1.- Impuesto a la riqueza
La larga etapa neoliberal, que arrancó en la década de 1980 impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, instaló como hegemónico el marco de bajadas generalizadas de impuestos, lo que ha tenido como consecuencia a largo plazo enormes dificultades presupuestarias de los Estados, cotas de endeudamiento público que la misma ortodoxia económica considera inasumibles, recortes en el estado de bienestar y, como resultado de todo ello, un gran aumento de la desigualdad, que no supone solo un problema de orden ético o moral, sino que según muchos economistas tiene efectos perjudiciales para el conjunto de la economía.
200 mil millones de dólares podrían recaudarse en EE UU con el impuesto a la riqueza
Esta situación ya de por sí complicada se ha visto muy agravada por los estragos de la covid-19, que ha puesto sobre la mesa la insuficiencia de los recursos públicos para afrontar una situación tan dramática y ha reabierto el debate sobre la fiscalidad, incluida la propuesta de un impuesto global a la riqueza, una nueva figura impositiva que vaya a la raíz tanto de los problemas presupuestarios como de la tendencia desbocada hacia una mayor desigualdad.
El impuesto a la riqueza tiene como gran abanderado entre los economistas al francés Thomas Piketty, que en su gran obra de referencia, El capital en el siglo XXI, mostró cómo la creciente desigualdad es inherente al capitalismo, lo que exigiría situar en el centro las políticas para aminorarla. Entre ellas, el eventual impuesto a la riqueza.
Esta propuesta es mucho más ambiciosa que los tradicionales impuestos al patrimonio, puesto que tiene una perspectiva global, con mecanismos de transparencia que dificulten los entramados de elusión fiscal. También es mucho más amplia y ambiciosa en términos recaudatorios al establecerse la cuota a pagar en función de todo el patrimonio de una persona en un sentido muy amplio —ingresos, viviendas, activos financieros, yates, obras de arte—, con independencia de que cada una de estas vías haya sido ya objeto de otros gravámenes. Varios premios Nobel de Economía ven con simpatía la idea, como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y los últimos laureados, Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo.
Dos discípulos de Piketty vinculados a universidades estadounidenses, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, realizaron una propuesta concreta del impuesto a la riqueza muy desarrollada para la campaña de la candidata demócrata a la presidencia de EE UU Elisabeth Warren, que ha quedado ya como referencia técnica, y que sugería una tasa anual del 2% para todos los patrimonios superiores a 50 millones de dólares y un 1% adicional en caso de superarse los 1.000 millones. Según sus promotores, este esquema permitiría recaudar en torno a 200.000 millones de dólares al año y, obviamente, frenaría en seco la brecha creciente entre el 1% más rico y el 99% restante, el principal motor del crecimiento sostenido y disparado de los índices de desigualdad en Occidente.
La medida también aspira a ser una respuesta al malestar de las clases medias y trabajadoras tras el crash global de 2008, que las ha empobrecido tanto de forma directa —caída de ingresos, necesidad de ser pluriempleado para llegar a fin de mes, etc.— como indirecta —con la erosión del estado de bienestar—, al tiempo que las clases más pudientes se recuperaron en seguida.
La distribución de los ingresos del Estado muestra bien la tendencia. España está ocho puntos por debajo de la media europea en la recaudación de impuestos con relación al PIB, pero las clases medias y trabajadoras asumen un porcentaje muy desproporcionado de este esfuerzo. En el ejercicio de 2019 España recaudó en impuestos 212.808 millones de euros, todavía 1.400 millones por debajo de 2007. Pero la recaudación del IRPF y el IVA, los dos grandes impuestos cuyo peso recae en las clases medias y trabajadores, creció en este periodo el 20% y el 28%, respectivamente, mientras que la del Impuesto de Sociedades, que gravan los beneficios empresariales, cayó el 53%. Por su parte, la recaudación de Patrimonio, que afecta sobre todo a los más pudientes, descendió el 37% entre 2007 y 2017, el último año disponible, en el que recaudó apenas 1.200 millones, poco más del 0,1% del PIB.
En realidad, el impuesto de Patrimonio lo recuperó el Gobierno del PP de Marino Rajoy, puesto que en 2018 estaba suprimido en 2008 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en coherencia con su convicción de que “bajar impuestos es de izquierdas”, tan alineado con el marco neoliberal vigente desde el triunfo de Thatcher y Reagan. Pero es justamente este marco el que ahora está en cuestión, con destacados sectores del capitalismo defendiendo un nuevo contrato social más inclusivo: el impuesto a la riqueza de Piketty y sus discípulos ya ha logrado situarse al menos en el debate.
