Acuerdo para salvar las pensiones

El Congreso aprueba ligar las prestaciones al IPC, alargar la vida laboral y recuperar el Fondo de Reserva.

Tras más de cuatro años de debate y con la generación del baby boom acercándose a la edad de jubilación, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aprobó a finales de octubre sus nuevas recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su informe, ratificado el 19 de noviembre por el pleno del Congreso de los Diputados, consta de 21 recomendaciones y servirá de base para las reformas que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos deberá acometer en los próximos meses. 

Como declaración de principios, el Pacto de Toledo deja clara su oposición "a cualquier transformación radical del sistema" que rompa los principios de solidaridad, suficiencia y equidad del sistema público de pensiones, con lo que descarta la posibilidad de reemplazar el actual modelo de reparto por uno de capitalización. 

Han pasado 10 años desde la última vez que el Pacto de Toledo aprobó un informe de recomendaciones, el periodo más largo desde su nacimiento. La última reforma de las pensiones data de 2013, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, pero en esa ocasión no estuvo precedida de un informe del Pacto de Toledo. El nuevo acuerdo fue ratificado por el pleno del Congreso con el único voto en contra de la CUP y las abstenciones de ERC, EH Bildu y BNG. Tras haber votado no en la  comisión, Vox finalmente también se abstuvo. El Gobierno presentará ahora el acuerdo a los sindicatos y  las organizaciones patronales para recabar un respaldo social lo más amplio posible. 

Estas son algunas de las recomendaciones incluidas en el informe:

IPC. Se insta al Ejecutivo a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización en base al índice de precios de consumo (IPC).

Financiación. Se recomienda separar las fuentes de financiación del sistema para que la Seguridad Social deje de asumir gastos que le son impropios y pueda restablecer su equilibrio financiero. Con ese fin, las cotizaciones sociales deberán destinarse exclusivamente a pagar prestaciones contributivas, mientras que las pensiones no contributivas y otros gastos que ahora paga la Seguridad Social tendrán que financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, con impuestos. El objetivo es reducir paulatinamente el déficit del sistema hasta eliminarlo en 2023. Está previsto que el desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social cierre 2020 en un máximo histórico de 45.000 millones de euros, cifra equivalente al 4,1% del PIB.

La hucha de las pensiones. El Pacto de Toledo hace un llamamiento al restablecimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a tener 66.000 millones de euros en 2011 y hoy está prácticamente vacío. Una vez se recupere el equilibrio de las cuentas del sistema, señala el informe de la comisión, se retomará la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones tendrán que incorporarse a la llamada hucha de las pensiones, que deberá contar con un “remanente mínimo”. El Fondo de Reserva, añade el acuerdo, no es el mecanismo adecuado para resolver problemas financieros estructurales, pero sí puede ayudar a afrontar desequilibrios coyunturales entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. 

Periodo de cálculo y edad de jubilación. El Pacto Toledo se muestra partidario de mantener en 15 años el periodo de cotización mínimo para acceder a una pensión contributiva y ratifica la ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo que sirve para calcular la cuantía de las prestaciones, aprobada en la reforma de 2011. Una importante novedad es la recomendación de que cada trabajador pueda elegir el periodo de 25 años que le resulte más beneficioso a la hora de calcular su pensión. El informe también recomienda acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral y desincentivar las jubilaciones anticipadas.

Planes complementarios. El informe apuesta por los planes de empresa negociados en convenio colectivo y propone mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas, “que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro". En cuanto a los planes de pensiones individuales, el Pacto de Toledo sostiene que su gestión debe ser “más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".

Lucha contra el fraude. El texto insiste en la conveniencia de reforzar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y pide que se aclaren "las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del régimen de afiliación en el que se debe cotizar", como sucede con los falsos autónomos. También aboga por endurecer las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Modelo de reparto o de capitalización

En el sistema de reparto, establecido como mecanismo de solidaridad, los trabajadores en activo cotizan a un fondo común de la Seguridad Social con el que se pagan las pensiones. En el modelo de capitalización, los trabajadores hacen aportaciones periódicas a una cuenta individual, habitualmente gestionada por una entidad privada, y recuperan lo que han ahorrado cuando se jubilan.