Oficinas bancarias: pocas y mal atendidas

El presente artículo no pretende poner de manifiesto el fenómeno llamado exclusión financiera por ser ampliamente tratado y que los ciudadanos perciben como el título de este. Mas bien se plantea presentar las circunstancias que han llevado a la situación actual,  de cuyo conocimiento se puedan derivar soluciones a la exclusión.

Hasta finales de años sesenta los particulares hacían la mayoría de sus pagos y cobros en efectivo. Los empleadores distribuían los billetes entre la población al pagar los salarios y los comerciantes y los cobradores de los servicios los recogían. La mayor parte de las personas no necesitaban acudir a los bancos que solo se relacionaban con empresarios o rentistas y cuya dimensión era mucho menor que en la actualidad.

Las clases populares gestionaban sus ahorros a través de las Cajas y los envíos de dinero entre localidades distintas se hacía por medio de las oficinas de Correos. De hecho, se daba una segmentación espontanea del mercado y nadie se sentía excluido del sistema financiero, sino más bien del bienestar en general.

Los bancos funcionaban de una manera muy descentralizada y manualmente y sin medios para atender a los particulares. Sin embargo, dependiendo de cada caso, las entidades se fueron informatizando, pudiendo así facilitar nuevos servicios como la domiciliación de recibos entre otros.

Por otra parte, a partir de la mitad de los años setenta las Cajas actúan ya como bancos atendiendo a las empresas y proporcionando servicios de pago. En cuanto a Correos y a su filial Caja Postal ven reducida su actividad que antes realizaban en exclusiva. El servicio de cobros y pagos que bancos y Cajas proporcionaban a sus clientes tenían costes derivados del personal, alquileres de locales y otros, que sin embargo no se les cobraban.

El esquema siguiente refleja sucintamente como se generan los resultados de cualquier banco.

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Hasta la entrada en el euro en España los tipos de interés que aplicaban los bancos en los préstamos eran mucho mayores que con los que se remuneraban los depósitos, nulos en la mayoría de las cuentas corrientes, por tanto, el margen de intereses era muy elevado y casi cubría todos los gastos de explotación del banco. Sin embargo, desde entonces y más aún con la política monetaria aplicada por los bancos centrales (BCE, Reserva Federal, etc.) esa diferencia se ha reducido mucho.

Como haría cualquiera, cuando los ingresos bajan se buscan otros nuevos y se reducen gastos. ¿Qué hacen los bancos? Suben las comisiones y cierran oficinas, ya que mientras los ingresos por los intereses no aumenten no hay otra solución. Sin embargo, esas medidas que podrían considerarse coyunturales han venido para quedarse, aunque suban aquellos.

Para los bancos en este momento el subir o al menos mantener las comisiones y cerrar oficinas,  desde una óptica de economía de mercado pura, es una cuestión de supervivencia y por lo tanto y digan lo que digan los ciudadanos de a pie, no tomarán medidas que puedan reducir sustancialmente sus resultados.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante esa situación? Una solución sería volver al pasado, todo en efectivo. ¿Habrá una legión de cobradores?, ¿Pagarán los habilitados las pensiones? ¿Todos, ancianos incluidos, irán con carteras rebosantes de billetes? Eso verdaderamente no tiene sentido. 

Parece que la solución más fácil sería que el Estado legislara limitando los tipos de las comisiones, al menos para servicios y/o colectivos determinados, además de obligar a que los bancos eliminen prácticas muy incómodas para los clientes y promulgar una moratoria de cierre de oficinas o de la retirara de cajeros automáticos. Esas medidas serían factibles si su efecto en la cuenta de resultados fuera asumible por los bancos, no sin resistencia por supuesto.  

Pero hay una medida estrella que pocos están poniendo sobre la mesa y que es, partiendo de la idea que el servicio de cobros y pagos puede considerarse esencial, que lo facilitase directamente el Estado. Se trataría en la práctica de que todos los ciudadanos y empresas pudieran disponer de una cuenta corriente (CC) en el Banco de España (BdE), de igual manera que ocurre ahora con las entidades de crédito y las instituciones públicas [1].

En esa cuenta los ciudadanos podrían domiciliar los pagos y los cobros sin comisiones y la retirada de fondos de los cajeros con aquellas tasadas e incluso extender cheques o pagarés. Por otra parte, el BdE ni concedería créditos ni permitiría descubiertos en las CCs. Esto posibilitaría que siguieran existiendo los bancos, pero con una disminución muy significativa de sus recursos gratuitos. Por principio, los ahorros de los ciudadanos estarían totalmente garantizados y el Fondo de Garantía de Depósitos desaparecería muy probablemente.  

Presuntamente los bancos se opondrían a esa medida, no solo por la pérdida de comisiones sino sobre todo porque los depósitos huirían hacia el BdE. Por ello algunos expertos abogan por que el saldo acreedor de las CCs de particulares en el BdE tenga un importe máximo [2]. Yo estaría en una posición intermedia: empezar con un tope que se incrementaría según un calendario relativamente amplio, para dar tiempo a que los bancos se adaptaran o incluso que algunos se liquidaran sin traumas.

Organizaciones de la sociedad civil plantean la idea de que se creen entidades financieras públicas (banca pública), que compita con los bancos privados, ofreciendo a los ciudadanos condiciones ventajosas o incluso gratuitas para determinados servicios. Sin embargo, este proceso no tiene grandes posibilidades de prosperar, ya que, por motivos que no vienen al caso, no hay un consenso de la población al respecto. También se propone que en las oficinas de Correos y por el personal de cartería se proporcionen a los ciudadanos servicios financieros básicos, dependiendo está medida solo de la voluntad política de los gobiernos de turno.

Respecto a lo recogido en el párrafo anterior debe decirse que esas propuestas no colisionan de modo alguno con la fórmula de CCs en el BdE para todos, sino en todo caso la complementan.