Ariadna Trillas

  • Ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex directora adjunta del diario Ara

  • Publicaciones del autor

    Innovación para la salud.

    Industrial textil y benefactora social.

    Actriz y empresaria teatral.

    La primera empresaria del refino.

    Jurista, pensadora y activista social.

    La nueva ley que el Gobierno negocia con los agentes sociales tras el fallo del Supremo sobre Glovo irá más allá de los 'riders'. El reto es encajar el trabajo flexible y digital con la protección social.

    En España hay poco más de 40.000 trabajadoras sociales, según el Consejo General del Trabajo Social. Una mayoría aplastante de ellas son mujeres, que aparecen en lugares muy variados —centros sociosanitarios, colegios, tribunales, residencias de mayores, hospitales, centros de día, incluso universidades— pero siempre inmiscuidas en situaciones difíciles, donde el factor humano está de por medio.

    La renta para las personas más pobres llega con cuentagotas y entre críticas de entidades sociales. El ministro Escrivá hace ajustes para agilizar el proceso.

    Acuciada por la covid-19, Europa pone ambición y dinero en el giro hacia un modelo económico sostenible. Su alcance en España se verá en el plan de reformas, las leyes y el presupuesto.

    El milagro económico alemán fue posible por la generosidad de EE UU y sus aliados para con la Alemania de posguerra.

    Joan Tristany (Cardona, Barcelona, 1965) ha vivido las dos grandes crisis de este siglo desde la dirección general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (AMEC), puesto que ocupa desde 2001. Economista y actuario de seguros, su vida profesional está enfocada a sacarle punta a la competitividad empresarial y los mercados exteriores.

    ¿Un fondo de capitalización para cada persona trabajadora que pague un eventual despido, sirva para formación y, si algo queda, se use como complemento de la jubilación? El modelo austriaco resucita en España durante la pandemia sin consenso político ni social.

    La nueva ayuda estatal, que satisface a la UE, se abre paso con el reto de lograr la inclusión laboral de quienes la cobren y la incógnita de qué harán las autonomías con sus propias rentas.

    Xavier Puig (Barcelona, barrio de Sants, 1963) es educador social, dirige la asociación CEPS y lleva 20 años ligado a plataformas del Tercer Sector Social. Preside la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales. 

    Paul Mason reta a cada lector a vivir una vida antifascista y aboga por un proyecto político que releve la lógica del mercado por una lógica humana y medioambiental.

    La pandemia brinda una oportunidad para llevar el motor de la economía española hacia un modelo sostenible y justo. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

    A partir del 15 de junio, las personas en situación de extrema pobreza pueden pedir el nuevo ingreso mínimo vital, que oscila entre los 462 y los poco más de 1.000 euros, según los hogares. Una de las incógnitas es saber a qué destinarán ahora las comunidades autónomas la parte del dinero que pagan en ayudas a la pobreza y que ahora cubrirá el Estado. Las entidades sociales piden una aplicación ágil y rápida.

    El grupo sentencia su histórica fábrica de Barcelona, que ha vivido una década progresiva de inanición en la carga de trabajo, en un entorno muy complicado para el sector. La industria del motor se prepara para una reconversión mayor. Viene un coche eléctrico, conectado, compartido y autónomo, entre nuevas costumbres y la emergencia climática.

    La red de seguridad de nuestro Estado de bienestar adolece de un enorme agujero por donde se cuelan pobreza y exclusión social. Así lleva advirtiéndoselo en los últimos cuatro años a España la Comisión Europea. La rotura puede repararse con una renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía, tema que suscita controversia por sus costes. Ahora, los estragos económicos de la pandemia ablandan las tradicionales resistencias a algunos de los modelos en los que la medida puede plasmarse, o al menos a su aplicación temporal. El Gobierno ha aprovechado la corriente favorable de opinión y este verano contempla poder empezar a pagar un ingreso mínimo vital estatal, con cuantías en función de la tipología del hogar, que ayude a mermar la pobreza severa.

    Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.

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