¿Quién aprenderá a decidir?

El próximo 2 de agosto entra en vigor una nueva fase de aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). Durante estas semanas se publicarán numerosos análisis sobre las obligaciones que introduce la norma, los sistemas considerados de alto riesgo o las nuevas responsabilidades para empresas y administraciones. Los abogados adaptaremos contratos, políticas internas y protocolos de uso de IA, igual que hicimos en su día con el Reglamento General de Protección de Datos.

Es lógico que así sea. La Unión Europea ha querido situarse de nuevo a la vanguardia de la regulación tecnológica, convencida de que una innovación con un impacto tan profundo sobre la sociedad no puede desarrollarse al margen de la dignidad humana, la igualdad o la democracia. Celebro ese esfuerzo.

Sin embargo, mientras leía el Reglamento, no conseguía apartar de mi cabeza otra preocupación. El AI Act intenta responder a una pregunta imprescindible: qué límites debemos imponer a la inteligencia artificial. Pero creo que también nos obliga a formular otra, quizá más decisiva: cómo cambiará la inteligencia artificial la forma en que aprendemos a ejercer el criterio profesional.

Pensando en la abogacía, recordé una clase de Derecho Penal de segundo de carrera. Corría el año 1992. Mi profesor era el catedrático Miquel Prats Canut, uno de esos docentes que, más que explicar un temario, enseñaban una manera de pensar.

Un día lanzó una provocación que entonces sonaba a ciencia ficción. Decía que, si el trabajo del jurista consistiera únicamente en leer la ley y aplicarla a unos hechos, bastaría con construir una máquina: por un lado introduciríamos la descripción de los hechos; por otro, el Código Penal; la máquina devolvería la respuesta correcta.

Recuerdo las sonrisas en el aula. Aquella máquina pertenecía todavía al terreno de la imaginación.
Han pasado muchos años y  pregunta de mi profesor sigue siendo exactamente la misma.

Porque el problema nunca fue construir una máquina capaz de leer la ley. El verdadero problema era explicar por qué eso no basta para hacer justicia.

Los juristas convivimos desde hace siglos con la distinción romana entre la lex y el ius. La lex es la ley escrita; el ius aspira a algo más profundo: al Derecho entendido como instrumento de justicia. Entre ambos existe un espacio inmenso: el de la interpretación, donde los principios dialogan con los hechos y la prudencia evita que la aplicación mecánica de una norma termine produciendo una injusticia.

Por eso la sociedad nunca ha confiado en jueces y abogados únicamente porque “sepan” las leyes. Confía en ellos porque espera que sepan interpretarla con criterio. Ésa es precisamente la palabra que echo de menos en muchos debates sobre inteligencia artificial.

Vivimos fascinados por el conocimiento. Nunca había sido tan accesible. Hoy una inteligencia artificial puede localizar jurisprudencia, resumir doctrina o comparar legislaciones en segundos. Es extraordinario. Nos permite dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más a comprender el problema, formular mejores preguntas o explorar soluciones distintas y alternativas.

Eso es compatible con mi preocupación sobre cómo cambiará el aprendizaje de quienes empiezan. Durante generaciones, los abogados aprendimos redactando escritos que nuestros mentores devolvían llenos de anotaciones (y algún sermón). Aprendimos revisando mil veces el mismo documento, equivocándonos y observando cómo otros razonaban antes de decidir. Entonces creíamos que estábamos aprendiendo a redactar un escrito. Hoy creo que, en realidad, estábamos aprendiendo a pensar como juristas. Estábamos en el gimnasio del discernimiento jurídico.

Aquellas tareas aparentemente mecánicas eran el lugar donde se formaba la prudencia profesional. Porque el conocimiento nunca ha sido suficiente. Entre el conocimiento y la justicia existen, al menos, dos escalones.

El primero es el criterio: la capacidad de discernir, de distinguir lo relevante de lo accesorio y de comprender que las normas siempre se aplican sobre historias humanas concretas.

El segundo es la sabiduría. Una palabra casi desaparecida del lenguaje profesional. La sabiduría aparece cuando ese criterio deja de estar al servicio de la brillantez técnica y se pone al servicio del bien común. En el Derecho, ese bien común tiene un nombre muy concreto: justicia.

La inteligencia artificial podrá conocer las normas mucho mejor que nosotros. Pero conocer el Derecho nunca ha equivalido a hacer justicia. Entre ambas cosas media siempre una decisión humana. Y esa decisión requiere algo que no se puede adquirir por acumulación de datos: prudencia, discernimiento, oficio. 

Aristóteles llamaba phronesis a esa inteligencia práctica que permite decidir correctamente cuando no existe una respuesta perfecta. Los romanos distinguían entre la lex y el ius. Cambian las palabras, pero la intuición es la misma: el conocimiento necesita una brújula moral.

La economía social lleva décadas recordándonos que las organizaciones no solo producen bienes y servicios; también producen confianza, ciudadanía y responsabilidad compartida. Quizá por eso tenga tanto que aportar a este debate. Ninguna institución funciona únicamente gracias a sus normas. Funciona porque existen personas capaces de interpretarlas y asumir responsablemente las consecuencias de sus decisiones.

A veces pienso en el futuro de una manera muy sencilla. Quizá algún día tenga nietos. Y me pregunto qué abogados encontrarán cuando necesiten defender un derecho, qué jueces resolverán sus conflictos o qué médicos decidirán sobre su salud.

No me preocupa que trabajen acompañados por inteligencias artificiales mucho más sofisticadas que las actuales. Lo que me preocupa es que confundamos el acceso al conocimiento con la formación del juicio. Que una máquina sea capaz de ofrecer una respuesta convincente no significa que quien la utiliza haya recorrido el camino necesario para comprender cuándo esa respuesta debe aceptarse y cuándo debe cuestionarse.

Y me preocupa, sobre todo, que esa transformación termine afectando al acceso mismo a la justicia. La justicia no es un mercado. Es uno de los pilares de la democracia. Si algún día llegáramos a construir una justicia a dos velocidades —una profundamente deliberativa para quienes puedan pagar el mejor asesoramiento humano complementado por la mejor inteligencia artificial y otra automatizada para el resto— habríamos fracasado en la defensa de un derecho universal.

Hace algunos años falleció Miquel Prats Canut. Me habría gustado retomar con él aquella conversación iniciada en un aula universitaria. Me gusta imaginar que seguiríamos coincidiendo en lo esencial: el verdadero desafío nunca ha consistido en construir máquinas capaces de leer las leyes, sino en formar personas capaces de interpretarlas con criterio, ejercer su profesión con sabiduría y orientar ambas cosas hacia la justicia.

Porque el debate para mí no es qué máquinas seremos capaces de construir sino cómo formaremos a las personas que tomarán las decisiones en el futuro. O simplemente, el debate sea qué personas queremos ser.