Los apuros de la comunidad paquistaní de Barcelona
La comunidad pakistaní forma parte del paisaje de Barcelona desde hace muchos años. Ahora, la pandemia ha golpeado muchas de las formas en que sus miembros se ganan la vida. Una consecuencia de ello es el aumento del hacinamiento en pisos compartidos por aquellos que ya tenían unas condiciones laborales precarias antes de la llegada del virus. La ayuda mutua es la única opción que les queda a quienes no tienen acceso a prestaciones de la Generalitat.
Cada día de la semana, Gul Sarum espera sentado en su bicitaxi cerca de la estatua de Colón. "Hoy no he ganado nada", afirmaba el pasado sábado, un día en el que solía obtener bastante dinero hace un año. Antes ganaba unos 500 euros al mes; ahora se ríe con tristeza al decir que "está todo muy mal" porque la mayor parte de días no consigue dar ninguna vuelta. Solo en verano mejoró "un poco" la situación. Normalmente, los bicitaxistas prefieren alquilar los vehículos a una empresa por 50 euros a la semana, pero Gul Sarum decidió invertir en el suyo y pagó por él 3.000 euros. Vive con otras tres personas en un piso de la Barceloneta (allí vivían los tres bicitaxistas pakistaníes que murieron en el incendio de agosto) y paga unos 100 euros al mes por la cama y otros gastos, un precio que "antes era bueno", pero ya ha dejado de serlo.
El desplome del turismo también ha afectado a Imran, un vendedor ambulante de la playa que extiende sus pareos de colores en el paseo de la Barceloneta. Lleva 15 años vendiendo estas prendas en Barcelona. Con ese trabajo, antes conseguía unos 1.000 o 1.500 euros al mes. "Ahora nada, cero", responde. Su familia sigue en Pakistán, él vive con otras siete personas en la Barceloneta y paga 150 euros por cama y gastos. Sonríe ante la mención de pisos habitados por 10 personas en ese barrio barcelonés: se trata de un secreto a voces que se ha normalizado. Dada su situación legal, no tiene opción a pedir una ayuda, la que sea, a la Generalitat.
El hacinamiento aumenta el riesgo de contagio
Para las personas que se encuentran en una situación límite, parados de más de ocho meses o familias sin recursos, el consulado de Pakistán ha desembolsado 50.000 euros, según el taxista Sheraz Syed. Respecto a aquellos que viven hacinados, cuenta que "ahora hay más gente en cada piso para poder pagar el alquiler y aumenta el riesgo de contagio".
La situación de este taxista tampoco es buena. Cuenta que estuvo 70 días con la covid y aun está recuperándose en casa. Desde la llegada de la pandemia, "los taxistas estamos sufriendo para pagar las licencias del taxi", que ascienden a casi 1.000 euros, más otros 1.800 euros al año por el seguro del vehículo. El toque de queda a las 22 horas y la restricción de movilidad de los fines de semana han reducido su tiempo de trabajo. Asegura que gana de media 15 euros al día, teniendo en cuenta que corre de su bolsillo el gasto en gasolina y los impuestos. La mayor parte de taxistas tributan por estimación objetiva, es decir, por módulos. En 2017 pagaron un tipo efectivo del 2,58% en el IRPF, según datos de la Agencia Tributaria.
Dice que "no hay ayudas" para ellos, ni siquiera la de autónomos de la Generalitat. "No sé si voy a salir de esta situación económica", comenta por teléfono mientras explica que en su casa "cada uno tiene su propia situación": los niños pequeños quieren jugar en el parque y ver a sus amigos, el mayor se ha quedado sin fútbol y su mujer trabaja el doble en casa.
Berta Güell, investigadora en el área de Migraciones del CIDOB, cuenta que hubo un flujo migratorio paquistaní muy fuerte entre 2005 y 2012, en el momento álgido de la anterior crisis. En aquello años, "muchos trabajadores de la construcción" cambiaron de actividad y se pasaron "al sector del comercio". A ellos se sumaron buena parte de los recién llegados, casi siempe en condiciones precarias. Sheraz Syed suscribe que durante la crisis de 2008 muchos se lanzaron al negocio del taxi, pero "ahora no es momento para invertir".
El "nuevo plan B" ante esta crisis es la apertura de tiendas de alimentación, sobre todo supermercados de franquicias. En ocasiones, los ahorros de una sola persona no llegan para realizar la inversión, por eso cada vez hay más casos de amigos que abren juntos una tienda, cuenta Sheraz Syed. Admite que él mismo pensó en cambiar de negocio, pero tendría que vender el taxi por 100.000 euros (según el precio de mercado actual), mientras que antes de la epidemia lo hubiese vendido por 152.000. Aun así, dice que "los supermercados están bien".
Khitab Mohammad, desde su tienda 24 horas del barrio de Sant Antoni, no piensa lo mismo. La imposibilidad de abrir entre las 22 y las 6 horas pone este tipo de comercios al mismo nivel que otros supermercados "más baratos" y las ganancias han caído en picado. "Antes había tres personas trabajando en esta tienda y ahora estoy yo solo", afirma. Tras 14 años en Barcelona con su familia ha pedido la nacionalidad española. "Hay que esperar", dice con una sonrisa porque confía en el 95% de eficacia de la vacuna de Pfizer y en que llegue pronto a España para volver a la normalidad.
Ayuda mutua
La comunidad pakistaní, con 20.653 personas en 2019, es la tercera más numerosa en Barcelona, tras la italiana y la china, La situación en que se ecuentran muchos de sus miembros les impide acceder a las ayudas oficiales. La Generalitat ha puesto en marcha una para mujeres que hayan sido cuidadoras y no estuviesen inscritas en el sistema, pero se desconoce a cuántas pakistaníes afecta. Por su parte, los taxistas han cerrado un acuerdo con la Caixa para la moratoria del pago de los créditos suscritos para adquirir la licencia.
La solidaridad entre los miembros de la comunidad les permite a muchos sobrevivir. "La ayuda mutua es muy habitual entre los paquistaníes, unidos muchas veces por fuertes lazos familiares y de amistad", cuenta Berta Güell. Esos lazos sirven "para soportar mejor las crisis". Un ejemplo de la ayuda mutua es la repatriación a Pakistán de los fallecidos por coronavirus. "Los taxistas ayudamos a pagar las repatriaciones", manifiesta Sheraz Syed, y añade que todos los miembros de la comunidad ponen dinero para que el consulado haga los trámites. Estas repatriaciones son para ellos "un gasto muy prioritario", precisa Berta Güell.