Juristas y conquistas ciudadanas

  • 21 Febrero, 2014
    Foto artículo: Juristas y conquistas ciudadanas

    Dolors Clavell, Piet Holtrop y Daniel Pérez

    Abogados

    En una época en la que son numerosas las reivindicaciones ciudadanas, y causa gran desasosiego observar lo difícil que es mantener la calidad de vida de la ciudadanía como un objetivo colectivo de primer orden, interesa hacer unas reflexiones acerca del papel que podemos atribuirnos los juristas en los diversos escenarios de conquista que la población puede plantearse.

    No queremos realizar un ejercicio meramente teórico, sino relacionar dos concretas causas reivindicativas que guardan más relación entre ellas de lo que pueda parecer. Nos referimos a la lucha ciudadana por frenar los abusos en el mercado hipotecario de la vivienda, relacionándola con el deseo de poner fin al oligopolio eléctrico que amenaza los presupuestos públicos, la modernización de las estructuras empresariales en España y el acceso a la electricidad para miles de hogares.

    ¿Cuál sería el elemento común entre ambos problemas? Pues la existencia de un sector influyente por su cercanía al poder político, que consigue un trato favorable totalmente ajeno al interés público, y perjudicial para el conjunto de la ciudadanía. En efecto, si los sectores inmobiliario y financiero pudieron hinchar la burbuja y mantenerse impasibles ante las alertas sobre el riesgo de estallido de esa burbuja, fue porque sus intereses pasaron por delante de cualquier análisis objetivo y riguroso.  Y ello fue así debido a su poder e influencia –sencillamente-, a su carácter de lobby, muy superior en comparación al triste espacio que se reconoce al poder ciudadano, incomprensiblemente ninguneado cuando, en realidad, debería ser el principal lobby de intereses a satisfacer por parte de los poderes públicos.

    En la misma línea, asistimos hoy al ingente esfuerzo de las compañías del oligopolio eléctrico por mantener la opacidad de su negocio y un trato privilegiado, que no puede justificarse en términos de razonabilidad y defensa del interés público, de reducción de costes para las personas y empresas del país ni de modernización y adecuación al Derecho Europeo. El Real Decreto-Ley 9/2013, aprobado en julio, la Ley 24/2013 del sector eléctrico y el resto de normas aprobadas o en proceso de elaboración, crean un panorama de consolidación de un modelo desfasado y desconsiderado con los intereses de la ciudadanía.

    La ciudadanía quiere poner fin, porque es razonable desearlo, a la desprotección que sufre frente a los sectores privilegiados que hemos mencionado.  Y, ¿qué tenemos que ver con ello los juristas? Pues mucho más de lo que pueda parecer a primera vista.  No podemos desconocer que el Derecho es el instrumento que utiliza el poder para construir sus esquemas de relación con la población, pero también es el instrumento que la población puede utilizar para cuestionar el poder cuando es abusivo.

    En esta línea, el ejemplo de lo sucedido en el sistema hipotecario es paradigmático.  Durante años ha habido manifestaciones y posicionamientos de denuncia de una legislación hipotecaria alejada de los intereses ciudadanos, pero tuvo que aparecer un abogado concreto que denunciara la existencia de cláusulas abusivas en un proceso judicial concreto, y un juez concreto que se sensibilizara por esa problemática y se atreviera a plantear una concreta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, para que esos posicionamientos adquirieran el rango necesario para poner en cuestión la legislación y conseguir su modificación efectiva.

    Malestar en la calle La presión ciudadana ha ido creciendo en paralelo al incremento de las ejecuciones hipotecarias en España. Ya van 400.000 FOTO:EDU BAYER
    La presión ciudadana ha ido creciendo en paralelo al incremento de las ejecuciones hipotecarias en España. Ya van 400.000 FOTO:EDU BAYER

    Aziz era un inmigrante marroquí, sin recursos económicos, que fue desahuciado de su piso y que decidió acudir a un abogado de Martorell, Dionisio Moreno, quien le defendió gratuitamente. Dionisio llegó a la conclusión de que la solución al drama de los desahucios podría pasar por el Derecho Europeo, así que decidió invocarlo ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona, para poner de manifiesto el carácter abusivo de algunas de las cláusulas de la hipoteca de Aziz.  El Juez que conoció el caso –José M. Fernández Seijo-, consideró que existían dudas razonables sobre la interpretación del Derecho Europeo y elevó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

    En la Sentencia dictada el pasado marzo como respuesta la cuestión prejudicial mencionada, el Tribunal de Justicia estimó que una norma que impedía que durante el proceso de ejecución hipotecaria el juez pudiera evaluar si las cláusulas del contrato que daba título a la ejecución eran abusivas, violaba el Derecho Europeo. Por lo tanto, el Tribunal declaró que los artículos 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vulneraban la efectividad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. La consecuencia inmediata de esta decisión es que los jueces podrán, durante el procedimiento de ejecución hipotecaria, analizar el contrato de hipoteca para decidir si contiene cláusulas abusivas, y en su caso paralizar el desahucio. 

    La lección que cabe extraer de estos hechos es que esta Sentencia no existiría si previamente un abogado no hubiera luchado con el arma concreta del Derecho, incluyendo en su demanda la petición de reconocimiento del abuso que la entidad financiera podía practicar sobre la persona hipotecada, en aplicación de una norma injusta.  Tampoco existiría esta Sentencia si el juez nacional no hubiera utilizado el instrumento del Derecho, planteando la debida cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia se pronunciara acerca del sistema de ejecución hipotecario español, y concluyendo que era incompatible con la normativa europea de protección del consumidor.

    Diversos abogados están ya en la actualidad intentando por todos los medios que las medidas de castigo a las energías renovables lleguen a Luxemburgo.  Desgraciadamente, esto no depende sólo de los abogados/as que plantean el problema, pues no hay una vía directa de acceso al TJUE para los particulares.

    Pero sí que existen dos vías indirectas: la primera es la del caso Aziz, la cuestión prejudicial, para lo que se requiere un procedimiento a nivel nacional y un juez que decida suspender ese procedimiento y elevar a Luxemburgo la pregunta sobre la validez o la interpretación del Derecho Europeo; y la segunda es el procedimiento de incumplimiento, en el que la Comisión lleva directamente al Estado a Luxemburgo. Para que se inicie este procedimiento, se puede presentar una denuncia ante la Comisión. Hasta el momento ya se han presentado cuatro denuncias, en nombre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y elaboradas en colaboración con las asociaciones patronales de renovables, sobre distintos aspectos del sistema eléctrico español. Todas ellas siguen abiertas, y la segunda de ellas -contra el impuesto eléctrico-, ya ha generado la apertura de un expediente de información contra España por parte de la Comisión Europea. De entre los argumentos de incompatibilidad con el Derecho  Europeo cabe mencionar el principio de no discriminación, la protección de la confianza legítima, la Directiva de Renovables, la Directiva de mercado interior de la electricidad o las normas de mercado interior.

    ¿A dónde queremos llegar? Pues a que podemos tener miles de razones en nuestro favor, cientos de supuestos que demuestren que una ley es injusta, pero hasta que una persona especialista en Derecho no se ocupe de trasladar esas razones a la vía judicial, no avanzaremos en la acreditación de la injusticia detectada.  Por lo tanto, el papel de los abogados se demuestra imprescindible en ese camino de concreción de las causas por las que luchamos. De algún modo, el trabajo jurídico se convierte en una vía imprescindible para concretar la percepción acerca de una situación injusta, y probablemente los profesionales del Derecho no somos suficientemente conscientes de esa realidad, de la importancia que tiene nuestra implicación cuando se trata de hacer frente a un atropello. Cuando las personas dicen informalmente “no hay derecho”, debemos encontrar cauces para que esa percepción se traslade efectivamente a un análisis jurídico, pues es en ese ámbito dónde deberá decidirse, finalmente, si hay o no derecho a que algo suceda.

    La movilización pública y el cada vez mayor conocimiento ciudadano de la posición dominante que se atribuyen determinados sectores incluyentes, debe también acompañarse de un buen tratamiento del Derecho para combatir la injusticia del modelo.  En caso contrario, las razonables reivindicaciones de la población toparán con el grueso muro de una legislación hasta hoy favorecedora de los intereses de una minoría bien posicionada, que ha utilizado la complejidad y la confusión como principal instrumento para imponerse a la ciudadanía. 

    Por lo tanto, debemos congratularnos de la aparición –cada vez más- de profesionales dispuestos a trabajar a favor de intereses más amplios que los del establishment. En los últimos años se está produciendo un interesante trasvase de personas conocedoras del sistema que, precisamente porque lo conocen, han decidido que su labor ha de estar en la línea de poner fin a sus ineficiencias e injusticias. Este proceso nos debe hacer sentir orgullosos de nuestras capacidades para actuar en la línea que consideramos adecuada. Y todo ello facilitará, a nuestro juicio, que en el futuro prospere el planteamiento jurídico de un abogado/a que, ante el correspondiente Juez o Tribunal, podrá generar conciencia de la improcedencia de una norma del sector eléctrico y el órgano judicial podrá cuestionarse razonablemente el ajuste de esa norma. Así podremos, como ocurrió en el Caso Aziz, demostrar de una vez por todas que hace ya años debíamos habernos replanteado nuestra legislación y nuestro modelo energético.

    Del mismo modo, consideramos imprescindible la movilización social para crear opinión acerca de las injusticias que nos rodean, pues está demostrado que esa opinión también influye en los propios encargados de cuestionar la legislación en un determinado momento. Así, cuando hoy leemos determinadas decisiones judiciales del pasado, observamos que difícilmente podrían haberse producido años después, ya que la percepción general ha cambiado, y también la de los abogados y jueces, y ello ha sido consecuencia de la sensibilización creada en otros entornos de la sociedad. 

    En definitiva, la experiencia de la movilización ciudadana como vía de denuncia del sistema inmobiliario e hipotecario nos proporciona criterios aplicables a muchas otras batallas pendientes en nuestra sociedad, en particular la referida a los abusos del oligopolio eléctrico. Conseguir que el sistema pueda ser sometido a la crítica pública –a través del conocimiento de todos sus complejos detalles- nos facilitará la puesta en marcha de mecanismos jurídicos que permitan su corrección, consiguiendo que las anomalías consolidadas a través del Derecho sean reconducidas con el propio instrumento del Derecho y de abogados y jueces con disposición a ello.

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