literalmente", cuenta. Por último, vivió en un ático con otras dos personas por 250-300 euros, pero "estaba muy lejos y yo no tenía ingresos por estar de prácticas". Terminó yéndose de la capital porque le salían "trabajos de fotógrafo de fin de semana en Valladolid y no encontraba trabajo en Madrid", comenta.
Se trata de un secreto a voces: la emancipación de los jóvenes españoles se complica cada año, principalmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. El 46,4% de personas con edades comprendidas entre 18 y 34 años vivía con sus padres en 2019. Un número que no cesa de aumentar. En 2018 representaban el 43,8%, según Eurostat. De media, los jóvenes dejan de depender de su familia a los 29 años, los hombres a los 30 y las mujeres un poco antes, a los 28. Estos datos son números revelan algo que va más allá de las simples explicaciones culturales o de la resistencia a abandonar el nido.
Solo en Cataluña, la tasa de emancipación ha disminuido hasta el 20,9%, la cifra más baja en décadas, según el informe Radiografía: Jóvenes Inquilinos y Derecho a la Vivienda redactado por el Observatorio DESC y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). En el texto destacan que en la última década el sueldo bruto de los jóvenes ha sufrido un descenso del 20,8%. Teniendo en cuenta que, según cifras de 2019, el 90% de los contratos son temporales, es imposible para un joven establecerse en una ciudad y planificar la vida a largo plazo. Como el precio medio de los alquileres es el 120% del salario medio juvenil, los jóvenes catalanes no tienen más remedio que compartir piso con otras personas o depender de las ayudas económicas familiares.
Las trabas de los alquileres
En cinco años, después del boom en 2015, se han incrementado los precios de los alquileres en España un 52%, según el estudio de Fotocasa del 2020. Por delante de Madrid (un aumento del 57% en cinco años) y de Cataluña (60%) se encuentra la Comunidad Valenciana, que ha disparado sus precios en un 68%. De ahí que casos como el de Pablo van en aumento.
Carlos se aburría en Valladolid ("no es ciudad para jóvenes") y él también se fue en 2016 a la "ciudad grande", a Madrid. Alquiló un piso de 890 euros con otro chico y ganaba un buen sueldo. Se vieron obligados a cambiar de piso porque, a pesar de la comodidad, era un contrato de tres años y cuando venció la inmobiliaria les dijo que había que firmar un contrato nuevo. De esta manera, se cobrarían otra vez los honorarios, es decir, el 10% del precio del piso de todo el año. Se mudó a otra vivienda, esta vez con otras tres personas, y allí reside desde entonces. Pero ya tienen problemas: "el casero no arregla nada y no hace rebaja", explica por teléfono. Con la actual situación sanitaria esperan que el dueño del piso baje el precio, y si no, se mudará de nuevo.
El informe del Observatorio DESC y de la CNJC también destaca que seis de cada diez jóvenes han sufrido algún abuso en su alquiler: precios excesivos (17,8%), no devolución de la fianza o no realización de obras necesarias (17,3%), exigencia de garantías adicionales y fianzas abusivas (14,9%), no renovación para especular (11,7%) o falta de transparencia y de información (11,5%).
A esto se suma el racismo que pueden padecer los jóvenes extranjeros en España. Según el informe Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler publicado esta semana por la ONG Provivienda, el 72, 2% de las inmobiliarias rechazan las demandas cuando detectaban que el interesado por la vivienda es extranjero. Y entre las que los aceptan, el 81,8% aumenta los requisitos, da excusas sobre la disponibilidad del piso, pide un exceso de documentación o aplica cláusulas abusivas. Algunos de los factores que impiden a los jóvenes extranjeros encontrar un lugar para vivir en España son el acento o la barrera idiomática, la vestimenta, los rasgos faciales, la presunción de precariedad económica o tener niños, según la ONG Provivienda.
Volver a la casa de los padres tiene el estigma de haber fracasado, y aunque los precios de los alquileres hayan descendido moderadamente a causa de la covid, todavía queda trabajo por hacer para ayudar a la emancipación de las generaciones más jóvenes. Por el momento, ya se han dado algunos pasos. El Govern de la Generalitat aprobó a finales de septiembre una ley para contener los precios de los nuevos contratos de alquiler. Siguiendo la estela catalana, el Gobierno central se ha comprometido a hacer una ley estatal de vivienda en el plazo de cuatro meses para limitar los precios. Respecto a las prácticas no remuneradas, el Parlamento Europeo ha lanzado una resolución en la que apela a su prohibición por suponer una violación de los derechos de los jóvenes, pero falta ver una aplicación sobre el terreno de este texto aprobado.
