Salir de la trampa. Cooperación público-comunitaria para democratizar la economía

Un trampantojo es una técnica pictórica para engañar a la vista mediante perspectivas, sombras, efectos ópticos y simulaciones. El pintor catalán Pere Bonell del Caso pintaba en 1874 Huyendo de la crítica, donde podemos ver a un niño saliendo del propio cuadro antes de que las críticas lo ataquen. Este simula no ser parte de la pintura cuando es su protagonista principal, tratando de escapar de la representación a la realidad.

Este cuadro viene a mi cabeza siempre que pienso en la cooperación público-privada, pues en términos culturales y económicos es uno de los mejores engaños a los que nos ha sometido el mercado. Una trampa basada en una colaboración restringida, movida por el interés mercantil, donde las instituciones corren con los principales riesgos (inversiones, cambios normativos, compromisos jurídicos…), se prioriza la participación de actores corporativos con elevado nivel de influencia, se externalizan los posibles efectos negativos (deterioro del servicio, subida de tarifas, precarización del empleo, falta de transparencia…) y, finalmente, se privatizan los beneficios.

La popularización de esta fórmula provoca disimuladamente que el mercado colonice nuestros imaginarios, las administraciones se vean prisioneras de este marco y las corporaciones terminen manejando el presupuesto público. El bueno de John Steinbeck solía decir que el ser humano es el único zorro que instala una trampa, le pone carnaza y luego mete la pata. Así que no debe sorprendernos que esta llamada a optimizar el funcionamiento del sector público haya coincidido con el aumento de la desigualdad social, el deterioro y privatización de los servicios públicos o la expansión de la precariedad y la inseguridad para proyectarse vitalmente hacia el futuro.

Solo quien sabe que está en medio de una trampa tiene mayores oportunidades de escapar. Hay que denunciar el trampantojo imponiendo un marco alternativo que lo retrate.

Cooperación público-comunitaria para democratizar la economía

Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Resulta imprescindible modelar un estatuto particular para defender y consolidar la cooperación público-comunitaria. Es preciso esbozar un marco que se diferencie de la cooperación público-privada, con la que una parte de la economía social y solidaria, el tercer sector y los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. Y esta inercia se ve fortalecida por la inexistencia de categorías jurídicas específicas, la escasez de convenios de colaboración o fórmulas reconocidas de forma generalizada.

En una investigación que hemos elaborado recientemente desde el Foro Transiciones constatamos que los paternariados público-cooperativos sería una de las líneas clave para impulsar estos marcos; junto al refuerzo de las dinámicas de autoorganización vecinal y comunitaria, la gestión cívica de equipamientos y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio con las universidades.

Malos tiempos y buenas prácticas

Al pensar en el desarrollo de partenariados público-cooperativos parece que hubiera que realizar un enorme ejercicio de creatividad institucional para desarrollar mecanismos con los que fortalecer a la economía social y solidaria; cuando, para empezar, simplemente se trataría de ofrecer un marco diferenciado donde agrupar todas las herramientas existentes, demostrar un compromiso político y abrir la puerta a nuevas fórmulas de colaboración.

Resulta sorprendente la existencia de un enorme catálogo de herramientas que existen actualmente para desplegar estos mecanismos de colaboración en la esfera local. Las fórmulas legales existen pero se encuentran infrautilizadas debido a una falta de voluntad política. El desconocimiento técnico de muchas de estas posibilidades es más sencillo de corregir que la desgana para aplicarlas existente en muchos gobiernos

Y lo más importante es que no se trata de propuestas fantasiosas, sino que dispersas por toda nuestra geografía hay muchas experiencias inspiradoras. En el informe hemos sistematizado más de medio centenar de exitosas formas de colaboración entre administraciones públicas y tejidos sociocomunitarios.

Ateneos Cooperativos de Cataluña. Desde 2016, la Generalitat y el tejido cooperativo catalán han promovido en toda su geografía la creación de polos cooperativos entendidos como ecosistemas territoriales de cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales o agrupaciones sin personalidad jurídica y poner el acento en la acción económica mancomunada, colaborativa y el retorno comunitario. Hay 14 Ateneos repartidos por las distintas comarcas, donde participan en total más de 360 entidades.

Cooperativas Populares en Euskal Herria. Estructura socioeconómica diseñada para la promoción de proyectos y la prestación de servicios que un pueblo o barrio necesita. Con un predominio de la ciudadanía organizada, los agentes de la economía social y solidaria y las instituciones públicas se reúnen en ella con un objetivo común. Las administraciones pueden tener un máximo de un 50 % del capital de estas cooperativas. Las experiencias se han iniciado en poblaciones que sufren una situación de despoblamiento y/o escasez de servicios, ubicadas en zonas rurales (Goizueta, Usurbil, Azpeitia, Lizarra…). A través de un primer proyecto estratégico para la calidad de vida de la comunidad local, salvar la única tienda de alimentos, un mercado municipal o una gasolinera.

Hernani Burujabe. Una experiencia de planificación estratégica municipal participada con enfoque ecosocial, que aglutina al tejido económico, social y administrativo. Esta se basa en la construcción de soberanías en los campos que son estratégicos para la reproducción de la vida en común: moneda, energía, cuidados, biodiversidad, telecomunicaciones, alimentación, trabajo y vivienda. El objetivo es transferir poder y recursos para que se organice la ciudadanía en base a la planificación comunitaria y la gestión cooperativa, contando con la promoción pública. En torno a la iniciativa hay 16 organizaciones, personas voluntarias, técnicas municipales y empleadas de las cooperativas; implicando a 2.500 personas, muchas de las cuales son socias de las cooperativas generadas. comunidad energética, cooperativa de cuidados, moneda local, compra de tierras de cultivo, tienda de productos de proximidad…

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La profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos sólo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación entre instituciones públicas y sociedad civil.

Allí donde lo sencillo sería encontrar insuficiencias, carencias y defectos, el desafío es resaltar sus capacidades y adivinar las claves que pueden hacer de las pequeñas alternativas realidades más factibles, creíbles e inspiradoras. Tenemos la responsabilidad de ver el enorme árbol en la pequeña semilla. Difícil no es imposible.

** Este ámbito de actuación y las potencialidades de la cooperación cooproducción público-comunitaria será uno de los ejes de debate del próximo encuentro de Idearia que tendrá lugar en Pamplona del 8 al 10 de mayo. Más información aquí.