36 — AGUA // Día 18
El Gobierno ha decretado que mientras dure el encierro no se pueden cortar los suministros básicos —agua, luz, gas— por impago. Es una orden lógica para evitar que el encierro, que para mucha gente ha significado una caída vertical de ingresos, se convierta en tragedia. Ahora la patronal del sector exige que se acote esta orden para impedir que con la excusa del encierro haya una fuga masiva de pagos y, por tanto, que se les permita hacer cortes cuando sea necesario.
El miedo que declaran las empresas es injustificado.
Los recibos de los suministros básicos están mayoritariamente domiciliados y solo dejará de pagar quien no tenga fondos, o sea, quien necesita esta protección. La demanda de la patronal es posiblemente un MacGuffin (esta falsa pista que se inventó Hitchcock para despistarnos sobre la línea principal de sus filmes).
Las compañías de agua se enfrentan, como el resto de sectores, a una drástica caída de demanda, sobre todo en la industria y en las actividades turísticas. Y lo que están buscando es que con su sacrificio aceptando impagos el Gobierno les acabe garantizando ingresos.
La gestión del agua en España es de titularidad pública, pero en muchos casos está cedida a empresas privadas. El mercado está en manos de un oligopolio que tiene en sus manos un suculento negocio, que en diversas ocasiones ha acabado en denuncias de corrupción y que ahora hace otro envite para sacar tajada.
Si ahora el negocio es ruinoso, estas empresas lo tienen muy fácil: que renuncien a sus contratos y dejen la gestión en manos de los Ayuntamientos, que en algunos lugares se han mostrado eficientes gestores del servicio.
Mientras, no podemos aceptar que estas empresas traten de utilizar como rehenes a la gente pobre para conseguir que su demanda tenga éxito.
