La temporalidad en las administraciones públicas es, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2021, superior a la del sector privado: de media, afecta al 31% del total de contratos.
Las Administraciones públicas, empezando por los Ayuntamientos, pueden utilizar los contratos que cierran con distintas empresas proveedoras como un instrumento para conseguir mejoras medioambientales y sociales.
El nuevo número de la revista del centro de investigación de la economía social CIRIEC España, está coordinado por los profesores Francisco Salinas, María Chivite y Noelia Muñoz, de la Universidad Católica de Ávila.
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