Aligerar la ‘mochila’ del despido

¿Un fondo de capitalización para cada persona trabajadora que pague un eventual despido, sirva para formación y, si algo queda, se use como complemento de la jubilación? El modelo austriaco resucita en España durante la pandemia sin consenso político ni social.

Las empresas españolas destinan cerca de 7.000 millones de euros al año en indemnizar a la gente que despiden. Y en crisis agudas, la cuantía casi se duplica. Imagínese ahora que ese coste se pudiera financiar mes a mes, por anticipado, metiendo un dinero en una hucha como si se tratara de un préstamo a devolver en cómodos plazos. ¿Qué efecto tendría? Para una compañía que quisiera recortar plantilla, sería como extenderle una alfombra roja; pero para la que no prescindiera de nadie se generaría un coste extra. Este posible efecto es uno de los aspectos polémicos que podría conllevar reformar el  sistema de indemnización por despido mediante la creación de un fondo individual, alimentado por las empresas, que cada asalariado pudiera llevarse consigo de empleo en empleo sin perder la antigüedad. 

Desde la crisis financiera, este cambio sobrevuela el mercado laboral español. Ahora, en tiempos de pandemia, la iniciativa, por la que ha apostado el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha vuelto a asomar en el debate público de la mano del Banco de España. 

Como mínimo, dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez son partidarios de ella: la vicepresidenta Nadia Calviño y el titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que estudió la cuestión desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados acabó incluyendo en sus conclusiones de julio la posibilidad de crear un fondo individual de capitalización alimentado por aportaciones de empresas en función del salario de cada trabajador, que este pueda hacer efectivo si pierde el empleo, cambia de empresa o se jubila. La propuesta, planteada por Junts per Catalunya y apoyada por el PP y Ciudadanos, entre otros, contó con la oposición del PSOE, aunque la iniciativa figuraba en el pacto fallido de los socialistas con Cs en 2016. El año pasado, Sánchez llegó a plantear la introducción gradual de “un sistema de cuentas de capitalización para la movilidad” en el programa de reformas estructurales enviado a Bruselas. El asunto fue motivo de encontronazo total con Unidas Podemos, opuesto a la “mochila austriaca” y que la apoyó por error en la comisión de reconstrucción.

Se habla de "mochila austriaca" porque Austria empezó a aplicar este sistema en 2003 sobre una realidad laboral distinta (el 5,7% de paro en junio, frente al 15,6% en España). En puridad, ha sido Italia la que lleva décadas aplicándolo. Con variantes. En Italia no existe ningún fondo formado por aportaciones de empresas que se gestione de forma privada. Las empresas italianas, en cambio, deben provisionar cada año la creciente acumulación de antigüedad de sus trabajadores, y pueden deducirse las provisiones. 

Mayor movilidad

Entre los defensores de la mochila figuran los economistas del instituto de investigación Fedea, que subrayan tres supuestas ventajas: el fomento de la movilidad, el dinamismo empresarial y la formación; la reducción de la dualidad del mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales, y el desarrollo de un pilar complementario de previsión social de cara a la jubilación, mientras se alarga la esperanza de vida y decrece la ratio entre la población ocupada y la pensionista.

La medida facilitaría el despido y, según cómo se diseñara, podría abaratarlo

La mochila se presenta como una vía para dinamizar el mercado laboral  y para completar la pensión

Entre los detractores figuran los sindicatos. Ven en la iniciativa una llave para facilitar y abaratar el despido, un castigo a las empresas que no despiden y un modo de desincentivar las medidas de flexibilidad interna en caso de problemas, según resume el informe La mochila austriaca, de UGT. Este documento señala un aspecto positivo: un cambio de sistema no penalizaría los cambios voluntarios de empresa, circunstancia que, dice UGT, “afecta de forma muy marginal a las personas ocupadas en España (...) con sueldos elevados”. 

Si hay un ministro de Trabajo que en España haya estudiado la implantación de la mochila austríaca es Valeriano Gómez, bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, Gómez apunta que los efectos negativos que se atribuyen a la medida dependen de cómo se diseñe: “No tiene por qué rebajarse el coste del despido. Este coste está regulado y, si no cambia la regulación, introducir un mecanismo de aseguramiento total o parcial no tiene por qué afectar al coste final”. En cuanto al posible riesgo moral de que las paganas del sistema fueran las empresas que no se aprovechan de él (las que no despiden), el exministro considera: "ese posible uso sesgado ya se da en el sistema de seguro de desempleo: hay trabajadores de empresas que casi no lo usan y otros de empresas que lo usan mucho... y lo pagan los primeros". Y añade: "Dos tercios de los costes del seguro de paro sirven para pagar el desempleo de los trabajadores temporales, mientras que los temporales solo aportan un tercio de los ingresos”.

Sistema puro o mixto

Ese riesgo se podría mitigar, al igual que el efecto de despedir más fácilmente, con un sistema parcial o mixto en el que las aportaciones no constituyeran toda la indemnización a disposición del titular del fondo, sino una parte. El resto lo tendría que pagar la empresa cuando despidiera. Así, el efecto negativo se reduciría… pero también el dinamismo laboral perseguido. 

“Hay ventajas e inconvenientes. Lo más importante es que algo así solo se puede hacer mediante un acuerdo entre empresarios y trabajadores, como en Italia y en Austria. Si fuera fruto de un acuerdo para ver si los efectos positivos son superiores a los negativos, no me parecería mal”, añade el exministro, quien, a diferencia de Fedea, rechaza cualquier vínculo entre mochila y contrato único porque ve el uso del contrato temporal en España más ligado al aparato productivo (turismo y construcción) que a la regulación.

¿Pero cuál sería la aportación mensual a un fondo que, a diferencia de lo que sucede en Austria, la patronal CEOE cree que deberían también sufragar los trabajadores? En el país alpino, se trata del 1,53% de la masa salarial. Con los sueldos españoles, si se aplicara este porcentaje, el hipotético papel del fondo como complemento de jubilación se perfila muy limitado. Más allá de las medias, según el INE hay 3,4 millones de personas que apenas llegan a mileuristas.

Medida aislada y 'minifondo'

“Si cobras 14.000 euros al año, en una década acumularías un fondo ridículo de… 2.000 euros. Por otra parte, si  el fondo lo gestionara la banca, como en Austria, vale la pena recordar que la rentabilidad anual calculada en su momento, del 6%, ha sido en cambio bajísima, de poco más del 1%”, apunta el profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Albert Recio. Para este economista, el problema no son los pros o contras de la medida en sí, sino que se propongan reformas aisladas que pueden funcionar en un país, sin tener en cuenta su contexto ni el funcionamiento del conjunto del sistema. "Se podría entrar a discutir un cambio hacia menores costes del despido si se garantizara un sistema de rentas decentes y sostenidas, cosa que iniciativas como el ingreso mínimo vital demuestran que en el contexto actual es imposible de lograr”, subraya Recio.

En Austria, el sentido del pacto era reducir las indemnizaciones a cambio de extender el derecho a indemnización por despido, que solo alcanzaba a un tercio de asalariados. En España sí existe indemnización para los temporales (entre 8 y 12 días según la fecha del contrato). La rotación de contratos muy breves ha ido en aumento. "Eso significa", concluye el profesor, "que unos trabajadores acumularían una gran mochila y otros, una mochila minúscula".