Alargar las suspensiones temporales de empleo, una necesidad más allá del Estado de alarma

La evolución del empleo siempre va un poco por detrás de los trompicones de la economía. De momento, sin Semana Santa y en confinamiento, abril ha resultado nefasto. Hoy tenemos a más de 8,3 millones de personas bien sin trabajar bien con el contrato suspendido o al ralentí. Es imperativo alargar las suspensiones temporales de empleo, sobre todo en sectores como el turismo, que tardarán mucho tiempo en levantar cabeza.

Mayo ha arrancado con 3,83 millones de personas en paro, que se suman a 4,4 millones de personas más afectadas por suspensiones temporales de empleo, reducciones de jornada o beneficiarias de prestaciones por ceses de actividad en el caso del régimen de autónomos. La cifra apabullante de más de  8,3 millones de ciudadanos y ciudadanas paralizados, que engloba realidades muy distintas en cuanto a situación técnica y prestaciones, da idea del frenazo forzoso de la actividad que ha supuesto la pandemia en España. Son 5,2 millones quienes reciben alguna prestación, que según la ministra María Jesús Montero, le costarán este año a las arcas públicas un total de 23.700 millones de euros.  

El Gobierno intenta poner en perspectiva las cifras del paro. Ciertamente, el momento más terrible de la crisis anterior, la iniciada en 2008, fue, en términos de paro, el inicio del año 2013, con un 26,7% de tasa de desempleo. Se trata de una cifra inaudita en Europa (salvo el caso de Grecia) y que costó lo suyo que bajara del 20%. Ahora, la previsión del Ejecutivo para final de año es que este indicador alcance el 19%, y que baje al 17,2% el año próximo. 

El Ejecutivo pone también el acento en el hecho de que el golpe duro al empleo se produjera, sobre todo, las últimas dos semanas de marzo y las dos primeras de abril, mientras que la tendencia no fue tan brusca en la última quincena de abril, lo que sugeriría que lo peor ya pasó. Igualmente, recuerda que estar afectado por un expediente de regulación no significa técnicamente estar en paro. Y pese a la conmoción que causan los datos, tampoco pueden encajarse con sorpresa, visto el confinamiento casi general.

Pero no se pueden aplicar paliativos a cifras tan tremendos. En solo mes y medio la Seguridad Social ha perdido cerca de 948.000 cotizantes. El paro registrado en abril, un mes que suele ser muy bueno para el mercado laboral, subió otro 7,9% (282.891 demandantes de empleo más). Y la situación sería incluso más tremenda sin el efecto amortiguador de los ERTE, que hasta ahora, según cifras oficiales del Ministerio de Empleo, afectan a 3,4 millones de personas trabajadoras, el 90% de los cuales motivados por fuerza mayor ligada a la pandemia. Técnicamente, no puede hablarse de desempleados: siguen dados de alta, y hacerse cargo de prestaciones y cotizaciones se traduce en 20.000 millones de euros (otros 3.700 millones van para ceses de actividad de autónomos).

Los expedientes son una protección expresa de quienes trabajan, a la par que, vía cotizaciones sociales y junto a aplazamientos de impuestos, ahorra costes a las empresas.  Es cierto que la crisis actual y la anterior parten de dos situaciones de origen radicalmente distintas. Pese a los problemas estructurales de nuestra economía, es una causa externa, un virus, lo que ha provocado una especie de huelga patronal obligatoria instigada por las autoridades por el bien de la salud pública, que tritura o congela el empleo. No se trata ahora de burbujas que se vengan amasando, aunque España afronte el panorama con una economía altamente endeudada y recaudación mermada. 

Y también es verdad que no todo el paro que hay puede atribuirse a la covid-19. A 30 de abril, había 667.000 parados más que un año antes, pero el impacto real que barajan los expertos puede llegar casi a los dos millones de personas. El paro siempre va por detrás de los batacazos en la generación de riqueza. Además, el mercado laboral de hoy se enfrenta a esta crisis más precarizado que hace diez años, y la pobreza laboral es mayor. El sector servicios se ha ensanchado. Y los trabajadores temporales, particularmente elevados entre las personas más jóvenes, son los principales perjudicados. De los 673.149 contratos firmados el mes pasado, más de 614.000 fueron con fecha a término.  

Que la agilización de estos expedientes ha sido una buena decisión no lo discute nadie, aunque estén llegando con retraso por atascos burocráticos y falta de personal y eso haya dejado a muchos hogares en situación precaria ni que sea temporalmente (y sin renta mínima de cuarentena). Los sindicatos destacaban ayer el efecto amortiguador de las regulaciones temporales de empleo sobre el paro, que son habituales en otros países como Alemania. La patronal española de las pequeñas y medianas empresas, como Cepyme, llama a prorrogar los ERTE “para evitar la quiebra de empresas”. 

Precisamente porque han sido instrumentos útiles, la batalla política gira en torno a ellos. La oposición a Pedro Sánchez exige que se desliguen los ERTE y el resto de ayudas económicas del Estado de alarma, que quieren  o terminar o codirigir, según el caso, mientras para el Gobierno van juntas ambas cosas: si decae la situación de excepcionalidad que permite al Ejecutivo centralizar decisiones que afectan a la movilidad y al devenir de las actividades, decaen también los instrumentos que las acompañan, y  la desescalada debe modularse a la par con dichos instrumentos.  

Estado de alarma 

Es en el marco del diálogo social, con representantes de empresas y trabajadores, donde debe decidirse este acompasamiento, que requiere pulsar la realidad de cada sector. El caso del turismo parece evidente.  Las organizaciones del sector saben que, cuando el estado de alarma termine, no van a recuperar la normalidad porque ni se va a viajar igual ni va a ser posible ocupar más de la mitad de la capacidad de los establecimientos. Para las empresas, la excepcionalidad se mantendrá. No solo para aerolíneas y cadenas hoteleras. También para chiringuitos, restaurantes, guías o pequeñas empresas de autocares. Difícilmente soportarán el pago de cotizaciones (el empleo de las personas afectadas por ERTE debe mantenerse durante al menos seis meses) y salarios si no vuelven a un nivel de ingresos aceptable. 

Es una buena noticia, que la ministra Montero ha dejado claro, que la puerta esté abierta para que se alargue y flexibilice la vigencia de los ERTE, especialmente en los sectores para los que esta crisis va a tener efectos devastadores más tiempo.  Para muchas empresas, la alternativa puede ser, simplemente, el cierre, si no viven un calvario que haga que la segunda pata de la V, que señala la recuperación, se vuelva la segunda pata de una L. El turismo es el principal motor de la economía española. Y el plan macroeconómico recién enviado a Bruselas por el Gobierno contempla un retroceso de la economía del 9,2% este año, con una recuperación parcial el año próximo, traducida en un aumento del PIB del 6,8%.

Aunque una parte importante de los avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a préstamos a empresas vayan a compañías pequeñas y medianas y a autónomos (del tercer tramo aprobado de 24.500 millones, 10.000 millones), las empresa más pequeñas y los autónomos suelen quejarse de que este tipo de préstamo no les llega. 

El peso del  turismo

Marzo y abril son precisamente dos meses tradicionalmente muy positivos para el empleo en España, por nuestra estructura productiva, ya que el turismo pesa un 12% en el Producto Interior Bruto (PIB). Perdida la Semana Santa, salvar los muebles del verano va a ser complicado. El peso del turismo eleva el peso de la cola de un avión que quiere despegar. La vía de escape de la exportación sería estupenda, pero el problema al que nos enfrentamos es global, de modo que en general no parece tampoco una salida. En cuanto al consumo, hay que ver hasta dónde puede llegar el empobrecimiento de una parte importante de la población. 

Además de los ERTE, UGT insiste en la importancia de poner en marcha de inmediato una renta mínima. El Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Lluis Escrivá, confía en poder tenerla en la mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe este mes, pero, por una parte, el mecanismo de solicitudes y primeros pagos, yendo rápido, difícilmente se producirá antes de que acabe junio. Y por otra parte, el Ejecutivo ha avanzado que cerca de 3 millones de personas podrán percibir esta nueva ayuda estatal, a complementar con las de las comunidades autónomas, en un estado donde hay más de 12 millones de personas en situación de ingresos bajo el umbral de la pobreza o riesgo de exclusión social. Se enfocará, pues, a la pobreza severa, y solo a una parte.

Con proyecciones de déficit del 10,3% para final de año (partiendo de un 2,8%) principalmente debido a una caída de la recaudación de más de 25.000 millones y por incrementos de gastos, más un augurio de deuda pública del 115,7% del PIB, la petición de dejar de pagar impuestos, como sugieren sectores de economistas y las patronales, solo haría que mermar las arcas de las administraciones, que deben hacer frente cada vez a más costes. No solo por sostener a trabajadores y a empresas, sino para pagar el sistema sanitario o la atención a personas dependientes y a residencias. Ahora a nadie parece importarle la deuda, según para qué. Que se recaude menos y se gaste más es fiarlo todo (aún más de lo que ya fía el Gobierno) a la Unión Europea.  

Empleados del hogar

Un apunte final positivo, aunque hay buenas noticias que se aguan por el camino, en su aplicación. Ya pueden solicitar prestaciones tanto las personas empleadas del hogar como las que tenían un contrato temporal que terminó una vez entrado en vigor el estado de alarma y carecían de cotización para pedir  ayudas. Se trata de dos prestaciones ya aprobadas pero que solo ahora pueden tramitarse. La cuestión es el choque con la realidad social del primero de ambos colectivos, constituido mayoritariamente por mujeres y donde la informalidad es muy elevada. No solo por las condiciones para percibir la ayuda (como estar dado de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo y contar con un documento del último empleador acreditando que se prescinde del servicio por el confinamiento de la covid-19), sino por la tramitación, que se solicita por Internet. Y la brecha digital emerge como un obstáculo importante.