La globalización capitalista en clave de tratados comerciales

  • 19 Julio, 2017

    Luis Rico García-Amado, Lucía Bárcena, Luis González Reyes y Tom Kucharz (Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción)

    La creciente regulación supranacional limita la capacidad de los Estados y de los pueblos a decidir su futuro.

    (…) leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque son “comidos” por las grandes empresas agroindustriales; tanto como los obreros y pequeños empresarios porque no pueden competir con las grandes trasnacionales.

    EZLN. Sexta Declaración de la Selva Lacandona

    Aunque en pocas ocasiones un tratado comercial ha generado tanto debate público, el TTIP no es un tratado aislado, sino que es una pieza más en el entramado de la globalización capitalista, que podemos definir como la fase actual del capitalismo, dominada por la búsqueda del beneficio a cada vez más corto plazo a través del fomento de las exportaciones (principalmente en países del sur), la economía financiera (en países del norte) y las privatizaciones. El presente capítulo analiza los diferentes tratados y normas comerciales que han conformado dicho modelo, tanto aquellos que le dieron forma en el pasado, como los que, además del TTIP, se encuentran en estado de negociación o ratificación.

    Comercio para todos

    El 15 de octubre de 2015 la Comisión Europea presentó su nueva estrategia de comercio e inversión, denominada Comercio para todos. El nombre no era casual, pues se presentó en la misma semana en que millones de personas se manifestaban en todo el mundo, durante los Días internacionales de acción por la democracia, la justicia social y los servicios públicos, bajo el lema “Comercio para la gente” contra los tratados comerciales.

    Con esta estrategia la Comisión buscaba mitigar la oleada de críticas que estaba recibiendo su política comercial por parte de la ciudadanía por las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión con EEUU (TTIP) y del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA). A su vez trataba de renovar su imagen antes de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tendría lugar en diciembre de 2015 en Kenia, en la que los países del sur estaban reclamando cambios sustanciales tanto a la UE como a EEUU.

    El documento en el que se resume la estrategia no pasa de ser un texto edulcorado en el que la CE, tras recordar todas las bondades del comercio internacional para generar crecimiento y empleo, expone los tres pilares fundamentales: 1) Eficacia, para que las pymes, consumidores y trabajadores se puedan beneficiar, 2) Transparencia, del mismo modo que se ha hecho en el TTIP y 3) Valores, como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético, y la lucha contra la corrupción. Con ello, trata de justificar todos los tratados que tiene pendientes de aprobación (como Singapur o Canadá), en estado de negociación (como EEUU, China o Japón), los que tiene intención de abordar en el futuro (como Nueva Zelanda o Australia) o modernizar (como Chile y México). Así, la UE tiene pendiente cerrar acuerdos con 80 países, que se unirían a los 54 con los que ya ha firmado algún tipo de acuerdo comercial y de inversiones. Por si no fuera suficiente, los 28 países de la Unión Europea están negociando el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) con otros 22 países.

    Este entusiasmo por negociar tratados no es exclusivo de la UE. De hecho, a finales de 2015 se firmó el Tratado Transpacífico (TPP), que alberga a 12 países de la cuenca pacífica: EEUU, Japón, Brunei, Vietnam, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Chile, los cuales, salvo Brunei, Malasia, Vietnam y Singapur, también están presentes en las negociaciones del TISA. En Asia la ASEAN, la integración económica entre Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas, también está expandiendo la negociación de nuevos tratados comerciales.

    TTIP, TISA, CETA, TPP… esta sopa de letras hace constatar que estamos presenciando una fiebre negociadora de tratados comerciales y de inversión similar a la de los años 90 del siglo pasado, cuando se aprobaron muchos de los Tratados que apuntalaron la globalización: el Tratado de Maastricht que dio lugar a la Unión Europea, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, EEUU y México, además de muchos de gran envergadura que nunca llegaron a ver la luz, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), por la fuerte oposición que tuvieron en las calles.

    Pese a que los tratados iniciales se centraban fundamentalmente en las medidas arancelarias (tratados de 1ª generación), con el tiempo se han ido complejizando y han abarcado ámbitos mucho más amplios que los estrictamente comerciales. De hecho, los tratados actuales cada vez dan más peso a la “apertura de mercados” (eufemismo para denominar las privatizaciones), a los aspectos reguladores (tratados de 2ª, 3ª y 4ª generación), e incluyen la protección de las inversiones, que previamente se solía negociar por separado.

    Los tratados comerciales y de inversión suponen una creciente regulación supranacional que limita la capacidad de los Estados y de los pueblos a decidir su futuro. El TPP, por ejemplo, consta de unas 5.600 páginas de obligaciones para los Estados firmantes, curiosamente ninguna de ellas relacionadas con los derechos humanos o el medio ambiente. Esto hace cuestionar de manera fehaciente la denominación que muchas veces se ha otorgado a estos acuerdos: Tratado de Libre Comercio. Poco tiene de libre la obligación a privatizar un servicio público, la prohibición a que el campesinado intercambie semillas, el aumento del tiempo de duración de las patentes de los medicamentos, u otorgar el derecho a los inversores extranjeros de demandar a los países ante tribunales privados si alguna nueva ley destinada a proteger a la ciudadanía choca con el lucro de los primeros.

    Con todo, la multitud de tratados que se están negociando a escala planetaria marcan una nueva ofensiva por regular el comercio mundial en favor de las grandes empresas. Porque, pese a los valores que dice defender la UE, como veremos a continuación, estos tratados “fomentan un marco legal que permite a las corporaciones transnacionales imponerse al resto, en un sistema cada vez más desigual, que destruye empleo, desplaza al pequeño comercio, daña los ecosistemas y tensa más el conflicto social, allanando el camino a una globalización capitalista aún más salvaje” (Bárcena et al., 2015). De hecho, no hay grandes diferencias entre los tratados, ya que, en palabras de la Internacional de Servicios Públicos “a pesar de la desconcertante variedad de siglas, todas estas negociaciones tienden a perseguir un programa similar impulsado por las empresas. Cada acuerdo se convierte en la base para el próximo, en un estado de perpetua negociación y renegociación” (Sinclair y Mertins-Kirkwood, 2014).

    Nunca había habido tanto interés por el comercio

    Al inicio de las negociaciones sobre el TTIP, al ser interpelada por la falta de transparencia con que se estaban llevando a cabo, la Comisión Europea se mostró sorprendida por el interés que despertaban los tratados comerciales en la sociedad civil. En este ejercicio de amnesia, muy probablemente deliberado, la Comisión omitía las protestas del movimiento antiglobalización, que contribuyó de manera significativa a que muchos de los tratados negociados en los años 1990 y 2000 no consiguieran llegar a buen puerto.

    De hecho, la cantidad de tratados bilaterales o regionales son en gran parte fruto del fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en el seno de la OMC. La Ronda de Doha, que comenzó en 2001, pretendía continuar el proceso de globalización que se había iniciado en 1995 con la Ronda de Uruguay, momento en que se creó la OMC y que sentó las bases del proceso de globalización. A imagen y semejanza de tratados comerciales ya en vigor, como el TLCAN, la OMC buscaba bajar los aranceles a escala global, pero también fomentar el comercio de bienes y servicios, proteger las patentes y la inversión extranjera y revisar el marco regulador de los países para favorecer el comercio internacional.

    Aunque la OMC se autodefinió como una institución democrática, en la que las decisiones se toman por consenso, en la práctica el formato de negociaciones en pequeños grupos cerrados (2) y el poder económico, político y militar de EE. UU. y de la UE, hicieron que, desde los orígenes estas dos potencias, con el apoyo de Japón y Canadá, lideraran todos los procesos. Las medidas alcanzadas en la OMC pretendían apuntalar el orden neoliberal ideado en EEUU y Reino Unido e instaurado en la década anterior en muchos países del sur, tras fuertes ajustes estructurales promovidos por el Fondo Monetario Internacional para reajustar la deuda externa que tenían, lo cual vino en ocasiones acompañado de la imposición de regímenes militares, apoyo a grupos paramilitares y la alianza del poder global con las elites económicas nacionales de estos países.

    La lógica económica tras la que se operaba consistía en suponer que la privatización atraería la inversión extranjera directa, que a su vez fomentaría el crecimiento y el empleo. Además, la orientación hacia la exportación se basaba en la teoría de las ventajas comparativas postulada por David Ricardo, que estipula que si cada país se especializa en aquellos productos en los que es más competitivo, todo el mundo gana.

    Uno de los hitos principales de la Ronda de Uruguay fue precisamente el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), que fomentaba la prestación privada de los mismos y la obligación de no favorecer a las empresas nacionales. Aunque el acuerdo no obliga a los estados a privatizar, sí que eleva los costes de la expansión de servicios existentes o la creación de nuevos y fortalece la capacidad de negociación e influencia de los promotores privados. Pese a que en su artículo I.3 excluye de este acuerdo los servicios suministrados “en ejercicio de facultades gubernamentales”, esta exclusión queda en agua de borrajas al definir dicho ejercicio como “todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Esto proporciona una escasa o nula protección efectiva para los servicios públicos, que en la práctica existen como una combinación compleja, constantemente cambiante, de financiación pública y privada. Aun así, en el AGCS existen una serie de posibilidades de exenciones específicas, bien a través de no asumir los compromisos dentro de un sector o bien adoptando limitaciones contra algunas obligaciones.

    Para proteger la inversión privada se aprobó también el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que fortalecía la legislación sobre propiedad intelectual y se fomentaron los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), por los que, a través de una serie de cláusulas, se otorgaba el derecho exclusivo a los inversores extranjeros de demandar, ante tribunales privados poco transparentes, a aquellos estados en los que nuevas regulaciones o fallos judiciales supusieran pérdidas de beneficios.

    El Acuerdo de Carta de la Energía y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) surgieron también con el objetivo de proteger las inversiones en el marco de acuerdos multilaterales. El primero se firmó para proteger las inversiones en el sector energético en países del este europeo tras el desmantelamiento del régimen soviético, mientras que el segundo, negociado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que representa a los principales países occidentales, buscaba la protección de todas las inversiones entre los países firmantes a través de las mismas cláusulas encontradas en los APPRI.

    Sin embargo, el AMI nunca se llegó a firmar. Las protestas globales contra el acuerdo hicieron descarrilar las negociaciones en 1998, cuando Francia decidió salirse por considerar que el acuerdo ponía en riesgo la soberanía nacional. El AMI sería el primero de varios acuerdos multilaterales que no vieron la luz.

    La Ronda de Doha tendría un desenlace similar. Su objetivo era avanzar en las medidas alcanzadas en la ronda anterior, abriendo nuevos sectores al mercado global, principalmente la agricultura y los servicios públicos, haciendo especial hincapié en la apertura de la contratación pública. Las protestas contra la OMC, cada vez más numerosas desde que el movimiento antiglobalización bloqueara la reunión ministerial de la OMC de Seattle en 1999, junto con un sector de 20 países, liderados por China, Brasil, India y Sudáfrica, que se confrontaron a la UE y a EE. UU. en los temas agrarios, hicieron que las negociaciones se estancaran en la reunión de Cancún en 2003 y reventaran finalmente en la reunión de Génova en 2008. Desde entonces la Ronda de Doha ha avanzado muy poco.

    Un destino parejo tendría el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovido a principios de siglo por EE. UU. para expandir el TLCAN a todo el territorio americano. Las protestas de todo el continente, que llevaba 2 décadas sufriendo las políticas neoliberales, junto con el surgimiento de gobiernos aupados por movimientos populares en Argentina, Brasil y especialmente Venezuela y Bolivia, tumbaron las negociaciones en 2005.

    Ante los fracasos de las negociaciones multilaterales, la estrategia de EEUU y la UE pasó por promover los tratados bilaterales, negociados prácticamente en la sombra. Así, la Unión Europea se centró en firmar acuerdos de asociación económica (EPA) con países de África, Caribe y Pacífico, muchos de ellos encabezando el listado de países pobres y tratados comerciales con los países latinoamericanos afines a las políticas europeas como México, Chile, Colombia y Perú.

    El fracaso del AMI, a su vez, hizo que la estrategia de protección de las inversiones extranjeras se centrará en los APPRIs a través de acuerdos bilaterales en la mayoría de los casos. Si la década de los 90 comenzó con menos de 50 de estos tratados firmados, en 2010 ya se acumulaban más de 3000 a escala global.

    El Fin de la Historia

    La fuerte oposición a los tratados comerciales globales tenía relación directa a las consecuencias de las políticas neoliberales en la ciudadanía y en el medioambiente. Se había prometido que dicho paradigma iba a dar lugar a lo que Francis Fukuyama, tras la caída del muro de Berlín, había denominado “el fin de la historia”: “el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas, donde los hombres satisfarían sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas” (Fukuyama,1992). Y la globalización económica se veía como el principal camino para llegar a ese paraíso.

    Lejos de esa realidad, lo que ocurrió de manera general fue un aumento de las diferencias mundiales entre ricos y pobres. El 46% de los ingresos mundiales entre 1988 y 2011 fue a parar a la décima parta más rica de la población mundial y las diferencias económicas entre países ricos y países empobrecidos no ha dejado de crecer (3). La teoría de las ventajas comparativas omitía las diferencias de partida entre los países, por lo que la ventaja comparativa de los más empobrecidos tuvo más relación con la explotación laboral o de los recursos naturales. De esta manera los países del sur se especializaron en procesos extractivos o agrícolas, mientras que los del norte en productos procesados o financieros, en lo que algunos autores han denominado el intercambio ecológicamente desigual, por el cual el tiempo ecológico de producción de bienes es diferente en el norte (rápida producción) que en el sur, donde las mercancías tienen un tiempo de producción de años, décadas o siglos, además de estar peor remuneradas y tener un mayor impacto ambiental.

    José Manuel Naredo y Antonio Valero lo explican con la Regla del Notario. En esa curva se ve el coste energético de un producto y su valor monetario (en porcentaje). Lo que se observa es que en las primeras etapas (supongamos la extracción de minerales) el coste energético sube mucho, pero el valor monetario poco. En las últimas etapas (comercialización de un Smartphone o cotización en bolsa de la empresa de móviles) el coste energético no sube mucho, pero su valor monetario sí. Esta regla describe claramente lo que sucede en la globalización, los procesos económicos de los países de sur se encuentran en los primeros tramos de la curva, al haberse especializado en la exportación de materias primas baratas, frente a los de los países ricos (a la derecha del gráfico), que exportan productos procesados, patentes o activos financieros muy caros, además de atraer el ahorro mundial. Así, la mayoría de las economías de los países africanos y latinoamericanos, dependen entre el 60% y el 100% de la extracción de recursos, lo que les sitúa en la parte izquierda de la curva de la Regla del Notario.

    La economía extractiva supone una presión mayor sobre los ecosistemas, por lo que, en muchas ocasiones, la apertura comercial de los países del sur se ha visto acompañada de una mayor destrucción de los mismos, aunque el proceso de degradación medioambiental ha sido global. Las consecuencias climáticas, por ejemplo, son claras. En 2001, 5,3 de las 22 gigatoneladas de CO2 que se vertieron a la atmósfera provenían del comercio internacional. Esta proporción muy probablemente haya aumentado, ya que la globalización ha venido acompañada de un aumento de las emisiones de los países, tanto si se cuenta solo el tejido productivo, como, y de manera más notoria, si se tienen en cuenta las emisiones incorporadas a los productos importados, especialmente en los países del norte. Por ejemplo, las emisiones de CO2 incorporadas a las importaciones del Estado español en 2005, supusieron el equivalente al 29% de su producción.

    Un reciente estudio de GRAIN (4) muestra las consecuencias climáticas del modelo agrario que fomentan los tratados comerciales: deforestación, un aumento de los monocultivos industriales (altamente consumidores de energía fósil) o el fomento de dietas basadas en productos que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como las carnes o los productos procesados. A modo de ejemplo, un estudio sobre una caja de cereales de desayuno encontró productos de más de 20 países de 4 continentes, emitiendo 264 g de CO2 por cada 100 g ingeridos. Roza ya el absurdo que la distancia media recorrida por una fruta en los supermercados españoles supere siempre los 2000 km, siendo el Estado español un país productor de fruta.

    Dicho modelo agrario no solo tiene efectos catastróficos sobre el clima sino que destruye al pequeño campesinado de los países del sur. Los tratados comerciales han supuesto nuevas regulaciones que beneficiaban a las grandes empresas, como ocurrió con México y Colombia tras sus acuerdos con EEUU. En el país azteca fue necesario modificar la constitución para permitir la privatización de las tierras comunales. El sudamericano se vio obligado a prohibir el intercambio de semillas nativas o criollas para cumplir los compromisos del tratado, a través de la ley 970/2010, también conocida como Ley Monsanto. El campesinado del sur, además, se ha visto arruinado por los productos altamente subvencionados de EEUU y la UE. El caso de México es paradigmático, ya que tras la firma del TLCAN, los precios del maíz descendieron un 66% y en los siguientes 10 años México perdió 1,3 millones de campesinos. Algo similar sucedió en el este asiático.

    Si el TLCAN supuso la pérdida de empleos en el sector agrario en México, en EEUU también sufrieron la pérdida de empleo. El tratado supuso la destrucción neta de un millón de puestos laborales en los diez primeros años, frente a la creación de 200.000 empleos anuales que Bill Clinton, a la sazón presidente de EEUU, había prometido tras su firma. Esto se debió fundamentalmente a la deslocalización de empresas a México, donde los salarios y la capacidad adquisitiva de la población descendieron tras la firma del TLCAN.

    Estas consecuencias no han sido exclusivas del TLCAN. Las reestructuraciones y deslocalizaciones en diferentes sectores de la economía que se suelen dar tras la firma de acuerdos comerciales suelen venir acompañadas de pérdida de empleo. Así fue en varios países africanos y latinoamericanos tras su apertura comercial. Lo mismo ocurrió en el Estado español tras el ingreso a la Unión Europea, lo que dejó como principales sectores económicos el turismo y el ladrillo. A su vez, los salarios han disminuido globalmente respecto al aumento de la productividad, a los sueldos de las personas directivas y a las retribuciones provenientes de la economía financiera.

    Además, el fomento de las privatizaciones supuso introducir la lógica del lucro en servicios esenciales para la población, lo que conllevó en muchas ocasiones el deterioro y encarecimiento de la prestación, afectando especialmente a la población más empobrecida que en ocasiones vio los suministros cortados. Ejemplos de ello fueron la guerra del agua en Cochabamba, donde la población se rebeló tras el incremento de los precios y los cortes a la población más pobre tras adquirir el servicio la empresa Bechtel o en Nicaragua, donde Unión Fenosa realizó una política similar. Esto es lo que se ha denominado La tragedia de lo privado, que está llevando a muchos gobiernos a procesos de remunicipalización de los servicios públicos. Cabe destacar, a modo de ejemplo, que 180 ciudades, como Berlín, París, Buenos Aires o La Paz han decidido remunicipalizar los servicios de agua.

    Por otro lado, el acuerdo sobre los ADPIC tuvo como efecto inmediato el encarecimiento de los medicamentos, especialmente en países del sur que vieron como tuvieron que reforzar la protección de las patentes, lo que entró en colisión con el derecho a la salud. El alargamiento de la vida de las patentes en los medicamentos se justificó por el hecho de que éstas fomentaban la investigación y la innovación. Sin embargo, la literatura científica al respecto demuestra que no es así, por lo que la protección excesiva de la propiedad intelectual en el terreno de los medicamentos ha beneficiado principalmente a las multinacionales farmacéuticas.

    Las consecuencias de la globalización no han sido iguales para hombres y mujeres. Las peores condiciones laborales, unidas a la privatización de servicios públicos y el encarecimiento de los medicamentos perpetúan las desigualdades de género. En primer lugar, las mujeres han ocupado los puestos laborales más precarios, como ocurrió en las maquilas mexicanas o con la floricultura colombiana. A su vez se han invisibilizado las tareas de las mujeres en la producción económica, especialmente en la agricultura e industria extractivista. Y en el ámbito de los cuidados, la privatización de los servicios públicos, su provisión por empresas transnacionales y la inclusión de la lógica del lucro, suele devenir en la exclusión de la población más empobrecida, que no puede pagar los servicios privatizados, lo que aumenta la precariedad y la carga doméstica de la vida de dichas poblaciones (cuidado de niños/as, personas mayores o con enfermedad, limpieza, educación, etc.). En estos casos, dado que vivimos en un sistema patriarcal donde los trabajos de cuidados no están valorados ni socialmente ni económicamente y no suele existir la corresponsabilidad, las mujeres aún llevan el peso de dichas tareas y sufren más su precarización. Y, por lo general, si surgen dificultades para conciliar el empleo y el trabajo doméstico las mujeres abandonan el empleo o se sobrecargan con dobles o triples jornadas.

    Todas estas políticas se vieron reforzada por los sistemas de protección de las inversiones de los APPRIs (Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones). El mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que hasta 1987 era un total desconocido, empezó a ser utilizado por los inversores extranjeros para desafiar cualquier cambio legislativo. Con ello, los estados perdieron soberanía para desarrollar políticas que protegieran los derechos de la ciudadanía y se vieron incapacitados para revertir la agenda neoliberal de gobiernos anteriores.

    Con todo, la globalización ha supuesto un aumento del poder en la sombra de las grandes corporaciones, que han privatizado los beneficios y socializado las pérdidas. Han aumentado la capacidad de acumulación, de influencia sobre los gobiernos e incluso de aniquilar a quienes se oponen, en lo que se conoce como arquitectura de la impunidad (5) (Buxton y Bélanger Dumontie, 2015).

    En ese proceso, la UE y EEUU han sido cómplices. La última conferencia ministerial de la OMC en Kenia en diciembre de 2015 refleja la verdadera agenda de estas dos potencias frente a los países del sur en temas comerciales. Los últimos habían solicitado la denominada triple R: reformar la OMC, reparar el desequilibrio de las rondas anteriores y los acuerdos de la OMC, y revisar el tratamiento especial provisto para el desarrollo de los países empobrecidos, de modo que asegure el cumplimiento de sus objetivos. Como respuesta, han obtenido vagas promesas de que estas preocupaciones se abordarán siempre que adquieran un compromiso mayor de apertura comercial que en ninguna de las rondas anteriores. Ante estas demandas, EE. UU. dejó claro que para ellos la Ronda de Doha había muerto y la UE, pese a la supuesta retórica centrada en valores como el comercio justo y ético, tampoco hizo ningún movimiento para contentar a los países del sur y reparar las consecuencias de las políticas pasadas.

    Los tratados de nueva generación

    Para acallar las críticas, tanto la UE como EEUU presumen de que los tratados comerciales recientemente negociados o en vías de negociación son de nueva generación, donde los valores y la cooperación política ganan peso (CE, 2015). No se trata de ninguna novedad, pues acuerdos anteriores como TLCAN o el Tratado de Lisboa ya hacen referencia a los derechos humanos y al desarrollo. Sin embargo, mientras que estos textos regulan de manera detallada todos los aspectos económicos, de corte claramente neoliberal, no pasan de meras declaraciones de intenciones, en el mejor de los casos, en los temas ambientales y sociales. El capítulo ambiental del TTIP, es otro ejemplo de lo mismo.

    Así, un análisis cauteloso de los textos hace ver que las propuestas de cambios que la UE y EEUU han promulgado a los cuatro vientos siguen sin pasar de ser meros cambios estéticos. Además de los ya presentados en el TTIP, ampliamente analizados en este libro, el resto de tratados actuales presentan patrones similares.

    TISA, profundizando el AGCS (Acuerdo General de Comercio de Servicios)

    Este tratado está siendo negociado por Australia, Canadá, Chile, República China (Taiwán), Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (en representación de sus 28 estados miembros). Estos países, que han sido los principales defensores de la privatización de los servicios en las negociaciones sobre los servicios de la Ronda de Doha, en un alarde de originalidad, egolatría y sarcasmo se han autodenominado “los verdaderos buenos amigos de los servicios” (CE, 2013), aunque hay quien prefiera denominarlos “los verdaderos buenos amigos de las corporaciones transnacionales” (Gould, 2014).

    Atendiendo a quién está promoviendo este acuerdo, el segundo nombre no va muy desencaminado. La Coalición Mundial de Servicios (GSC, por sus siglas en inglés), un lobby empresarial en el ámbito de los servicios, reconoció que el TISA había sido concebido “para disipar la frustración de las empresas por el estancamiento de los resultados de la Ronda de Doha relativos a los servicios”.

    El primer problema que presenta el tratado es su secretismo. Dado que ha recibido mucha menor atención que el TTIP, los esfuerzos por mostrar los borradores por parte de los susodichos “amigos” han sido nulos. De hecho, la principal fuente de información ha sido Wikileaks.

    Como bien definía la GSC, el propósito de TISA es ir un paso más allá del AGCS, y parte del mandato de que cada participante debe igualar o superar el nivel más alto de compromisos contraídos en materia de servicios. Al igual que el acuerdo de la OMC, se aplicaría a todas las formas posibles de prestar un servicio a escala internacional. Esto incluye los servicios transfronterizos (Modo 1 del AGCS), tales como la telemedicina, la educación a distancia o las apuestas en internet; el consumo en el extranjero (Modo 2 del AGCS) en áreas como el turismo o el turismo médico; la inversión extranjera directa (Modo 3 del AGCS), como el establecimiento de una sucursal de un banco en otro país o el suministro de agua o servicios de energía por parte de una empresa multinacional; y el movimiento temporal de personas (Modo 4 del AGCS), como enfermeras, empleados del hogar o ejecutivos de empresas que viajan al extranjero con carácter temporal.

    Sin embargo, presenta una serie de variantes con el AGCS que hace al Tratado más favorable a la privatización de los servicios públicos. En primer lugar, se afronta la liberalización de servicios desde una lista negativa. Esto supone que aquello que no esté en la lista ha de ser sujeto a la apertura comercial, bajo la lógica lístalo o piérdelo, comprometiendo el futuro de los países. Por si fuera poco, los mecanismos de trinquete y de mantenimiento del statu quo refuerzan esta dinámica. La primera requiere que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo (acceso al mercado, trato nacional, trato de nación más favorecida) se realice en la dirección de una mayor conformidad con el acuerdo, no menos”. La segunda dificulta enormemente la reversión de las privatizaciones, más aún en el caso de que exista algún APPRI que puedan usar los inversores privados. A su vez, existe el riesgo de que se endurezcan las pruebas de necesidad, que son aquellas que obligan a los estados a demostrar que la reglamentación en materia de servicios públicos no es más tediosa de lo necesario.

    Con todo, el TISA, al igual que el AGCS o el TTIP, no obliga a privatizar. Sin embargo, aumenta un poco más la ya fuerte presión para abrir el mercado de servicios públicos. Como advierte la Internacional de Servicios Públicos: “Los defensores del interés público que tratan de excluir sectores esenciales o políticas públicas clave de estos tratados deben ganar cada vez, mientras que los grupos de presión empresariales que se focalizan en estas políticas sólo necesitan ganar una vez. De un plumazo, un solo gobierno neoliberal puede básicamente bloquear a todos los gobiernos futuros en una camisa de fuerza política”. (Sinclair y Mertins-Kirkwood, 2015)

    CETA, el hermano no tan pequeño del TTIP

    El CETA se ha adelantado al TTIP en unos cuatro años. Esto ha permitido al considerado hermano pequeño del TTIP llegar a las fases finales de la negociación casi sin hacer ruido. Solo cuando las negociaciones del TTIP se solaparon con las del CETA hubo protestas contra el segundo, pero las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas como para detenerlas. Se firmó en otoño de 2014 y está a la espera de ratificación.

    El texto del CETA muestra las mismas preocupaciones que las que alberga el TTIP. Fomenta las privatizaciones, también con el formato de lista negativa y exhorta a los gobiernos a abrir al mercado global los procesos de licitación pública, incluyendo los regionales y municipales. Además, incluye muchos de los mecanismos de la coherencia reguladora existente en el TTIP: propuestas para converger el marco regulador, intercambio de información de la regulación que se piensa aprobar en cada lugar, realización de evaluaciones de los impactos al comercio de dichas regulaciones y el mecanismo de alerta temprana por el cual las multinacionales pueden hacer propuestas en los estadios iniciales del desarrollo de la legislación. De hecho, el CETA cuenta entre sus víctimas la Directiva de Calidad de los Combustibles, que pretendía discriminar los combustibles fósiles según las emisiones de CO2, algo a lo que Canadá se oponía porque iba en contra de la industria de petróleo pesado que extrae en la provincia de Alberta.

    El capítulo de Protección de las Inversiones del CETA también es fuente de preocupación. Pese a sus sucesivas reformas, la última de las cuales parece que intenta sustituir el mecanismo ISDS por el de Sistema Judicial de Inversiones (ICS) propuesto para el TTIP, sigue manteniendo los mismos problemas para la democracia que los APPRIs. Canadá, por ejemplo, tiene una industria minera muy desarrollada, con amplia experiencia en demandar países bajo el mecanismo ISDS. De hecho, no ha hecho falta que el CETA entrara en vigor para que el Estado español reciba una demanda de una empresa canadiense, que ha utilizado una filial panameña para denunciar a través de un APPRI firmado entre España y Panamá. El recurso del uso de filiales serviría, una vez ratificado el CETA, para que la mayoría de multinacionales estadounidenses pudieran demandar a los Estados miembro de la UE sin necesidad del TTIP, ya que todas ellas tienen sede en Canadá (Eberhardt et al., 2014).

    TPP: EEUU se expande hacia el oeste

    El TPP se considera un TLCAN+, es decir una ampliación del tratado norteamericano a países afines de toda la cuenca pacífica. Es el principal intento de EEUU por tratar de aislar a China de sus vecinos más próximos. El exhaustivo texto, que solo fue conocido por la población y los parlamentos de los diferentes países integrantes una vez firmado, da continuidad a muchos de los problemas enumerados en el TLCAN. Dadas las diferencias socioeconómicas entre los firmantes del acuerdo es difícil que el TPP no dé lugar a profundos procesos de reconversión y deslocalización, con el subsiguiente impacto en el empleo, especialmente en los pequeños agricultores. Además, EEUU ha conseguido alargar la duración de las patentes de los medicamentos en los países firmantes.

    Comercio para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el buen gobierno

    Siguiendo la máxima de repetir una mentira hasta que sea cierta, la Comisión Europea insiste, en la estrategia “comercio para todos”, en que persigue un modelo comercial que promueva el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el buen gobierno. Sería mucho más honesto hablar de la necesidad de expansión del capitalismo abarcando más territorios o más ámbitos de negocio, especialmente en periodos de crisis.

    Aunque no lo promulgue mucho, la Comisión Europea reconoce que las negociaciones son una manera de salir de la crisis. La crisis se produce a su vez en un contexto de lucha por la hegemonía mundial entre las elites de las viejas potencias occidentales (EEUU y la UE principalmente) y las de los BRICS (6). En un planeta globalizado donde la hegemonía se disputa fundamentalmente en el terreno económico a través de la expansión comercial, la manera de aumentar la competitividad para ganar esa batalla pasa fundamentalmente por una mayor explotación de las personas y de los recursos naturales. Y los tratados comerciales se presentan como una de las herramientas clave para definir las relaciones de poder global.

    Con los nuevos tratados las elites de la UE y EEUU tratan de mantener ese poder global, sentando las bases de los nuevos acuerdos comerciales, pactando únicamente con los aliados más fieles, aquellos que van a dar pocos problemas. Una vez aprobados el resto de países sólo tendrán la opción de sumarse al tratado pactado o quedarse fuera. Es paradójico que la UE hable de un comercio inclusivo, que atienda a las demandas de los países del sur, pero a la vez, a través de TTIP, CETA o TISA reconozca que quieren sentar las bases del comercio global del siglo XXI, donde no están invitados muchos de los países del sur, que tienen todas las de perder en la batalla entre los BRICS y las potencias clásicas de la OCDE.

    En la disputa por la hegemonía mundial, lo que no han sabido, o no han querido entender, las elites globales, es que a este contexto internacional hay que añadir la crisis energética y de materiales (ecológica al fin y al cabo). Obviando la segunda (lo cual no es baladí, puesto que sin ir más lejos la agricultura es altamente dependiente del fósforo, cuyo pico parece haber sido sobrepasado) y centrándonos exclusivamente en la primera, unos simples ejercicios matemáticos tornan los escenarios de comercio internacional en ridículos a medio plazo: el transporte depende en un 98% de los combustibles fósiles, el pico del petróleo convencional se alcanzó en 2005, el del fracking en EE. UU. se alcanzó en 2015 y el del gas se espera para 2020; y, por ahora, no hay alternativa posible al transporte con otros medios energéticos (7). Con estos datos parece obvio que el comercio internacional no va a aumentar, sino todo lo contrario.

    Estos datos hacen más perentoria la necesidad de oponerse al modelo comercial derivado de la globalización y como nos recuerdan los zapatistas, cuyo alzamiento se produjo el mismo día que entraba en vigor en TLCAN: “construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción neoliberal”.

    (1) A lo largo del texto se utilizará la denominación países del sur para referirse fundamentalmente a los países empobrecidos o eufemísticamente llamados “en vías desarrollo”, y países del norte para referirse fundamentalmente a los países más enriquecidos, aquellos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se suelen denominar “países desarrollados” por entender que, aunque simplifica en exceso el panorama global, es útil a la hora de describir el funcionamiento del comercio internacional.

    (2) El proceso de toma de decisiones está basado en reuniones previas en la “sala verde” (Green room). En ella se dan cita representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la OCDE, y según los temas invitan a algunos países del sur que consideran claves para lograr el apoyo a sus ideas, excluyendo a todos los demás, cuya opinión se escucha con borradores muy avanzados y alianzas hechas.

    (3) Por ejemplo, si atendemos al indicador de PIB per cápita de los países de la OCDE frente a los de los países empobrecidos, en las estadísticas del Banco Mundial (BM), en los últimos 20 años se observa un crecimiento en la brecha entre ambos.

    (4) www.grain.org

    (5) Sin ir más lejos, mientras se escribía este texto fue asesinada en Honduras Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos.

    (6) Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

    (7). No hay espacio para desarrollar esta idea, pero los agrocombustibles tienen una tasa de retorno energética muy baja con respecto al petróleo y una necesidad de ocupación de espacio grandísima, al igual que las pilas de hidrógeno. Ni ellos, ni el transporte electrificado, pueden sustituir al de carretera y aún menos al marino, que abarca el grueso del transporte del comercio internacional.

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