Fiscalidad energética: otro reto para la cuarta revolución industrial

La fiscalidad ha sido históricamente una herramienta clave tanto para la recaudación de recursos públicos como para orientar la actividad económica hacia determinados objetivos sociales. En el ámbito energético, los impuestos han buscado corregir externalidades negativas, incentivar la eficiencia y financiar infraestructuras. Sin embargo, en el actual contexto de transición energética y transformación digital, el sistema fiscal vigente muestra señales de desajuste frente a los profundos cambios estructurales que afectan a la economía y a la sociedad.

En ese sentido, nos debe llamar especialmente la atención el reciente episodio de apagón en España y Portugal que, aparte de demostrar la vulnerabilidad del sistema, también puso en evidencia cómo el mix energético del país requiere importantes infraestructuras —especialmente de almacenamiento— que también podrían poner en la agenda fiscal nuevos criterios de distribución del gasto. 

Nos encontramos inmersos en la denominada cuarta revolución industrial, caracterizada por la convergencia entre tecnologías digitales, inteligencia artificial, automatización, robotización e interconexión masiva de sistemas. Esta nueva configuración productiva y tecnológica no solo está modificando la estructura del empleo, sino también la distribución del valor, la demanda energética y, de manera directa, la base sobre la cual se sustenta la fiscalidad tradicional. La pregunta que cabe hacerse es si el modelo fiscal actual en el sistema energético responde a los retos de esta nueva era industrial.

Un modelo detenido en el pasado

En la mayoría de los países europeos, la fiscalidad energética se sustenta sobre dos pilares: los impuestos especiales sobre productos energéticos y el valor añadido (IVA), aplicados en muchos casos con tipos reducidos o exenciones según el uso. Además, existen figuras fiscales orientadas a la corrección medioambiental, como los impuestos al CO₂, cánones sobre combustibles fósiles o tasas por emisiones. Aunque estos instrumentos pretenden cumplir una doble función —recaudatoria y ambiental—, su diseño presenta claras deficiencias: falta de progresividad, escasa eficiencia redistributiva y limitada capacidad para adaptarse a la descentralización energética y a los nuevos modelos de producción.

Por ejemplo, en España, los hogares soportan una presión fiscal elevada sobre la electricidad, mientras que grandes consumidores industriales disfrutan de reducciones y bonificaciones. A su vez, el sistema penaliza el consumo doméstico con estructuras tarifarias que no distinguen adecuadamente entre intensidad energética y emisiones, desincentivando incluso el autoconsumo o la electrificación eficiente. Este enfoque, heredado de una economía centralizada y de base fósil, resulta cada vez más incompatible con un sistema energético distribuido, digitalizado y descarbonizado. Además, como señala Eurostat, los impuestos medioambientales tienden a ser regresivos, afectando de forma desproporcionada a los hogares de renta más baja si no van acompañados de medidas compensatorias.

La cuarta revolución industrial inaugura una transformación en el sistema de producción de la que no pueden ser ajenas sus implicaciones fiscales. La automatización y la robotización de los procesos productivos están transformando el tejido económico a un ritmo acelerado. Sectores intensivos en mano de obra están siendo reemplazados por sistemas automatizados que demandan menos empleo humano, pero consumen más energía y dependen de infraestructuras digitales. Esta transición, si bien mejora la productividad y reduce ciertos costes operativos, erosiona la base fiscal tradicional, fuertemente anclada en el trabajo asalariado.

Las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) han sido los pilares de la recaudación en los Estados modernos. Sin embargo, la progresiva sustitución del trabajo humano por inteligencia artificial y sistemas robotizados reduce de forma estructural los ingresos derivados de este modelo, sin que exista aún un esquema alternativo eficaz para gravar el capital automatizado o el valor generado por los algoritmos. La OCDE ha advertido que los sistemas fiscales actuales, basados en el empleo, resultan crecientemente insostenibles en un entorno de digitalización acelerada y reclaman un viraje hacia una fiscalidad más centrada en el capital y las externalidades medioambientales

En paralelo, emergen nuevas fuentes de valor económico —como los datos, las plataformas digitales o los servicios algorítmicos— que escapan en gran medida al radar fiscal. Las grandes tecnológicas operan en múltiples jurisdicciones, optimizando su carga fiscal a través de ingeniería financiera y elusiva. Como denuncia Gabriel Zucman, estas empresas logran escalar globalmente sin apenas presencia física, generando una desconexión entre el lugar donde se crea el valor y donde se tributa.

El actual esquema de imposición energética se muestra doblemente inadecuado. Por un lado, no logra internalizar eficazmente las externalidades negativas del sistema fósil, debido a subsidios, bonificaciones e incoherencias regulatorias. Por otro, resulta regresivo, penalizando en mayor proporción a las rentas medias y bajas, que dedican una mayor parte de sus ingresos al consumo energético.

Además, este modelo fiscal genera incentivos perversos. Mientras que los hogares y pequeños consumidores enfrentan altos costes energéticos por vía impositiva, los procesos industriales automatizados —altamente intensivos en energía— disfrutan de tarifas reducidas o incluso exenciones fiscales. Esta asimetría no solo distorsiona la competencia, sino que subvenciona de facto la automatización sin exigir una contribución proporcional al esfuerzo fiscal colectivo.

Las necesidades fiscales para la era digital y descarbonizada

Es necesario diseñar una arquitectura fiscal adaptada a los desafíos del siglo XXI. Esta debe atender tanto a la transición energética como a la reconfiguración tecnológica del sistema productivo. Algunas líneas de actuación podrían incluir:

• Impuestos al capital automatizado. Se ha planteado —aunque con polémica— la posibilidad de gravar el uso de robots o la productividad del capital automatizado. Bill Gates propuso que “si un robot reemplaza a un trabajador humano, debería pagar impuestos a un nivel similar”, no para frenar la automatización, sino para financiar los servicios públicos que la sociedad sigue necesitando.
• Fiscalidad energética basada en emisiones. Se debe evolucionar desde los impuestos por tipo de energía hacia un esquema basado en la intensidad de carbono. Esto alinearía la fiscalidad con los objetivos de descarbonización y premiaría las soluciones limpias.
• Tasa digital verde. Una fiscalidad aplicada a los grandes centros de datos, blockchain y plataformas digitales en función de su huella energética y de carbono. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo energético de los centros de datos y actividades como la minería de criptomonedas se está convirtiendo en una fracción relevante de la demanda eléctrica global.
• Redistribución y compensación social. Cualquier reforma fiscal debe acompañarse de mecanismos redistributivos que garanticen equidad. Bonificaciones a hogares vulnerables, tarifas sociales, o dividendos climáticos son opciones que explorar.
• La renovación de los parques de vehículos de movilidad basada en combustibles fósiles no debe penalizar a las rentas más bajas, especialmente en los pequeños empresarios y personas que trabajan bajo el régimen de autónomos. Las zonas de bajas emisiones han de ser pensadas de acuerdo a las necesidades de los consumidores que no pueden .

El sistema fiscal actual responde a una lógica económica del pasado: una economía basada en el empleo humano, la centralización energética y el consumo masivo de bienes físicos. Sin embargo, la cuarta revolución industrial está modificando radicalmente estas bases. La robotización, la inteligencia artificial y la digitalización están erosionando la capacidad recaudatoria del modelo vigente, al tiempo que crean nuevas desigualdades y desafíos ambientales.

Es urgente repensar la fiscalidad desde una perspectiva sistémica, capaz de integrar los vectores tecnológicos, energéticos y sociales. No se trata solo de captar más recursos, sino de hacerlo de forma justa, eficiente y coherente con los objetivos de sostenibilidad y justicia social. La transición hacia una economía digital y descarbonizada necesita de un nuevo pacto fiscal, que reconozca el valor real donde hoy se genera y garantice la financiación de los bienes públicos esenciales en la nueva era.

Héctor Santcovsky es sociólogo y experto desarrollo económico sostenible.