Más protección para el personal sanitario y los colectivos vulnerables
A raíz del debate en el Congreso de los Diputados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos socioeconómicos del coronavirus en España, desde Amnistía Internacional vemos tres prioridades fundamentales: protección frente a desalojos, también para las personas inquilinas; protección y refuerzo de todo el personal sanitario, y adopción de medidas especiales para garantizar que no queden atrás colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género y personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El pasado viernes el experto independiente de Naciones Unidas sobre el impacto de la deuda externa y los derechos humanos ya señaló que los paquetes de protección social para quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.
Sobre la moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de colectivos particularmente vulnerables que incluye el decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, creemos necesario extender esta moratoria al pago del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad cuyas viviendas sean propiedad de grandes tenedores. Insistimos en la importancia de esta medida, ya que España aún no ha superado la crisis del derecho a la vivienda, tal y como recuerdan organismos de Naciones Unidas. Cabe recordar que en España se produjeron el año pasado 36.467 desalojos por impago de alquiler, casi el triple de los provocados por el impago de hipoteca (14.193).
En lo referente a la situación de las personas que trabajan en el sector sanitario, y aunque Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo y las medidas adoptadas por el Gobierno, pedimos que se facilite información concreta sobre el incremento de los recursos humanos y su protección. Necesitamos saber si se prevén medidas extraordinarias frente a la situación de cuarentena en la que ya se encuentran más de 5.000 personas del sector contagiadas. Sin estas personas no podemos superar esta crisis y debemos asegurar ya su protección de manera urgente.
Amnistía Internacional recuerda una vez más que es necesario que se establezcan medidas de acceso a la salud para todas las personas que se encuentren en España, también para personas inmigrantes en situación irregular o reagrupadas legalmente, migrantes en CETIs o en CIEs, así como para menores no acompañados.
La situación en los CETIs, con sobreocupación y personas hacinadas, es especialmente preocupante. Es fundamental garantizar que las personas en estos centros reciban la información necesaria sobre sus derechos, y los recursos y servicios de los que disponen ante la crisis.
Desde el primer momento exigimos medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género frente al confinamiento domiciliario de la población, y vimos con satisfacción la adopción del plan de contingencia. Sin conocer aún los detalles, valoramos la creación de una unidad especializada de más de 400 policías para atender a estas mujeres en el contexto actual. Pese a ello, creemos que una campaña institucional masiva que visibilice todos estos recursos y servicios al alcance de las mujeres víctimas de violencia de género, contribuiría también enormemente a su protección.
La enorme crisis sanitaria deviene ya una crisis de derechos humanos, y es precisamente en este momento cuando hay que activar todas las medidas posibles para mitigar sus consecuencias en aquellas personas con menor capacidad para afrontarla.
