Aprender de la crisis
Abusos bancarios: La comisión de investigación sobre la crisis financiera ha tratado de averiguar sus causas.
Manifestación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). FOTO: ANDREA BOSCH
Once años después del estallido de la crisis económica y financiera que ha sacudido este país, todavía no disponemos de una información rigurosa sobre sus causas y consecuencias para evitar repetir los mismos errores. En 2017 el Banco de España publicó un informe muy técnico, centrado en el sector bancario y su consecuente reestructuración, pero sin profundizar en las malas prácticas ni en los responsables que generaron tantos perjuicios irreversibles para millones de ciudadanos. El pasado diciembre se publicó el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los Diputados, que, con una perspectiva más amplia, aporta nuevas luces sobre los orígenes y principales efectos de la crisis. El trabajo está pendiente de la elaboración de las conclusiones definitivas que deberían permitir sacar enseñanzas prácticas.
Lo primero que hay que constatar es que este dictamen llega con un injustificado retraso. Recordemos que el Informe de la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre las causas de la crisis financiera The Financial Crisis Inquiry Report se publicó en 2011, solo cuatro años después de su estallido. Este documento, de 663 páginas, es un modelo de método de trabajo con unas conclusiones claras y sintéticas de 11 páginas con un gran sentido práctico. Lo más relevante de sus conclusiones es que “la crisis fue evitable” y que “los responsables financieros y los administradores públicos de nuestro sistema ignoraron las advertencias y fallaron en comprender y gestionar los riesgos”.
Las sesiones han supuesto 214 horas de comparecencias
El dictamen final ha limado las críticas a las entidades bancarias
Aristóbulo de Juan: “los supervisores sabían que había burbuja”
El informe de Estados Unidos destaca que la crisis significó la pérdida de más de 26 millones de empleos, que cuatro millones de familias fueran expulsadas de sus casas, otros 4,5 millones estuvieran en procesos de ejecución hipotecaria y los ciudadanos perdieran 11 billones de dólares de sus ahorros. Es conveniente tener presente que los contribuyentes estadounidenses recuperaron con creces todo el dinero que se prestó a los bancos mientras que en España han perdido más de 47.966 millones de euros, según la Comisión Europea.
En cualquier caso, el trabajo realizado por la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados supone un esfuerzo extraordinario que se ha desarrollado a lo largo de 48 sesiones con una duración de más de 214 horas de comparecencias.
El dictamen de la comisión de investigación se ha basado en un riguroso documento elaborado por Unidos Podemos, del que lamentablemente se han limado los aspectos más críticos con la conducta de los responsables de las entidades financieras y las malas prácticas bancarias. Sobre este punto, una portavoz de Esquerra Republicana ha precisado que el informe “no pone suficientemente el foco en la avariciosa y cobarde negligencia profesional de los dirigentes financieros, junto con la complicidad de los irresponsables políticos que confiaron en ellos y creyeron en la mano invisible del mercado y en su supuesta capacidad de autorregulación”.
Los documentos recogidos y los debates generados durante las comparecencias constituyen un fondo documental formidable para profundizar en aspectos desconocidos de la crisis. Son destacables las aportaciones de reconocidos economistas, abogados, sindicalistas y representantes de las plataformas que se movilizaron en defensa de los principales perjudicados como los desahuciados y las víctimas de la estafa de las preferentes.
En este sentido fue reseñable la intervención de Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España, quien manifestó: “todos los supervisores del mundo sabían que existía la burbuja y en muchos países, como en el caso de España, había instrumentos para ponerle freno”… “También se habría podido establecer un límite a la proporción entre el dinero que daban en un crédito hipotecario y el valor de la hipoteca tasada bien o mal por profesionales. Si lo hacían mal y se desmadraban en cuanto a inversión en el inmobiliario, se podría haber removido a los administradores, facultad que tenía el Banco de España nada más y nada menos que desde el año 1978. Todos lo sabían y había instrumentos y herramientas, pero ninguno frenó la burbuja...”.
REDISTRIBUCIÓN NEGATIVA
En relación con la burbuja inmobiliaria, fueron muy interesantes las reflexiones del catedrático de Economía y Consejero del Banco de España Vicente Salas, quien recordó que la introducción del euro significó una bajada de los tipos de interés que se tradujo en que “los precios (de las casas) van a estar por encima de su valor a largo plazo y esa es la burbuja”. Salas destacó “el elemento redistributivo negativo del euro. El euro, precisó, “acaba redistribuyendo riqueza simplemente por el hecho de que tenga una casa situada en un sitio determinado donde no se pueden hacer más casas”.
Los daños causados por las malas prácticas bancarias fueron enfatizados por Xesús Domínguez, portavoz de la coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes de Galicia, quien destacó que estos productos fueran emitidos desde paraísos fiscales e incentivados por el Banco de España. Domínguez se refirió a “los daños morales y a la salud” que sufrieron los engañados. Mencionó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Carlos III, que sostiene que las víctimas de fraudes financieros “presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones comparables de la misma edad”, y añadió: “puedo acreditarlo”. Sobre este asunto recordó las afirmaciones de José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría de la Complutense, y presidente de Finsalud, quien afirma: “las consecuencias sobre la salud de estos comportamientos fraudulentos constituyen un tema importante y bastante descuidado”.
Xesús Domínguez: los estafados sufrieron daños en la salud
Dionisio Moreno: España no ejecuta los fallos del TJUE
Gonzalo Postigo: la crisis se produjo por dar créditos dolosos
Los daños sobre la salud ocasionados por los abusos bancarios fueron también subrayados por el abogado Dionisio Moreno, defensor de Mohamed Aziz, asunto que tras la intervención del magistrado José María Fernández Seijo, culminó con una trascendental sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo de 2013 que puso de relieve que el sistema hipotecario español era contrario a la legislación de la Unión Europea. Moreno fue especialmente crítico por la no aplicación de las sentencias europeas. “El problema”, señaló el letrado, “es que en España no tenemos la posibilidad de hacer ejecutivas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a no ser que el juez directamente asuma que, como hay una primacía del derecho comunitario, tiene que imponerla y la respeta”.
Fue también reseñable la intervención de Gonzalo Postigo Zabay, presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), quien insistió en la destrucción de 45.396 puestos de trabajo en el sector de las cajas. Postigo manifestó: “la crisis financiera española ha sido la consecuencia de la concesión de decenas de miles de operaciones al sector inmobiliario, mayoritariamente al riesgo promotor, de forma dolosa, sin ningún tipo de rigor técnico a la hora de establecer su concesión”.
Por su parte, Clodomiro Montero Martínez, secretario federal de Banca de la Confederación Intersindical Galega (CIG) indicó: “la actuación del Banco de España fue especialmente dolosa; incluso cuando en plena crisis los inspectores alertaban de entidades en quiebra, prefirió no intervenirlas e incluso, en el caso de Caixa Galicia, se permitió que sabiendo —por informes internos del Banco de España que están publicados— que la entidad en el año 2009 era inviable y que en el año 2010-2012 tenía una pérdidas previstas de 1.279 millones de euros, fueran a las asambleas generales emisiones de participaciones preferentes que fueron emitidas en el mes de marzo y septiembre de 2009”.
